Logran más de 6.000 firmas en la Región para traer los papeles de Salamanca a La Unión

La lucha de Policarpo Sánchez de la Iglesia y los socios que forman parte de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca cumple ya un lustro. Aspira a la devolución, por parte de la Generalitat de Cataluña, de cientos de documentos, entre ellos tres con origen en la Región. Y lo va a hacer con «nuevas acciones judiciales, sociales y políticas», anunció el abogado salmantino. Esos documentos son varios legajos referidos al Teatro Romea de Murcia y dos carnés sindicales de la CNT de mineros de La Unión y Totana, del año 1936.

«Conforme a la legalidad y a las sentencias judiciales», recuerda Sánchez de la Iglesia, «tanto estos como otros cientos de expedientes y carpetas de otras comunidades deberían haber sido reintegrados al Archivo Histórico de la Guerra Civil española, con sede en Salamanca, hace muchos años». Añade que fue en diciembre de 2017 «cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó que no es competencia de la Generalitat catalana devolver los papeles, sino del Gobierno central, lo que debería haber supuesto vía libre para su restauración a Salamanca».

De nada han servido los escritos oficiales durante este tiempo al Gobierno central y la Generalitat, y por lo tanto, según Sánchez de la Iglesia, «hay que reempreder la batalla en todos los ámbitos por negarse a devolver estos documentos ilegalmente en poder del gobierno catalán». Por ello, ha presentado ante la Delegación del Gobierno de Castilla y León 110.000 firmas «dirigidas a Pedro Sánchez, bajo el lema 'No expolie por segunda vez el Archivo de Salamanca', en la que han firmado 6.147 murcianos».

«Es cuestión de tiempo que el Archivo de Salamanca recupere los documentos que le corresponden, aunque el Gobierno central siempre tiene la última palabra», explica Sánchez. Relata que «estos documentos están allí por una mala ejecución de la ley de Restitución Documental a Cataluña de 2005».

Desde 2013, la asociación lucha por que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de ese año, en la que, según Sánchez de la Iglesia, «la Generalitat no adquiere la propiedad de los documentos cuya titularidad no hubiera podido acreditar». Critica que «la ley ha sido claramente vulnerada, al haberse quedado el Archivo Nacional de Cataluña documentos y efectos que no cumplían estos requisitos». Entre ellos, el carné de afiliación a la CNT de Diego Martínez Hernández, un vecino de La Unión, que se remonta a marzo de 1936, unos días antes de comenzar la Guerra Civil.

Diego Martínez Hernández fue uno de muchos inmigrantes que llegó a La Unión desde Almería, atraído por la fiebre minera. Vino de niño, con 13 años. Los ideales de Diego en los años 30 le condujeron al sindicato anarquista CNT, en el que ingresó el 14 de marzo de 1936.