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Los ganaderos dedicados a la producción porcina en la Región de Murcia tendrán que cumplir nuevas obligaciones en materia de bienestar animal a partir del ... 9 de marzo. La norma del Ministerio de Agricultura que refuerza los controles sobre la protección de los animales en las granjas, aprobada mediante real decreto en 2023, tiene como medida principal la de ampliar el espacio entre lechones y cerdos de engorde en las cuadras, lo que supondrá de media la pérdida en cada explotación de un 10% del censo ganadero, según estimaciones de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
Una granja cuyas naves tienen la capacidad para acoger 2.000 cerdos autorizados deberá restar aproximadamente unos 200 animales para cumplir con la distancia mínima. Un cerdo de entre 85 y 100 kilos tendrá que disponer de una superficie de suelo libre de 0,74 metros cuadrados frente a los 0,65 m² de antes. Estos son los nuevos requisitos para los ganaderos, que perderían uno o dos animales por cuadra para cumplir con esas distancias.
Sin embargo, la reducción de animales por naves en pro de conseguir más espacio para ellos no supondrá la desaparición de plazas reconocidas en cada explotación. Murcia es una de las comunidades que presionó para que la puesta en marcha de estas medidas no implicara la pérdida de capacidad de las granjas. Por ello, y cumpliendo con una serie de requisitos, los ganaderos podrán construir una nave dentro de su recinto para albergar el excedente de cerdos de otras, pero nunca para sumar más cerdos de los reconocidos.
Las nuevas instalaciones que se levanten deberán respetar la distancia mínima con otras granjas, por lo que estas deberán guardar mínimo un kilómetro de separación en el caso de granjas para engorde en la Región.
Además, si el ganadero tiene una autorización ambiental, deberá solicitar una modificación no sustancial de dicho permiso para después pedir una licencia municipal; en el caso de no tenerla, deberá tramitar la petición con el consistorio directamente. Sin embrago, «si no hay espacio disponible para la construcción de nuevas naves ganaderas», advierte la Consejería, sí «se perderá de media un 10% del censo ganadero» que el dueño tiene reconocido.
El responsable de ganadería de Asaja, Alfonso Galera, reconoce que la adaptación de las granjas a las nuevas normas sobre bienestar animal «puede suponer una inversión importante de dinero para algunos ganaderos, pero no nos pilla por sorpresa porque hemos tenido dos años de periodo de adaptación».
Por ejemplo, el caso de las explotaciones ubicadas en la cuenca del Mar Menor y afectadas por su ley es particular. Cualquier titular cuya explotación esté en uno de los municipios ribereños y quiera construir una nave, el Ministerio considera esta operación como una ampliación de las instalaciones. Es por ello que se activa el artículo 56 de la ley de la laguna, y el dueño estará obligado a impermeabilizar sus balsas de purines con material artificial, que deberá cumplir varios criterios.
Todos estos detalles técnicos fueron recordados por el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, a los ganaderos de la comarca del Campo de Cartagena en una charla informativa sobre el real decreto el pasado lunes en Fuente Álamo. Vera trasladó que estas medidas también irán encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero desde las granjas, pues la nueva norma también fija límites de concentraciones: 20 partes por millón (ppm) de amoniaco y 3.000 ppm de dióxido de carbono.
El real decreto recoge también mejoras en la alimentación con pienso de los animales, más accesos al agua en las cuadras y control de la temperatura interior de las naves. Estos aspectos de obligado cumplimiento serán revisados por los inspectores de la Consejería, ya que no cumplirlos implicará sanciones que van desde los 600 euros hasta los 100.000 euros en los casos más graves.
Las comunidades autónomas están negociando con el Ministerio de Agricultura una revisión de la superficie mínima de suelo libre que debe tener cada animal. El objetivo del Real Decreto por el que se establecen disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal es, también, la disminución de emisiones de gases nocivos desde la ganadería. Otras normativas ya obligaban a aplicar las mejores técnicas disponibles para reducir esas emisiones, como el cambio de piensos, por lo que territorios como la Región de Murcia creen que habría margen para rebajar esa distancia mínima entre animales. Cataluña y Aragón, por su actividad porcina, están liderando las conversaciones con el departamento del ministro Luis Planas, e incluso podría haber un acuerdo que entrara en vigor antes del verano, y con carácter retroactivo desde el 9 de marzo. Hasta entonces, todos los nuevos cerdos que entren en una explotación a partir de esa fecha deberán disponer de los nuevos espacios fijados por la norma española, que se pone en marcha tras dos años de transición.
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