Morán indica que el recorte se basa en «hipótesis», pero superará los 70 hm3

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, recalcó ayer que el impacto que tendrá la subida de los caudales ecológicos del Tajo en el recorte del Trasvase está basado en «cálculos hipotéticos» que podrían oscilar entre los 70 y 105 hectómetros, que el Ministerio prevé suplir con más desalación. Consideró que, en cualquier caso, «la merma en realidad la van a determinar las condiciones meteorológicas y climáticas».

En declaraciones a LA VERDAD, Morán reitera que, en el peor de los casos, se trasvasaría el mismo volumen que en el trienio 2014-2017, cuando gobernó el PP, que fueron 771,3 hectómetros. Precisó que no incluye el año de sequía de 2014, que mantuvo cerrado el acueducto 11 meses. Comparativamente, insiste en que ha trasvasado más entre 2018 y 2021, sin incluir tampoco el año pasado, también afectado por la sequía.

Respecto a la subida escalonada de los caudales ecológicos en el Alto Tajo, que empezará a aplicarse en cuanto se apruebe el decreto, el secretario de Estado explica a preguntas de esta Redacción que eso no implica que haya que soltar un metro cúbico más desde el primer día. «Si se da la circunstancia de que en esos momentos el río lleva un caudal suficiente, no hay que aplicarlo. No hay que forzar el caudal ecológico. Se trata de un mecanismo de gestión que se produce a lo largo del año; por eso digo que es imposible saber si eso va a suponer una merma», añade en referencia a las reservas trasvasables. Indica que todas las confederaciones hidrográficas tienen unas Comisiones de Desembalses que informan a los usuarios y adopta las decisiones al respecto.

Hugo Morán dice desconocer la fecha en la que el Consejo de Ministros aprobará el decreto, y propone esperar al dictamen del Consejo de Estado, probablemente la próxima semana. Señaló que si el máximo organismo asesor «establece algunas observaciones de fondo, se incorporarán, como no puede ser de otra forma. El trámite del Consejo de Estado sirve precisamente para trasladar seguridad jurídica a la herramienta de planificación».

Tras la protesta en Madrid y las numerosas peticiones para que el Ministerio reconsidere su postura, entre ellas las del Consell y los socialistas de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, el secretario de Estado apunta que no variará el planteamiento para aplicar toda la subida de caudales en el Tajo hasta 2027. Negó nuevamente que se haya inclinado a favor del Gobierno de Castilla-La Mancha. Sostiene que el dictamen final del Consejo Nacional del Agua enviado al Consejo de Estado «recoge todas las observaciones y votos particulares. Es la mayoría resultante de todas las intervenciones», que dijo que fueron muchas. Añade que la cuenca del Tajo aceptó que los caudales se apliquen de forma progresiva, a petición de la del Segura, lo cual considera «una excepción» en la planificación. Precisa que no fue un acuerdo entre los organismos de cuenca.

La cláusula que aminora el impacto en el Trasvase (pactada con Puig y Vélez) fue suprimida en ese proceso porque no tuvo aceptación en la cuenca cedente, que habría acudido a los tribunales para solicitar su anulación, dice.

«Uno empieza ya a cansarse de escuchar ese mensaje reiterado de que esto es una decisión arbitraria y política», señala Morán. Cree que la planificación en lo que afecta al Trasvase «se ha convertido en un elemento de utilización política y de captación de votos» durante muchos años. En ello incluye a todos los partidos. Morán se muestra convencido de que funcionará el plan alternativo basado en más desalación. «Los planes nos dicen que en el año 2025 estaríamos en condiciones de suplir esos hipotéticos 105 hectómetros, el rango más alto».

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, celebró la actitud de la sociedad de su región y su «tozudez, tenacidad y apoyo unánime» en la defensa del agua. «Hemos dado un salto de gigante para conseguir otro compromiso. Para aquellos que plantean que es una guerra electoral, déjense de tonterías, es mucho dinero», dijo.

La consellera de Agricultura, Isaura Navarro, defendió que el Consell dará la «batalla por tierra, mar y aire» para que el Gobierno central vuelva a «la senda del diálogo» y recupere el acuerdo del Consejo Nacional del Agua sobre la revisión de los caudales ecológicos.

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