Ahora Murcia pide al juzgado que reclame los informes de Cultura sobre las obras ilegales de la UCAM

Ricardo Fernández

Murcia.

Sábado, 19 de enero 2019, 11:14

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La formación política Ahora Murcia, con representación en el Ayuntamiento de Murcia y que impulsa la acusación particular en las diligencias judiciales por la presunta construcción ilegal de aularios y otros inmuebles en la Universidad Católica San Antonio (UCAM), anunció ayer que pedirá al juzgado que reclame los dos informes de la Dirección General de Bienes Culturales, desvelados por 'La Verdad', que sostienen que dichas obras no son legalizables. Un portavoz de Ahora Murcia indicó a este periódico que estos documentos, suscritos respectivamente por quien era jefe del Servicio de Patrimonio, Miguel San Nicolás, y por una técnico de ese departamento, Caridad de Santiago, no habrían sido remitidos por el momento al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, que es el que impulsa la causa por presunto delito urbanístico contra los responsables de esta institución docente.

Igualmente, manifestó que en el expediente administrativo que instruye la Consejería de Cultura sobre esas edificaciones levantadas sin licencia, y que según los técnicos habrían causado graves afecciones paisajísticas y arquitectónicas en el entorno del Monasterio de los Jerónimos, tampoco se encontraban los informes mencionados. «Como impulsores de esa denuncia, nos presentamos en la Consejería para conocer el contenido del expediente y tomamos notas de todos los documentos, y los que se han publicado ahora no estaban allí incluidos», indicó. De ahí que Ahora Murcia considere esencial establecer si se les han podido hurtar esos informes a su conocimiento, lo que vendría a abundar en la queja de «falta de transparencia», derivada de la negativa de la Consejería a facilitarles una copia del citado expediente.

Las conclusiones de los técnicos de Patrimonio, que sostienen que las obras irregulares «han alterado visiblemente el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona» y causado «perturbaciones en la contemplación del monumento», impiden en apariencia que se puedan legalizar esos inmuebles.