El PP exige la dimisión del portavoz socialista tras ser denunciado por un funcionario

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Molina de Segura, Sonia Carrillo, exigió ayer al secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, «el cese inmediato» del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Molina de Segura, Ángel Navarro, que ha sido llamado a declarar el próximo 9 de enero por un presunto delito de prevaricación administrativa. Acompañada por la secretaria general del PP regional, Maruja Pelegrín, Carrillo afirmó que «es muy grave que el jefe del PSOE en la Región acabe de nombrar como secretario de Organización en Molina a un imputado, incumpliendo su código ético, que reza que ningún investigado puede ostentar cargo público alguno».

La portavoz popular pide al secretario general del PSRM-PSOE que «actúe con coherencia y lo destituya, tal y como exigieron al PP desde la oposición» en el Consistorio molinense. Carrillo manifestó que «empieza con mal pie Diego Conesa dando cabida en cargos institucionales y orgánicos a ediles imputados». Sonia Carrillo también se dirigió a la alcaldesa, Esther Clavero, para que «retire las competencias al concejal, que es su mano derecha en el equipo de gobierno, le exija la devolución del acta y no ampare a un investigado por prevaricación». «La línea roja que marcaron los socialistas en Molina hace año y medio, de repente se ha difuminado, ya no importa estar imputado para ser concejal en nuestro ayuntamiento, según la nueva doctrina de Clavero y Conesa».

La portavoz popular explicó que el Juzgado de Instrucción número 6 de Molina ha admitido una querella contra el portavoz del gobierno, el concejal socialista Ángel Navarro, quien deberá declarar el día 9 en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa y acoso laboral. La querella ha sido presentada por un funcionario del Consistorio molinense, el ex jefe del servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), José Antonio Milanés.

El concejal socialista, que tiene delegadas las competencias de Recursos Humanos, entre otras, indica que la denuncia del funcionario es «reactiva», ya que este fue denunciado con anterioridad. Por este motivo, Navarro sostiene que el trabajador que le ha denunciado «ha pensado que la mejor defensa es atacar». En concreto, la Fiscalía denunció el pasado 14 de marzo al funcionario tras el expediente disciplinario y el juzgado, a su vez, inició un procedimiento penal contra él. Por ello, apostilla que «a partir de ahí, el funcionario se querella contra mí, por haberlo apartado como jefe de servicio diciendo que eso es acoso laboral y prevaricación».

«Si soy denunciado por perseguir hechos que pudieran ser corruptos, pues me van a denunciar muchas veces, porque es mi obligación y mi responsabilidad», remarca. Y recuerda al PP que «no es lo mismo una denuncia por corrupción, que por una cuestión meramente administrativa, pues yo solo firmo en base a unos informes técnicos». La alcaldesa también expresa su apoyo a Ángel Navarro, y defiende que a él «se le imputa una cuestión administrativa». Tanto Clavero como Navarro explican que «denunciamos tras recibir un caso de corrupción». El funcionario está denunciado por adjudicarse presuntamente 200.000 euros a la empresa que pasó a ser de su mujer. El instructor lo apartó de su puesto de manera preventiva por una falta grave.

Navarro detalla que los hechos se remontan al 14 de octubre de 2016, cuando el registro del Ayuntamiento recibe una denuncia que señala que un funcionario (J. A. M.) es propietario de una empresa (Insotec) que, posteriormente, pone a nombre de su mujer para hacer contactos con el Consistorio. Cinco días después, «resuelvo iniciar un expediente de información reservada, de cuya investigación se desprende que hay 13 facturas que la contabilidad acredita haber sido pagadas a esa firma por un importe de casi 200.000 euros. De las 13 solo se han adjudicado dos con procedimiento normalizado», explica.

Navarro indica en un comunicado que «a la vista de estas pruebas, el instructor determina que se podría haber cometido una infracción grave y que no existía en el departamento de Contratación ni siquiera la solicitud de algunos de los trabajos facturados». Ante esta situación, según relata Navarro, «el instructor entiende que se le debe apartar de su cargo como jefe de servicio de Nuevas Tecnologías, ya que dispone de acceso a todos los archivos del Ayuntamiento, con la posibilidad de modificar o eliminar pruebas que perjudicarían la instrucción del expediente».

Posteriormente, el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Molina, Manuel Luna, abrió diligencias previas tras una querella presentada por el trabajador municipal contra el jefe de Personal del Ayuntamiento de Molina y contra Ángel Navarro. El edil remarca que «soy el primer interesado en explicar todos los hechos ante el juez, aportando todas las pruebas». Y agrega que «me pongo a disposición de lo que determine la justicia, con la total convicción de que lo único que he hecho fue cumplir con la obligación de concejal».