Moreno retirará el 'pin' si lo dice el TSJ y Conesa pide la dimisión de López Miras

El polémico veto parental impuesto por Vox en las aulas murcianas siguió marcando ayer el pulso del debate político. En el día fijado por el Ministerio de Educación para recurrir ante los tribunales la medida implantada este curso por el PP, la consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, dijo que su departamento «acatará» la decisión que tome el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia sobre el recurso, y remarcó que las instrucciones están «avaladas» por informes de los Servicios Jurídicos y de la Inspección de su departamento.

Moreno negó el peso definitivo de Vox en la puesta en marcha del veto (fue condición para hacer presidente a López Miras y ahora lo es para dar el voto favorable a las cuentas de 2020), y dijo que la decisión se fundamenta en «la libertad de la familia para decidir sobre la educación de sus hijos». No aclaró la consejera si sancionará al profesor que objetó contra el 'pin' la semana pasada, ya que, remarcó, «no tengo información oficial de que se haya negado, y si no tenemos conocimiento, no podemos hacer investigación».

El secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, denunció que el PP está utilizando el recurso y la denuncia del Ministerio a su favor. «López Miras vuelve a abochornar a la Región, claudicando ante Vox en las políticas educativas, y pretende ampararse en la Justicia porque es incapaz de decirle que no a la extrema derecha sobre el veto parental», dijo. Conesa y el diputado regional Antonio Espín registraron ayer en la Consejería de Educación las observaciones y alegaciones en el proceso participativo de consulta previa a la modificación de los decretos de currículum con los que el Gobierno regional pretende blindar el veto parental. Esa modificación aún no se ha realizado, y daría fijeza a las instrucciones de principio de curso.

El líder del PSOE retó además al presidente de la Comunidad y planteó que, en el caso de la resolución judicial sea contraria, «y después de que el PSOE, el Gobierno de España y toda la comunidad educativa haya advertido de esta posible ilegalidad, nos preguntamos si van a dimitir o a asumir alguna responsabilidad». Conesa remarcó que cuando una administración o algún responsable público «toma una decisión a sabiendas que puede ser ilegal, eso tiene una definición jurídica en el Código Penal y se le está advirtiendo al Gobierno regional».