![Las obras antirriadas reclamadas por la Asamblea avanzan a paso lento](https://s2.ppllstatics.com/laverdad/www/multimedia/2024/11/08/196093629--1200x840.jpg)
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La DANA de septiembre de 2019, considerada el temporal más grave en siglo y medio en la Región de Murcia y Almería y que provocó seis fallecidos en distintas zonas de España y contribuyó a la muerte de miles de peces y crustáceos en el ... Mar Menor un mes después, llevó a la Asamblea Regional a mover ficha. Un año después, los días 6 y 7 de octubre de 2020, la Cámara acogió un 'Debate monográfico sobre medidas para reducir los riesgos de inundación en la Región de Murcia', que cristalizó en 58 propuestas, algunas muy parecidas entre sí. El Parlamento instó a ejecutarlas al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y al Gobierno de España, según las competencias de cada administración, y a estrechar su coordinación y la colaboración con los ayuntamientos y las organizaciones y asociaciones agrarias.
Cuatro años después, la catastrófica DANA en la provincia de Valencia y en Castilla-La Mancha, con al menos 218 fallecidos, ha devuelto a la actualidad el paquete de obras, estudios y planes de construcción y mejora de infraestructuras planteado por la Asamblea. Y un repaso al listado acordado muestra que son escasas las actuaciones hechas para atajar los problemas que señalaron los grupos políticos entonces (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos). Además, muchos proyectos sufren retrasos por burocracia y falta de presupuesto.
La Asamblea solicitó que el Gobierno regional impulsara «de manera urgente la elaboración del Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación en la Región de Murcia (Potpri)». El Ejecutivo sacó a licitación el trabajo, que quedó desierto en 2021 y que, tras las lluvias torrenciales de estos días, ha anunciado que retomará.
La Administración regional también fue instada a «estudiar la recuperación de la red de drenaje agrícola que en su día construyó el Iryda en la zona regable del Campo de Cartagena y cuya titularidad fue transferida a la Comunidad». Sin embargo, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca no lo tiene previsto. El Parlamento también pidió al Consejo de Gobierno «un plan de reforestación con árboles y plantas autóctonas, en la cantidad mínima que establezca la normativa europea, en las zonas de cabecera de las áreas de riesgo identificadas por el Panel de Expertos para la Prevención de Inundaciones en la Región de Murcia (Sierra de Carrascoy y El Valle, Sierra Minera, Sierra de Almenara, Sierra de Carrasquilla, Sierra de Tercia, etcétera) a fin de minimizar los arrastres sólidos y prevenir daños mayores aguas abajo». La Consejería de Medio Ambiente ha anunciado que licitará en breve el Plan de Ordenación Hidrológico Forestal 2025-2040, que incluirá como primera medida la construcción de infraestructuras hidráulicas en la zona forestal de las cabeceras de las ramblas del Mar Menor. Y hay 800.000 euros para conservar y restaurar la vegetación autóctona.
Respecto a la recuperación ambiental de los suelos afectados por la contaminación en la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, tanto en la vertiente marmenorense como en la del Mediterráneo, para evitar el vertido de metales pesados, la Comunidad, con el 75% de cofinanciación estatal, solo está ejecutando el sellado de la balsa de residuos peligrosos El Lirio. El Ministerio para la Transición Ecológica espera iniciar la remediación ambiental de la Sierra a finales de este año o principios de 2025 en Llano del Beal.
La Cámara demandó también al Ejecutivo autonómico «trabajar de forma coordinada con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, la Confederación Hidrográfica del Segura y los consistorios afectados para que todos los municipios de la Región incluidos en los mapas de riesgo del Plan Inunmur de Protección Civil elaboren sus propios planes municipales contra inundaciones». Debían ser complementarios al Plan de gestión del riesgo de inundación (PGRI) de la cuenca del Segura y al Potpri.
Según la Consejería de Presidencia, 42 municipios tienen ya sus planes, si bien Calasparra y Mula esperan el visto bueno definitivo de la Comunidad, y tres carecen aún de ellos: Albudeite, Ricote y Ojós. No obstante, los consistorios de Alguazas, Ceutí y Ulea aseguran estar pendientes también de la aprobación autonómica. Y hay planes previos a la DANA de 2019 en proceso de actualización y corrección en varios municipios, como Santomera, Los Alcázares, Moratalla y Mula.
En la parte positiva, la Comunidad sí ha realizado obras de su plan de defensa de carreteras frente a las inundaciones, así como colectores y tanques de tormentas en distintos municipios. La Consejería que ahora dirige Sara Rubira ha llevado a cabo inversiones por valor de 30 millones de euros desde el año 2019. Para este 2024, planificó la reforma del sistema de limpieza del tanque de tormentas y la ampliación del sistema de desinfección ultravioleta y el tratamiento cuaternario de la depuradora de Los Alcázares, por 1,5 millones; así como la terminación del tanque de tormentas en Playa Honda, cuyo coste total es de 4,9 millones. Y el Ministerio, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), ha aumentado la capacidad del canal de drenaje agrícola D-7 del Campo de Cartagena. El Gobierno de España prevé iniciar en 2025 el parque inundable de Los Alcázares y el 'cinturón verde', una serie de zonas que serán renaturalizadas y que frenarán las escorrentías de agua y sedimentos a la laguna y los cascos urbanos.
La CHS sigue sin fecha para encauzar ramblas en San Javier, Molina de Segura, Lorca y Cartagena. La Asamblea también le pidió mejorar el potencial de desagüe en la Vega Media hacia el Reguerón.
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El diputado de Podemos Víctor Egío sacó a la palestra este asunto días atrás y denunció que, «cinco años después, no se ha hecho absolutamente nada». Y afirmó que, «si vuelve a repetirse la DANA, nos pillará igual o peor que en 2019 y los responsables son tanto el Gobierno de López Miras como el de Pedro Sánchez. Egío señaló que «ni se ha actuado en las ramblas del Guadalentín, como Béjar, Biznaga, Nogalte, La Torrecilla, Lébor y Las Moreras; ni se ha avanzado en el nuevo encauzamiento de la rambla de Los Aznares, en Mazarrón; el proyecto para la rambla de Tabala, que debería proteger Beniel y las pedanías de la huerta sur de Murcia, se ha retrasado hasta 2027; el colector norte de Murcia ni está ni se le espera; y el Plan de ordenación del territorio de la cuenca vertiente del Mar Menor ahora se sabe que fue paralizado por el Gobierno regional en 2022» y que solo ha superado una de seis fases administrativas.
La Consejería de Fomento e Infraestructuras invirtió, de 2019 a 2022, unos 14 millones de euros en más de 90 actuaciones para proteger carreteras frente a las inundaciones, algunas por el desbordamiento de ramblas y ramblizos. Destacó el drenaje de la RM-F54, entre Los Urrutias y Los Belones, en el cruce con la rambla de La Carrasquilla, cerca de Los Nietos. Además, hay un plan plurianual de Acción contra el cambio climático con 85 medidas, valoradas en 27 millones. La Comunidad ya ha intervenido en la RM-C25, en Mula y Alhama de Murcia, y en la RM-420, en Jumilla, para evitar desprendimientos; y en la RM-F20, en Murcia, en la RM-11, en Águilas, y en la RM-F24, en San Pedro del Pinatar y San Javier, para impedir la inundación de la calzada. La Consejería que dirige Jorge García Montoro está ejecutando la mejora de la variante de Torre Pacheco, lo que incluye la construcción de un canal lateral de 2,5 por 1,5 metros y un aumento de la capacidad de evacuación en los cruces de Balsicas y San Javier.
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