![Los murcianos señalan al Gobierno regional como principal culpable de la degradación de la laguna salada](https://s1.ppllstatics.com/laverdad/www/multimedia/202111/15/media/cortadas/VF1KYO71-k8HD-RWLALQulCQdgvI4qdFI4OOO-1248x770@La%20Verdad.jpg)
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El estado del Mar Menor preocupa a los murcianos, que lo sitúan como segundo problema más importante de la Región de Murcia, solo superado por el desempleo. Además, la mayoría considera que el Gobierno de Fernando López Miras es el principal responsable de su degradación, más incluso que la agricultura del Campo de Cartagena, aunque el Ejecutivo de España tampoco sale bien parado.
Así lo indica el Barómetro de Otoño del Cemop, presentado este lunes en la Asamblea Regional, que dedica un apartado importante a la crisis de la laguna salada, que sufrió este pasado verano un segundo episodio de anoxia que provocó la mortandad masiva de peces.
A los encuestados se les pidió que situaran, en una escala del 0 al 10 (siendo 0 'nada responsable' y 10 'totalmente responsable) , el nivel de responsabilidad de diversos actores en la catástrofe medioambiental. El Gobierno regional es el que más se acerca a la máxima culpabilidad, con una media de 7,7, mientras que el Ejecutivo central se queda en el 7,02. Ambos están por encima de la agricultura del Campo de Cartagena (6,93) y el turismo (4,79).
Según el Cemop, el 43% de los encuestados respondieron '10' en esta escala de responsabilidad al ser preguntados por el Gobierno regional, mientras que cuando se trató del Gobierno de España esta posición se mantuvo por el 31,1% de la muestra. Además, la evaluación de la responsabilidad de cada actor puede ser claramente diferenciada según la ideología de los encuestados. Los que ideológicamente se posicionan más a la izquierda conceden un 8,89 de responsabilidad al Ejecutivo de López Miras, mientras que los que se sitúan a la derecha lo hacen en un 6,32 al Gobierno de España. Asimismo, cuanto más a la derecha se sitúan los encuestados, menos responsabilidad conceden a la actividad agraria.
Asimismo, el Barómetro pregunta a los murcianos su valoración de diferentes medidas propuestas para recuperar el Mar Menor. La iniciativa que más apoyo social suscita es prohibir los vertidos agrícolas de nitratos (8,75), seguida de acabar el Plan de Vertido Cero (8,73), un programa de actuaciones descartado por el Ministerio para la Transición Ecológica. La tercera medida más apreciada es la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para dotar de personalidad jurídica a la laguna salada (8,11). Por contra, abrir la gola de Marchamalo, como insistía el Gobierno regional, es la actuación menos útil, según los encuestados. Obtiene una media de 5,65 en la escala del 0 al 10.
El Mar Menor condiciona la valoración que los entrevistados realizan de la situación política de la Región de Murcia y de la gestión del Ejecutivo autónomo. El porcentaje de murcianos que considera que la situación política de la Región es buena desciende diez puntos con respecto al anterior sondeo de primavera, pasando del 35,7% al 25,6%. Solo un 17,8% espera que las cosas evolucionen a mejor dentro de un año, frente al 25,2% que piensa que irán a peor.
No ocurre lo mismo sobre la situación económica. El porcentaje de encuestados que cree que es buena o muy buena es igual que en el Barómetro de Primavera (17,9 frente a 18%).
En cuanto a la gestión del Gobierno regional, si en la primavera de 2021 un 41,3% de encuestados la valoraban como buena o muy buena, en este sondeo solo un 31,3% mantiene esa opinión, una caída de diez puntos. Un 25,9% la califica de mala o muy mala. La valoración de la oposición del PSOE sube ligeramente.
La encuesta pregunta sobre otros asuntos como el trato del Gobierno de España a la Región, las listas de espera o la tramitación del Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados. Según el Cemop, la ciudadanía de la Región de Murcia desaprueba la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a la financiación autonómica, al sentir que discrimina a los murcianos; reprocha que las actuaciones del Ejecutivo regional no fomenten la reducción de las listas de espera en Sanidad y muestra un elevado desconocimiento sobre la posible modificación del Estatuto en el Congreso de los Diputados.
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