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S. SÁNCHEZ
Fuente Álamo
Sábado, 16 de diciembre 2017, 13:01
Hay juicio penal por la tragedia de la 'Love Parade', el evento musical que se iba a celebrar en Duisburgo (Alemania) el 24 de julio de 2010, en el que fallecieron 21 jóvenes aplastados en un tumulto. Entre ellos, dos españolas de 21 y 22 años, estudiantes de Erasmus, Marta Acosta y Clara Zapater, la primera natural de Cambrils (Tarragona), pero de padres fuentealameros.
Aunque en su día la primera instancia judicial de la región dictaminó que no había lugar a responsabilidad penal, los recursos de la Fiscalía, familiares de fallecidos y supervivientes han hecho que se sienten en el banquillo seis empleados de la administración de Duisburgo y cuatro de la empresa organizadora, Lopavent.
El juicio, que se prevé dure varios meses debido a la comparecencia de cientos de testigos, la intervención de casi 40 abogados y las declaraciones de los propios acusados, ha comenzado con la presencia de los padres de las dos chicas españolas fallecidas. A los diez procesados se les imputa homicidio por negligencia y lesiones graves por las víctimas mortales, de edades entre 17 y 28 años, y los 652 heridos. Como máximo, podrían condenarles a cinco años de cárcel. En todo caso, el padre de Clara, Francisco Zapater, lamenta que entre los acusados «no estén» el jefe de Lopavent y el alcalde de Duisburgo.
«Hay que probar una responsabilidad individual, no colectiva. A cada uno se le imputa su parte en una presunta cadena de errores o negligencias, en la planificación o en la organización», apuntó al inicio de la vista el portavoz de la Fiscalía, Matthias Breitenstein.
La Fiscalía y los abogados de la acusación sostienen que, cuando se produjo la estampida, habían llegado entre 120.000 y 150.000 jóvenes de los 500.000 que esperaban los organizadores. La rampa de acceso al recinto y el túnel que servía de entrada, de 400 metros de largo y dividido en dos tramos, fue prácticamente una ratonera por el tapón humano que se originó. Los padres de Marta, Faustino Acosta y Fuensanta Mendoza, tienen la esperanza de que el tribunal imponga «todo el peso de la ley».
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