La expropiación de los terrenos de la piscina de Las Palas, en Fuente Álamo, llega 18 años después de las obras

Más que una carrera parece una maratón. Pero su protagonista está dispuesto a llegar a la meta cueste lo que cueste. M. S. C., propietario de los terrenos en los que en 2006 comenzó a construirse la piscina municipal y parte de la plaza de las Flores en la pedanía de Las Palas, en Fuente Álamo, denunció entonces que el Consistorio había ocupado sus parcelas. Dieciocho años después, la Justicia le ha dado la razón parcialmente. En el fallo, al que ha tenido acceso esta Redacción, se obliga al Ayuntamiento a iniciar el correspondiente expediente de expropiación forzosa para determinar el justiprecio. Sin embargo, no atiende la indemnización de 407.121 euros más intereses legales al existir una discrepancia con el Ayuntamiento por la superficie ocupada. El Consistorio asegura en informes recientes que son 2.173 metros cuadrados, mientras que el demandante sostiene que ascienden a 3.441.

En cualquier caso, el inicio del expediente fue aprobado en la última sesión plenaria por unanimidad y comienza ahora otra batalla para M. S. C., ya que el Ayuntamiento ha valorado el justiprecio en 214.782 euros. La alcaldesa, Juana María Martínez, admitió que las discrepancias por la superficie real ocupada y el precio final «deberá aclararse durante este procedimiento», que no será corto y podría de nuevo acabar en los juzgados.

Las intervenciones más críticas sobre este asunto volvieron a ser las de Vox y Ciudadanos Villa de Fuente Álamo (CIFA). Por los de Abascal, Diego Jesús Martínez dijo estar «satisfecho» por no prolongar «al menos 20 años más» esta situación para un particular, «que por fin podrá personarse ante el Ayuntamiento para defender sus derechos». Desde CIFA, Agustín Sánchez calificó la tramitación de este asunto «como mínimo sorprendente, porque han pasado casi dos décadas».

El litigio entre el particular y el Consistorio durante estos años consistió en la «imposibilidad» alegada por la Administración local de iniciar la expropiación. M. S. C. había autorizado en noviembre de 2005 la ocupación de sus parcelas, «quedando pendiente de determinar la correspondiente contraprestación».

Pero posteriormente el Ayuntamiento adujo «confusión entre fincas registrales y catastrales del demandante, ya que no se puede afirmar cuál es la superficie de las fincas de su propiedad ni su valor, entendiendo que no se acredita que dichas fincas son las ocupadas por el Ayuntamiento». Incluso en fases posteriores el consistorio defendió «ser el propietario de los terrenos donde se realizaron las obras». Finalmente, la Justicia desechó los argumentos del Consistorio.

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