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Silvia Ruiz, alcaldesa popular de Alguazas, está siendo ya formalmente investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y cohecho, por su supuesta ... relación con la elaboración de un certificado mendaz que sirvió a su antecesor en el cargo y más tarde director general de Carreteras, José Antonio Fernández Lladó, para librarse de un fuerte recargo por el impago de una deuda con Hacienda. Ese documento se confeccionó en el Registro del Ayuntamiento de Alguazas, por parte del funcionario responsable de ese servicio, después de que la primera edil intermediara en apariencia en favor de su compañero de partido.
Los hechos que han motivado la imputación de Silvia Ruiz se conocieron de manera casual, a principios de este año, a consecuencia de unas intervenciones telefónicas que mantenían activas los agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil. Estos especialistas estaban investigando una presunta trama de corrupción instalada en la prisión de Sangonera la Verde, dentro de la llamada 'Operación Brubaker', cuando escucharon que uno de los sospechosos mencionaba la ayuda que habría prestado a Fernández Lladó, en ese momento director general de Carreteras, para que se ahorrara un recargo de unos 17.000 euros que le había puesto la Agencia Tributaria.
Para ello, ese intermediario le había presentado en apariencia al funcionario que llevaba la Unidad de Fraccionamiento de Pagos en Hacienda, quien a su vez habría aconsejado a Fernández Lladó que le aportara un documento –falso–, certificando que había pedido tiempo atrás el pago a plazos de la deuda.
Lo que supuestamente hizo Fernández Lladó fue acudir al Consistorio de Alguazas, del que en su día fue alcalde, y pedir al funcionario del Registro que le hiciera ese documento mendaz. Pero, para ello, previamente habría contado con la ayuda de la actual alcaldesa, de quien se sospecha que medió en su favor.
El pasado lunes, según fuentes próximas al caso, agentes de la EDOA interrogaron a Silvia Ruiz sobre este asunto, en calidad de investigada por varios presuntos delitos, aunque ella insistió en que su participación se limitó a saludar a su amigo y compañero de partido y a ponerse a su disposición, de manera genérica, «como hago con cualquier vecino que necesito ayuda».
La primera edil popular queda ahora a expensas de ser citada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia, cuyo titular será quien finalmente decida si la mantiene imputada en estas diligencias o sobresee los cargos.
Este asunto acabó costándole el cargo a Fernández Lladó, quien fue cesado por su consejero, y amenaza con complicarle la vida en política a Silvia Ruiz, quien gobierna con el apoyo de los dos ediles de la formación independiente Unidad Por Alguazas (UxA).
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