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La controversia sobre la sustitución del magistrado Julián Pérez-Templado al frente del Consejo de la Transparencia vivirá hoy un nuevo capítulo con la reunión del pleno de este organismo para votar la designación de Juana Pérez, presidenta de la organización de consumidores Thader Consumo, como nueva presidenta en funciones.
De producirse el nombramiento, Pérez sería la tercera persona que preside el Consejo de la Transparencia en los últimos seis meses, tras Pérez-Templado, que dimitió en junio, y Santiago Álvarez, profesor universitario que le sustituyó de forma interina y que renunció al puesto tras denunciar «un boicot» del Gobierno regional a su labor.
Sin embargo, no está claro que la presidenta de Thader Consumo y miembro de este órgano en representación del CES salga elegida esta mañana, debido a la oposición que ha surgido a su nombramiento entre los delegados en el pleno de los partidos de izquierdas y de los sindicatos.
Estos vocales no le reconocen a Pérez ninguna capacidad jurídica o administrativa para convocar el pleno del Consejo de la Transparencia y han remitido un escrito al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, para que «adopte las medidas» precisas para «impedir» que la aspirante a presidenta «usurpe las atribuciones que le corresponden al Consejo de Gobierno», entre las que figura el nombramiento del presidente y de los vocales del Consejo de la Transparencia.
Pérez esgrime la ley de Régimen Jurídico del Sector Público para, al ser la vocal de más antigüedad en el pleno, asumir de manera provisional las funciones de presidenta. Se trata, curiosamente, de la misma norma a la que Santiago Álvarez y sus defensores recurrieron para defender la designación del profesor universitario, rechazada en su momento por el Gobierno regional.
Tampoco está claro que el pleno del Consejo llegue a celebrarse hoy. De los 19 miembros, varios vocales que cesaron por diversas razones no han sido reemplazados y los representantes de las formaciones PSOE, UGT, CC OO y Podemos no tienen intención de asistir, según indicaron fuentes socialistas, que ven a Juana Pérez próxima al Ejecutivo y al PP y niegan toda validez legal al pleno y a las decisiones que pudiera adoptar.
La consejera de Política Social, Isabel Franco, responsable también de las competencias en Transparencia, explicó ayer la postura de no intervención de su departamento con respecto a las polémicas que desde hace meses rodean al Consejo de la Transparencia. «Con respecto al Consejo de la Transparencia, lo único que hacemos es intentar dotarlo de recursos para que pueda funcionar. Nuestra misión, según establece la Ley de Transparencia, es ser un canal de comunicación con una entidad totalmente independiente». No obstante, «la independencia de la entidad no es absoluta», ya que su presupuesto y su personal proceden de la Comunidad Autónoma. «Esos son los dos únicos ámbitos en los que la relación es un poco más directa. En lo demás, dejamos que sigan», agregó.
La consejera aprovechó las preguntas de los periodistas para criticar a los que rechazan los argumentos de Juana Pérez para optar a la presidencia del Consejo. «Ha ejercido un derecho que considera que tiene», dijo. A su juicio, Pérez apela a la misma ley a la que apelaron otros en julio, tras la dimisión del presidente; sería difícil de entender que la misma ley sea válida para unos y luego no lo sea para otros».
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