Ocho empresarios de la Región de Murcia afrontan penas de hasta 24 años de cárcel por pagar a menores por sexo

Ocho empresarios y promotores de la Región de Murcia, algunos de ellos de renombre, deberán sentarse este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial acusados de pagar a una red de prostitución para tener sexo con menores de edad. Los sospechosos, según recoge el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, presuntamente sabían que las víctimas eran menores, pero ese dato no les detuvo. Uno de ellos supuestamente contactaba a menudo con la red para solicitar que le facilitaran «chicas jóvenes y nuevas» para tener relaciones sexuales con ellas. Este procesado, J. C., promotor de viviendas y exvicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), tuvo que abandonar el cargo, hace ya cerca de una década, tras conocerse su supuesta vinculación con esta trama, destapada a finales de 2014.

El Ministerio Público reclama que a este grupo de empresarios se les imponga penas de prisión de entre cuatro y 24 años de cárcel –en función de las víctimas con las que tuvieron contacto–. En el banquillo se sentarán, además, los seis presuntos miembros del grupo que se encargaba de captar a las menores para su prostitución. Esta presunta trama, según sostiene el fiscal en su escrito, estaba liderada por varias mujeres que captaban a adolescentes en las puertas de discotecas de menores e incluso en colegios. Al parecer, elegían a chicas procedentes de familias desestructuradas o en situación de vulnerabilidad y les ofrecían ganarse un dinero para sus gastos o caprichos ofreciendo sexo a hombres.

La Fiscalía reclama para las supuestas cabecillas de la red penas que oscilan entre los 21 y los 56 años de cárcel por supuestos delitos de prostitución de menores. La Audiencia también juzgará a algunos hombres que supuestamente se encargaban de desplazar a las adolescentes a los lugares donde tenían contacto con los clientes y que afrontan penas de entre seis y 36 años de cárcel como supuestos cooperadores necesarios de esa explotación sexual de las niñas.

Una vez que las 'madame' contactaban con las adolescentes, explica la Fiscalía, se hacían con sus números de móvil y con algunas fotografías provocativas que les pedían que les mandaran. Estas mujeres presuntamente se quedaban con una parte de las ganancias que las menores obtenían con sus encuentros.

El Ministerio Público sostiene que las acusadas convencieron a las menores, de 16 y 17 años, para acudir a encuentros sexuales con hombres a cambio de dinero. En algunos casos, las adolescentes eran trasladadas a un despacho de abogados del centro de Murcia para estos servicios, según expone el fiscal en su escrito. Una de las víctimas presuntamente cobró 70 euros, que le pagaron las personas presentes en ese despacho tras tener sexo con ellos. La menor, de 17 años, presuntamente entregó 20 euros de esa cantidad a una de las procesadas.

Las partes, según explicaron fuentes cercanas, están negociando un posible acuerdo de conformidad que implicaría una rebaja de las penas de prisión que afrontan los acusados pero que pasaría, en todo caso, por un reconocimiento de los hechos. Este pacto, en el caso de que el miércoles se confirme, evitaría la celebración del juicio por un caso que ha tardado una década en llegar a estrados.

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