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EFE
MURCIA.
Martes, 26 de mayo 2020, 03:37
El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, remitió ayer una carta a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. En ella se solicita información sobre la situación de los pagos pendientes de las prestaciones a trabajadores incluidos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
En la misiva, Motas pidió a Díaz que le envíe «con la mayor celeridad posible» el dato exacto de los trabajadores pendientes de cobro, detallando los sectores de actividad a los que pertenecen. Además, le reclamó que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) redoble sus esfuerzos «para solucionar lo antes posible este problema, que tan nefastas consecuencias supone para las familias más desfavorecidas».
Aseguró que su consejería ha tramitado prácticamente la totalidad de los ERTE recibidos –que afectan a 78.377 trabajadores–. El consejero lamentó que está recibiendo «múltiples» reclamaciones y consultas por parte de los trabajadores al no haber sido receptores de las ayudas, que es competencia estatal.
El consejero indicó que se desconoce el número exacto de trabajadores que no han cobrado su prestación, «temiendo que muchos de ellos tendrán que esperar al 10 de junio para recibirla». Aseguró que esta situación le «inquieta» porque, según los datos publicados por el ministerio de Trabajo y Economía social, el SEPE ha abonado el 98% de las prestaciones a los expedientes recibidos, «algo que no concuerda con el gran número de quejas que estamos recibiendo».
La diputada del PSOE en la Asamblea Regional Virginia Lopo salió al paso de estas declaraciones y remarcó que Motas «no está autorizado para hablar» de ERTE, porque «es el único culpable de la mala gestión». Volvió a pedir que deje su cargo. «La única carta que tiene que escribir el consejero es la de su dimisión», remarcó Lopo en un comunicado.
Aseguró que a Motas «le pagan por culpar al Gobierno de España de hacer lo que él no hace y es su competencia, que es trabajar para generar empleo, ayudar a las empresas y proteger a los trabajadores».
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