Las ONG que atienden a inmigrantes alertan de que «el discurso del odio tiene consecuencias reales»

«Es un discurso que busca generar un entorno hostil», dice desde Convivir Sin Racismo Juan Guirado. «Emponzoña el debate y lo incendia cuando no había ninguna preocupación», apunta Juan Antonio Segura, de Cepaim. «Genera miedo y alarma sobre la población y son las personas migrantes y refugiados los que lo sufren», añade María Tejada, responsable de campañas y comunicación de Accem. Tejada lanza una advertencia en este sentido: «El discurso del odio tiene consecuencias reales sobre personales reales».

El mensaje antiinmigración, además, pasa factura al desempeño diario de su trabajo, dicen también. «El ataque a las ONG es innecesario, injusto e imprudente», dice sobre eso Juan Antonio Segura. Para ellos, se traduce en el crecimiento del rechazo a la hora de abrir nuevas plazas de acogida por parte de los vecinos en aquellas zonas donde, llegado el momento, pueden plantearse su implantación. «Es un rechazo injustificable», dice el director de Cepaim.

A Accem le tocó lidiar con el rechazo inicial que provocó el campamento de acogida que el Gobierno central instaló en Cartagena, en las dependencias del antiguo Hospital Naval. Algunas plataformas vecinales llegaron a organizar movilizaciones contra estas instalaciones y es otro de los puntos señalados continuamente por Vox. María Tejada se queja de que «se nos culpabiliza y se nos acusa sin ninguna base». Y ellos, como las personas que atienden, también se sienten víctimas de los bulos y la desinformación intencionada.

«Se expanden muy rápidamente a través de redes sociales y aplicaciones. Son verdaderos agujeros negros que motivan emociones como el miedo. Son cajas de resonancia», apunta Tejada. Esto normaliza mensajes que vinculan a la inmigración con marginalidad y delincuencia, explican alertados desde Accem: «Y no solo se normaliza, también se contagia». Juan Antonio Segura también habla de esta manipulación: «Falseando datos y realidades están contribuyendo al racismo y la xenofobia».

Estas organizaciones sostienen que hay partidos como Vox que han dado la vuelta a su mensaje de denuncia de las mafias que trafican con personas: esa idea la usan ahora para acusarles de ser cómplices de estas redes. «Negreros del siglo XXI», es la expresión que llegó a utilizar el 6 de septiembre el líder regional de esta formación, José Ángel Antelo. «Deslegitimando nuestra labor, también se deshumaniza a las personas que atendemos», cree en Accem María Tejada.

Quien alzó la voz contra el discurso del odio y contra las afirmaciones realizadas por políticos de PP y Vox fue la Delegación de Migraciones de la Diócesis de Cartagena. En un comunicado que hicieron público el 16 de septiembre, denunciaban la amenaza que suponen discursos cargados con «calumnias, engaños y medias verdades» de políticos de estas dos formaciones. «Ese comunicado era el sentir de la gente de nuestra Delegación que trabaja con los migrantes día a día y que saben la situación penosa en la que se encuentra. Había algo que denunciar y es lo que hemos hecho», explica a LA VERDAD Ignacio Gamboa, responsable de esa Delegación.

Solo unas horas después de publicar el escrito, el obispo José Manuel Lorca Planes hacía llegar otra nota calificando de «error» señalar a «personas e instituciones». Preguntado por esto, Gamboa responde que «todo lo que teníamos que decir ya está dicho en nuestro comunicado».

Su gesto sí ha sido valorado de forma positiva por las ONG. Juan Antonio Segura reconoce que, «hasta ahora, las estridencias de determinados discursos se han respondido con silencio y prudencia». En Convivir Sin Racismo destacan el trabajo realizado en este sentido por la Iglesia de base: «La Delegación de Migraciones siempre ha sido nuestro apoyo», sostiene Juan Guirado.

Convivir Sin Racismo, junto a Parem, Murcia Acoge y Amigos de Ritsona, presentaron en noviembre del año pasado una denuncia ante la Fiscalía contra José Ángel Antelo y el portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, para que se les investigara por delito de odio tras unas manifestaciones que habían realizando respectivamente. Martínez Alpañez llegó a decir que los inmigrantes que llegan «son personas que están huyendo de sus países porque tienen problemas relacionados con la legalidad y la delincuencia».

«Recurrimos a la Justicia porque también nos sentimos afectados», dice Juan Guirado. Sin embargo, aunque el fiscal abrió diligencias, la denuncia quedó finalmente archivada. Según la Memoria de 2023 de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia, el año pasado se incoaron en la Comunidad un total de diez procedimientos por delito de odio y discriminación. De ellos, siete fueron diligencias previas; dos, delitos leves; y uno, diligencias urgentes.

Llevar este tipo de mensajes ante la Justicia es el último paso por el que optan estas organizaciones. Antes de eso, mantienen que «hace falta más pedagogía y responsabilidad por parte de los poderes públicos», como apunta María Tejada.

Germán Teruel, catedrático de Derecho Constitucional de la UMU y especialista en este tipo de discursos de odio, opina que actuar de forma excesivamente represiva contra los mismos puede tener un efecto contraproducente. Por el contrario, pone en manos de las administraciones tomar medidas para mejorar la concienciación: «El Estado de derecho tiene todas las herramientas para dar los altavoces que necesitan estas personas y promover los valores de igualdad y no discriminación», según Teruel.