Muñoz y Sevilla niegan el amaño de contratos en el Puerto de Cartagena

La nueva ronda de declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena por la presunta trama de corrupción en el puerto de Cartagena se prolongó este viernes durante más de cinco horas. La magistrada Virginia Urrea, instructora del caso que le costó el puesto a la expresidenta del organismo Yolanda Muñoz, acabó bien entrada de la noche de tomar declaración a los principales investigados. Tanto Muñoz como su predecesor al frente de la Autoridad Portuaria (APC), Antonio Sevilla, se instalaron en la negativa y descartaron una y otra vez el supuesto amaño de contratos que la Fiscalía desgrana en su denuncia.

El Ministerio Público señala a ambos por el aparente trato de favor a varias empresas mediante la alteración de concursos públicos de adjudicación de contratos de servicios, así como de adjudicación de empleos en la institución entre los años 2015 y 2021 a personas vinculadas al PP.

Según ha podido saber LA VERDAD, en su declaración, Sevilla, que está siendo representado por el despacho Pardo&Pérez Abogados, sostuvo que en ningún momento intercedió para nombrar a nadie de manera fraudulenta. Tildó además de protocolarias todas las reuniones que se reflejan en la denuncia de la Fiscalía y aseguró que ninguno de esos encuentros sirvió para hablar de expedientes.

Sevilla también fue interrogado sobre un presunto favorecimiento a la firma Datanet, una empresa de Alfatec Sistemas SL, grupo empresarial «asesorado» por él mismo. «Podría estar recibiendo una remuneración por este asesoramiento» a Alfatec y por el «uso de contactos políticos y administrativos para supuestamente influir en las adjudicaciones», apunta el fiscal en su denuncia. Testigos aseguran, además, haber visto a Sevilla entrando en despachos del Puerto y en muelles con un directivo de Datanet, para darle información del plan Puertos 4.0. Sevilla descartó este viernes esa acusación y sostuvo que no conoció Alfatec hasta finales de 2019, cuando ya no estaba al frente de la Autoridad Portuaria.

La última en colocarse frente a la instructora fue Muñoz, que está siendo representada por el penalista Raúl Pardo-Geijo Ruiz. La expresidenta de la APC presentó diversa documentación para reforzar una declaración en la que se defendió de todas todas las acusaciones.

Una de las cuestiones de las que Muñoz tuvo que responder fueron las aparentes «irregularidades» en el expediente para la programación del conjunto de actividades 'Vive tu Puerto 2021'. Laexpresidenta sostuvo que se encargó el contrato mayor -de hasta 336.552 euros- a una firma y que el de la Semana Cultural fue secundario, con otra entidad, con el objeto de dar más «empaque» al evento.

Muñoz fue interrogada también sobre la «supuesta alteración del orden preceptivo de llamamiento de la bolsa de trabajo existente con vulneración arbitraria de los legítimos derechos de una trabajadora». Se trata de la hija de un representante sindical, que optó a una plaza de agente de la Policía Portuaria. A este respecto, alegó que hubo un error que obligó a un cambio de bolsa y que ese mismo día se intentó cancelar los contratos firmados sin éxito.

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