Los municipios de la Región de Murcia figuran entre los más incumplidores ante el Tribunal de Cuentas

Un total de 52 entidades de la Región (ayuntamientos, mancomunidades y agrupaciones) deben rendir cuentas, pero solo 17 lo hicieron dentro de plazo, a 31 de octubre de 2023. Lo llamativo son los vaivenes que se han producido en los últimos años a la hora de cumplir con esta obligación, un comportamiento común en casi todas las comunidades autónomas, pero más reseñable en el caso de la Región de Murcia, que es donde más se ha notado una evolución negativa: en 2002 rindieron cuentas casi el 40% de municipios, al año siguiente lo hizo el 45%, pero en el último ejercicio fiscalizador bajó al 27%.

El informe también llama la atención sobre el municipio de La Unión, que es el único de la Comunidad que no rindió cuentas en los tres últimos ejercicios.

Los datos referidos a la Región de Murcia son algo mejores, aunque no satisfactorios, en lo que se refiere a la remisión de información sobre contratos públicos y convenios. El balance final no obstante, resulta negativo en cuanto al grado de cumplimiento de todas las obligaciones contables. En este sentido, el máximo órgano fiscalizador destaca que más del 20% de las entidades locales de la Región no han cumplido ninguna de las obligaciones. Lo mismo sucede con las de Extremadura, Cantabria, Castilla y León y La Rioja.

En términos generales, el Tribunal de Cuentas subraya que las entidades locales españolas, más de 11.500, incumplieron de manera mayoritaria la obligación de rendir la cuenta general de 2022 antes del 15 de octubre de 2023. Únicamente el 45 % cumplió, sin computar las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio. Las regiones más cumplidoras fueron las de Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia y Cataluña.

El Tribunal resalta que el hecho de la que la mayoría de las entidades locales no rinda cuentas en el plazo establecido, además de constituir un incumplimiento legal, impide que los ciudadanos, gestores públicos, instituciones públicas y demás interesados en la situación económica, financiera, patrimonial y presupuestaria de una entidad local dispongan de esta información de manera oportuna y supone también una restricción importante de la transparencia de la gestión de las entidades locales.

Entre las recomendaciones, los miembros del Tribunal de Cuentas proponen cambios normativos para homogeneizar los plazos de presentación de los datos, pero sobre todo destacan la necesidad de que no se otorguen subvenciones o ayudas públicas a los ayuntamientos que no estén al corriente en la rendición de sus cuentas generales. Propone que esta sea una condición indispensable que se debe generalizar por ley, ya que algunas comunidades autónomas ya lo hacen. También pide que se endurezcan las multas coercitivas.

En un año electoral, los municipios de Murcia, Cartagena y Lorca presentaron sus cuentas fuera de plazo, aunque antes de que finalizara 2023. En el caso de Murcia, el equipo de José Ballesta señala que cuando volvió a gobernar en junio del año pasado, se encontró con que no se había iniciado el trabajo para la elaboración de la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2022, y tampoco se había iniciado el procedimiento para aprobar el Presupuesto municipal de 2023.

Destaca que tuvo que iniciar los trabajos «con el objetivo de poder afrontar los pagos pendientes por parte del Ayuntamiento, garantizar la prestación de los servicios públicos, así como para afrontar el pago de las nóminas de los funcionarios hasta final de año». Explica que después de completar los trámites necesarios, la Cuenta General se aprobó el 30 de noviembre de 2023. «Por tanto, no se pudieron cumplir los plazos que marcaba el Tribunal de Cuentas, que expiraban el 15 de octubre», apunta. Lo hizo el 15 de diciembre.

El Tribunal de Cuentas destacó la necesidad de elaborar un plan de financiación de la Universidad de Murcia y de la Politécnica de Cartagena para los próximos años, «que cubra el precio de las matrículas universitarias, atendiendo expresamente a la compensación del coste de las becas en la partida de la subvención básica o subvención global». Así viene recogido en su último informe de fiscalización referido a las cuentas de la Comunidad Autónoma del año 2021, aprobado el pasado diciembre. Dicho plan de financiación está en marcha por parte de la Consejería.

En materia sanitaria, el Tribunal de Cuentas recomendó que se ajusten y adapten las dotaciones presupuestarias a las necesidades reales de gasto de cada año del Servicio Murciano de Salud, las cuales, como viene reiterando en anteriores informes, «se muestran manifiestamente insuficientes para la prestación satisfactoria de los servicios sanitarios públicos».

Asimismo propuso al Gobierno autonómico y a la Asamblea que diseñen un nuevo marco legal para el sistema sanitario regional, definiendo, entre otros aspectos, la naturaleza jurídica del Servicio Murciano de Salud y su tipología.

Los avatares de la desaladora de Escombreras también se reflejan en cada informe anual, sobre la base de que esta sociedad pública sostenida por las arcas autonómicas «viene registrando desde su creación unas pérdidas significativas». El Tribunal pidió que Esamur culmine el proceso de cesión, teniendo en consideración las deudas a largo plazo derivadas del contrato de arrendamiento. Dicha sociedad sigue en trámite de disolución.

En cuanto al aeropuerto regional, el informe aludió a los derechos pendiente de cobro con la antigua concesionaria, por valor de 242 millones de euros. La Comunidad Autónoma tuvo que hace frente al aval para poder abrir el aeropuerto.