La CHS corta el grifo a los cinco primeros regadíos ilegales cerca del Mar Menor

Las administraciones regional y estatal se han puesto las pilas este mes para acabar de una vez con las miles de hectáreas de regadío ilegal en la cuenca vertiente del Mar Menor y frenar, así, la contaminación de la laguna por nitratos. Al anuncio de la Consejería de Medio Ambiente de que ha forzado ya el desmantelamiento de 159 hectáreas de cultivos sin derechos de riego y la devolución de los terrenos a su estado original de secano, le siguió ayer la confirmación, por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), de que ha cortado el grifo en 232 hectáreas sin autorización de uso privativo de aguas.

El presidente de este organismo, Mario Urrea, destacó este lunes a LA VERDAD que los agentes medioambientales de la CHS «han realizado el precintado de tuberías de riego y la desconexión de varias parcelas del Campo de Cartagena». Y añadió que «la actuación, continuación de otras anteriores, ha supuesto» la inutilización de tuberías en 232 hectáreas.

Según fuentes conocedoras de la intervención, al menos una parcela está en el municipio de Cartagena y el agua era usada para una explotación de granados. «Esta actuación ha sido consecuencia del requerimiento» incluido en los expedientes sancionadores tramitados por la CHS, añadió Urrea. Y precisó que los titulares de las instalaciones se pusieron en contacto con este cuerpo ambiental y comunicaron que acataban las órdenes de cesar en el uso de las infraestructuras. De esta forma, evitaron que la CHS llevara a cabo las obras por el procedimiento de ejecución subsidiaria y les pasara la factura.

«El conjunto de las desconexiones realizadas hasta el momento», por medio de un procedimiento ordinario, «se corresponden con 19 expedientes relativos a un total de 407 hectáreas», dijo Urrea. Y añadió que, en distintos terrenos, se ha producido el cumplimiento del cese del uso privativo ordenado en la resolución sancionadora y se ha levantado acta por parte de los agentes medioambientales.

«No se trata de las desconexiones y precintos que, en ejecución subsidiaria, se llevarán a cabo en el corto plazo y que han requerido del refuerzo de personal de la CHS para llevarlos a efecto», avisó. Aludió, así, a que se ha apercibido a los dueños de 50 fincas para que cesen su actividad y garantizará el sellado de las bocas de riego y de las tuberías.

El Ministerio espera clausurar en 6 meses los cultivos ilegales, estimados en 8.500 hectáreas. Se trata de cerca del 13% de toda la superficie regable. Las inspecciones fueron intensificadas hace tres años, tras una denuncia de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) y de WWF. Estas organizaciones elevaron la superficie irregular a 12.000 hectáreas.

• Temas
• Agua
• Agricultura
• Anse
• Confederación Hidrográfica del Segura
• Mar Menor
• Caso Topillo'