Ocho de cada diez funcionarios de la Comunidad trabajarán hoy desde casa

Edificios fantasmas. Eso es lo que parecían ayer los centros de trabajo de la Comunidad Autónoma, inmuebles acostumbrados al bullicio que causan tanto los administrados que acuden a realizar sus gestiones como los funcionarios que atienden sus demandas. En el primer día de esta semana, ni una cosa ni la otra. Los servicios de atención al ciudadano se han interrumpido como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus y a la mayor parte de los empleados públicos regionales se les ha mandado a trabajar desde casa.

Fuentes de la Consejería de Presidencia y Hacienda señalaron que solo el 27% del personal de Administración y Servicios de la Comunidad acudió en la mañana de ayer a su puesto de trabajo. Es decir, 2.438 del total de 9.032 de estos trabajadores públicos que no dependen del Servicio Murciano de Salud (SMS) ni son personal docente.

No obstante, se espera que en el día de hoy sean muchos menos funcionarios los que se vean por los edificios públicos (sobre un 20%). Y es que, subrayan desde la Consejería de Presidencia y Hacienda, la mayor parte de estos 2.438 empleados que ayer estuvieron en sus oficinas lo hicieron para recibir instrucciones y recoger el material necesario que les permitirá realizar a partir de esta mañana el teletrabajo.

La orden que reorganiza el funcionamiento de Administración y Servicios la dio a conocer el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, en la tarde del pasado sábado. En esta se establecía, además de la extensión general del teletrabajo, la presencia de un máximo del 25% del personal de los centros, así como turnos rotatorios para quienes no tengan más remedio, por la naturaleza de sus tareas, que acudir físicamente a estos.

Sin embargo, desde los sindicatos CSIF y UGT criticaron ayer que muchos empleados públicos no se enteraron del contenido de dicha orden, por lo que ayer se presentaron en sus lugares de trabajo como cualquier otro día. Desde la Consejería niegan esta acusación, matizando que los responsables de departamento enviaron correos electrónicos a los trabajadores el pasado domingo, e incluso los llamaron por teléfono, para informarles de las nuevas instrucciones. Afean desde la Comunidad a los sindicatos que se dediquen a criticar en estos momentos difíciles y les exigen una mayor colaboración.

Antonio Martínez Peñaranda, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, reclama al consejero Javier Celdrán que modifique la orden publicada el pasado sábado con el fin de eliminar ese porcentaje máximo del 25% de empleados que tiene que haber en los centros de trabajo. «Un 25% en un departamento en el que trabajen 500 personas es un disparate, un foco de contagio. Es mejor no poner porcentaje alguno, solo establecer que acudirán a trabajar de forma presencial el mínimo de empleados que sea imprescindible», opina el sindicalista.

«Si en una oficina no hace falta nadie, que no vaya nadie», propone, por su parte, María López, dirigente del CSIF, que también reclama la supresión de ese máximo del 25%. Este sindicato reclama que se garantice la máxima seguridad para el personal que tenga que acudir físicamente al puesto de trabajo.