Las multas a granjas y cultivos por contaminar el Mar Menor superan el millón de euros

La actividad del sector primario en la cuenca del Mar Menor ha estado condicionada por tres normativas desde cinco años: la Ley de protección y recuperación del Mar Menor, el programa de zonas vulnerables a los nitratos y las medidas cautelares que aprobó la CHS para frenar la contaminación de las masas de agua subterránea de la comarca. Toda esta batería de normas ha permitido destapar infracciones continuadas en el tiempo y que no cesaron tras las primeras macrooperaciones contra las desaladoras ilegales y los vertidos de salmuera que han acabado en los juzgados.

Saltarse las reglas de la protección ambiental ha derivado en el pago por sanción de más de 1,25 millones de euros, una cantidad que irá creciendo conforme las administraciones implicadas en la vigilancia de la zona vayan cerrando expedientes. Los datos recabados, que alcanzan todas las actuaciones hasta agosto de este año, reflejan que dos tercios del dinero en multas corresponde a las denuncias del organismo de cuenca, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, junto a los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil y el Seprona de Murcia.

Las inspecciones a más de cien granjas de porcino y otras tantas visitas a balsas de purines en la cuenca del Mar Menor ha permitido comprobar numerosas infracciones por vertidos contaminantes cargados de nitratos a ramblas o cauces, además de derrames de aguas residuales urbanas. Antes del verano, la CHS había logrado cerrar, o estaba a punto de hacerlo, un total de 119 expedientes por actividades irregulares.

Entre 2021 y 2023, el número de casos investigados dentro del sector porcino alcanzaron los 46, con un importe en sanciones que ascendía a 435.812 euros. La falta de impermeabilidad de las balsas donde van a parar las heces o la acumulación indebida del estiércol motivan la mayoría de las denuncias. En ambos casos, la filtración de esta sustancia en el suelo pone en riesgo el agua subterránea. Las sanciones económicas, además, se han disparado en la primera mitad de 2023.

Las inspecciones de la Consejería de Agricultura, que debe velar por el cumplimiento de la ley del Mar Menor, han terminado con el cobro hasta ahora de 389.454 euros, una cuantía procedente del pago de multas por saltarse la normativa autonómica. La cantidad total superaría el medio millón de euros, pero algunos de los expedientes no están cerrados o todavía no se han cobrado las sanciones. Otros casos están recurridos ante los tribunales.

Los expedientes cerrados ascienden a 238, mientras que quedan por resolver otros 275 expedientes relacionados con la actividad agrícola, ganadera y pesquera en el entorno del Mar Menor, aunque Agricultura, a preguntas de este periódico, no ha especificado cuántas sanciones corresponden a cada sector.

La mayoría de los incumplimientos se debe a la negativa de plantar una barrera vegetal en las fincas agrícolas para retener sedimentos o metales pesados durante eventos de fuertes lluvias o no actualizar los datos en el registro oficial de explotaciones. Pese a ello, hay casos más graves y con más atención social como el desmantelamiento de los cultivos con riego ilegal, sobrepasar los límites de nitrógeno en el abono empleado o labrar el terreno en favor de la pendiente, acelerando las escorrentías.

Desde 2021 y hasta julio de este año, la Comunidad también ha abierto 189 informes por daños al patrimonio natural o 28 multas a granjas de cerdos por no cumplir las limitaciones a una actividad condicionada por la declaración de zona vulnerable a los nitratos.