Nuevos datos vinculan a la alcaldesa de Alguazas con una falsedad documental

Entre los sospechosos citados ayer a comparecer se encontraba José Luis Fernández Lladó, el ya ex director general de Carreteras del Gobierno autonómico, que fue detenido por un presunto delito de falsedad documental en una investigación derivada de la trama principal. Este antiguo alto cargo habría utilizado los servicios de un intermediario y de un alto funcionario de Hacienda para librarse de pagar un recargo de unos 17.000 euros, derivado de no haber abonado a tiempo una deuda fiscal de cerca de 90.000 euros.

La fórmula que el conseguidor presuntamente le ofreció para no tener que abonar la penalización consistió en que, desde el Ayuntamiento de Alguazas, del que Fernández Lladó fue alcalde del PP años atrás, se le facilitara un documento certificando, falsamente, que había solicitado un fraccionamiento de la deuda. Y que esa petición no había llegado a Hacienda debido a que el sistema electrónico de transmisión de esa información se había estropeado.

El entonces todavía director general de Carreteras así lo hizo y, merced al documento falsario elaborado en el Registro del Consistorio alguaceño, consiguió librarse de pagar el recargo.

Por estos hechos fueron detenidos el mes pasado el propio Fernández Lladó, el funcionario responsable del Registro, el jefe del servicio de Fraccionamiento de la delegación regional de Hacienda y el intermediario.

Respecto del papel que pudo jugar la alcaldesa de Alguazas, Silvia Ruiz Serna, a la hora de conseguir ese certificado municipal, algunos datos apuntaban en un primer momento a que podía haber sido informada por Fernández Lladó de su propósito. Sin embargo, la primera edil rechazó que así hubiera ocurrido y afirmó que se limitó a saludar a su antecesor en el cargo y presidente local del PP, así como a ofrecerle su colaboración de manera genérica, «como hago con cualquier vecino que necesita ayuda».

Pero esta explicación choca con algunos hechos recogidos en las diligencias de la 'Operación Brubaker'. Así, en sus atestados, los agentes del Edoa exponen que Fernández Lladó tuvo que contar en sus gestiones con la colaboración de la alcaldesa. Y, además, existe una grabación telefónica en la que el intermediario explica que ha estado hablando con el director general de Carreteras y que este le ha dado cuenta de sus gestiones. «Me ha dicho: 'Pues a mí me costó que allí en el Ayuntamiento me hicieran el escrito, ¿sabes?, porque tuvo que firmar la alcaldesa; que no quería'. Lo que pasa es que como este es el jefe del PP..., pues le dijo a la alcaldesa: 'Hostias, ¿pero no me vas a hacer esto, cojones?».

Mientras sigue la instrucción judicial de las diligencias, el Edoa sigue haciendo gestiones para desentrañar la supuesta trama de corrupción en la prisión de Sangonera la Verde. Ayer trascendió que, además del jefe de servicio J. M. S., quien fue arrestado por dar supuestamente un trato de favor a internos a cambio de dinero, hay otro empleado público señalado en una carta anónima que un recluso hizo llegar al Juzgado de Vigilancia penitenciaria. En ella, se denunciaba la existencia de esa supuesta organización delictiva.