Las multas por vertidos al Mar Menor salen a medio euro por cada mil litros de salmuera

Ahora, dichas empresas, algunas de ellas grandes multinacionales con operaciones comerciales en el extranjero, se enfrentan a una multa global de más de tres millones de euros. Deberán hacer frente a las infracciones previstas en la Ley de Responsabilidad Ambiental (2,4 millones de euros), la famosa norma de 'quien contamina, paga'; y a cubrir el coste que le supuso a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) desmantelar estas desalobradoras y la red de salmueroductos que conducían los nitratos sin depurar hasta la laguna (639.441 euros).

Cuantificar el coste de reparación de los daños causados a la laguna ha resultado ser complejo. La Consejería de Medio Ambiente ha optado por aplicar «una medida teórica de reparación», según los informes internos que justifican las sanciones. La multa se tasa en base al «coste de desnitrificar las salmueras vertidas». Para ello, la Comunidad ha recurrido a un informe de 2018, elaborado por una consultora privada para un proyecto de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, y que se incluyó en el antiguo plan Vertido Cero del Gobierno central, hoy paralizado. De aquel cálculo, Medio Ambiente ha deducido que el coste para reparar el daño al Mar Menor es equivalente a lo que habría que gastar por desnitrificar un metro cúbico de salmuera: 0,575 euros.

Es decir, por cada mil litros de salmuera que produjeron las empresas señaladas, estas deberán abonar medio euro. Preguntada por este hecho, la Consejería argumenta que esta fórmula «se ha usado previamente en el procedimiento administrativo de Evaluación Ambiental del Proyecto de Vertido Cero, que fue aprobado tras someterse a una amplia consulta pública», subrayan, «por lo que las fórmulas y métodos allí aplicados se consideraron adecuados».

La actividad de estas instalaciones irregulares que limpiaban de nitratos el agua extraída de los pozos para regar generó 4.260 millones de litros de salmuera que fueron arrojados a ramblas, inyectados en los acuíferos de la comarca, vertidos por la canalización que desembocaba en el cauce del Albujón o acabaron en balsas sin impermeabilizar, por lo que se infiltraron en el suelo. El volumen de los rechazos generados conllevó la entrada en la laguna de 1.126 toneladas de nitratos, entre el 13% y el 29% de la cantidad total de este compuesto que alcanzó anualmente el ecosistema. El daño causado está catalogado como «agudo».

En concreto, el perjuicio ambiental creado está definido como 'muy grave' para la actividad realizada por tres empresas (Ciky Oro, G's España y su 'holding' internacional, y Vanda Agropecuaria).

Además, se considera 'grave' la actuación cometida por otras cuatro firmas o empresarios agrícolas (la sociedad Inagrup, Isidro Soto, Roque Madrid, Bernardino Vidal y Juan Pedro López). Las actuaciones contra estos sancionados, algunos de los cuales están imputados en el denominado 'caso Topillo', se llevó a cabo en Torre Pacheco, Los Alcázares y Cartagena.