Organizaciones LGTBI piden a Celaá que intervenga frente a la estrategia de Vox para extender el 'pin parental'

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo y Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Trans pidieron este miércoles a la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, que intervenga para frenar «la estrategia estatal de Vox» para implantar el 'pin parenatal' en varias comunidades autónomas.

Estas entidades, que solicitaron una reunión con Celaá, recuerdan que ya interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia cuando la Consejería de Educación y Cultura de la Región de esta autonomía implantó esta medida.

Ahora, quieren que el Ministerio reaccione de la misma manera ante «la misma estrategia de la ultraderecha» en las comunidades como Madrid o Andalucía. En donde están exigiendo este 'pin parental' como requisito para apoyar los presupuestos generales de estas regiones.

Del mismo modo, llaman a la responsable de Educación que haga público un posicionamiento firme del Ejecutivo al respecto de esta medida. Las organizaciones lamentan que se esté usando la educación como «moneda de cambio» entre los partidos políticos.

La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, incidió en que «es fundamental que la normativa estatal contemple una educación afectivo-sexual integral e inclusiva en educación formal, no formal e informal y que se garantice una correcta formación al profesorado, las familias y el alumnado, para lo que el conocimiento experto de las entidades LGTBI es esencial«.

«Se está jugando con el derecho a saber de la infancia y éste no puede depender de la arbitrariedad de los intereses políticos, mociones de censura o pactos para formar Gobierno», apuntó Sangil. En este sentido, recordó que «la educación es un derecho» y «no un privilegio de quienes tienen familias que están de acuerdo en que sus menores se formen».

Por su parte, el presidente de Fundación Triángulo, Jose María Núñez, apuntó que el veto parental que intenta implantar Vox es «anticonstitucional y viola varias legislaciones vigentes«, así como la Convención de los Derechos del Niño de la ONU ratificada por España. »Además, va en contra del interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico del Estado, ya que vulnera el derecho del alumnado al conocimiento y deja desprotegida a la infancia frente a la LGTBIfobia«, ha asegurado.

Del mismo modo, la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, aseveró que «la educación en diversidad afectivo-sexual es educación en valores y derechos humanos y previene y ofrece herramientas contra el acoso, ayuda a la juventud a identificar y poner fin a relaciones tóxicas, enseña a la infancia los beneficios de la diversidad y los distintos modelos de familias y ofrece información y apoyo a la juventud LGTBI, entre otros«. »No podemos privar a la infancia de este conocimiento y menos a cambio de beneficios políticos«, concluyó.