La juez de Caravaca pide una pericial de la guardería cuando todo rastro ya estaría borrado

Al frente de estas diligencias se encuentra la magistrada Antonia Moya, cuyo marido se benefició de una recalificación de 266.000 metros cuadrados por parte del Ayuntamiento de Calasparra en 2005 cuando era alcalde el socialista Jesús Navarro. El mismo que hoy figura como principal encausado en estas diligencias penales, tal y como ayer desveló LA VERDAD.

El procedimiento se inició formalmente en mayo del año pasado, después de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior de la Región, que apreciaba una supuesta prevaricación continuada en la actuación del antiguo primer edil Navarro. En concreto, refería que se había procedido a adjudicar las obras de la escuela infantil municipal a una UTE cuya oferta resultaba a todas luces disparatada, pues el presupuesto era de 555.924 euros y se ofrecían unas mejoras adicionales de imposible cumplimiento, ya que ascendían a 534.972 euros. Fue además ese apartado el que determinó la adjudicación, pues puntuaba por encima de todos los demás.

Como era de prever, las obras tuvieron un accidentado recorrido, hasta el extremo de que quedaron paralizadas durante años por la incapacidad de las empresas adjudicatarias de cumplir sus compromisos, y finalmente hubo que rescindir el contrato.

Ya en su denuncia, el Ministerio Público reclamó la realización de una prueba pericial que determinara qué trabajos se habían ejecutado realmente y cuánto habían costado. Y la propia juez, en su auto de incoación de diligencias, así lo admitía ante la evidencia de que ese informe resultaba fundamental para determinar si se pudo malversar dinero público.

Unos meses más tarde, los días 12 y 18 de noviembre, la acusación pública de este procedimiento, ejercitada por el letrado Juan Rigabert en representación de Ciudadanos y Calasparra Viva, remitió sendos escritos al juzgado alertando de que la pericial seguía en apariencia sin practicarse y que en la guardería se estaban ejecutando nuevas obras por parte del Consistorio calasparreño, pese a no constar autorización judicial alguna para ello. Aportaba además diversas fotografías para demostrar lo que estaba denunciando.

El 20 de diciembre, la juez daba traslado al fiscal de ambos escritos y afirmaba que se estaba pendiente de que le confirmasen qué tipo de profesional debía realizar esa prueba. Aparentemente, lo que no hizo fue dictar orden alguna para paralizar las obras y asegurar de esa forma que no se modificaba el 'escenario' de la supuesta malversación.

El 11 de febrero de 2020, la acusación privada volvió a reclamar la paralización de las reformas y que se requiriese al Ayuntamiento para conocer qué trabajos estaba acometiendo exactamente desde hacía ya más de tres meses. Tampoco entonces, presuntamente, se adoptó medida alguna.

Y el 18 y el 25 del mismo mes volvieron a remitirse nuevos escritos al juzgado reclamando la adopción inmediata de medidas, todo ello con el mismo resultado.

Este pasado 1 de junio, la juez Moya dictó una providencia en la que ordena «librar comunicación a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Murcia, a fin de que remita a este juzgado un listado de arquitectos técnicos para la designación de la pericial acordada en fecha 31/05/2019, para determinar si las mejoras ofertadas se han realizado en realidad y el valor del inmueble. Una vez recibido dicho listado se convocará a las partes para la insaculación del mencionado perito».

Igualmente ordena «librar oficio a la Guardia Civil de Calasparra para que informe si, en la actualidad, se están realizando obras en el inmueble objeto de las presentes actuaciones y, en caso afirmativo, se informe de la empresa que está realizando las mismas y la dirección técnica del proyecto».

Desde la mencionada acusación particular se ha reprochado a la magistrada que haya tardado «ocho meses y cinco escritos» en reaccionar y que, lo que es más lamentable, se haya hecho «cuando es público y notorio que ya no se están realizando las obras a las que nos referíamos en anteriores escritos, pues una vez finalizadas se inauguró por parte del Ayuntamiento la nueva guardería municipal». El letrado Rigabert añade que esa circunstancia «ha sido noticia en los distintos medios de comunicación locales, siendo conocido por todos los vecinos y vecinas de Calasparra»; una apostilla de la que no se descarta que pueda ocultar una cierta chanza, teniendo en cuenta que la propia magistrada reside en esa localidad.

Las fuentes consultadas por este periódico admiten que, en las actuales circunstancias, con los posibles rastros de la supuesta malversación ya borrados de la escuela infantil, puede resultar «tremendamente complicado» llegar a una conclusión demostrable sobre las inversiones realmente acometidas en esas instalaciones. Y confían en que exista realmente un atestado de la Policía Judicial de la Guardia Civil, como así aseguró meses atrás quien era alcalde de la localidad en ese momento, José Vélez, que podría permitir 'reconstruir' qué trabajos se habrían hecho en esa guardería, siempre y cuando se hubiera realizado un amplio reportaje fotográfico.

Ayer, la magistrada Antonia Moya dictó una providencia para instar a las distintas partes de este procedimiento a que se pronuncien acerca de si, en su opinión, concurre alguna causa para que ella se abstenga de seguir impulsando esta investigación. También dejó constancia de que las acusaciones y defensas que ayer comparecieron en el juzgado, con el fin de asistir a la declaración de los dos constructores encausados, manifestaron su conformidad con que siga instruyendo esa causa.

Por otra parte, el delegado del Gobierno, José Vélez, salió ayer en defensa de Jesús Navarro, de cuyo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Calasparra formó parte y al que sustituyó al frente de la alcaldía. «Es una persona de honradez intachable, echamos en falta más políticos como él», indicó Vélez. Y matizó que el proceso de recalificación de los terrenos del marido de la juez «se inició, pero luego no se llegó a concluir».