La fiscal del crimen de los holandeses reitera la petición de 50 años para los acusados

La fiscal reiteró su solicitud de 50 años de condena para los tres principales acusados de los asesinatos de la jugadora holandesa de voleibol Ingrid Visser y de su pareja, Severein Lodewikj, ocurridos en una casa rural de Molina de Segura hace ahora casi dos años.

El escrito de conclusiones provisionales de la fiscalía se produce días después de que uno de los presuntos autores materiales del doble crimen, Constantin Stan, prestara declaración por segunda vez en el juzgado al no haberse podido recuperar en su momento el sonido de la primera.

Ante esa dificultad para escuchar el vídeo de su primera declaración -que, con posterioridad, sí fue posible obtener- el presidente del jurado popular que juzgará los hechos, el magistrado Augusto Morales, ordenó al juzgado de instrucción repetir el interrogatorio, lo que se produjo el pasado 6 de abril.

Tras la repetición de esta prueba testifical, la fiscal del caso considera que no se han producido hechos nuevos que le hagan variar su primer escrito de acusación, que formuló meses atrás.

En su acusación reitera que quien planificó el doble crimen fue supuestamente el exgerente del club de voleibol en el que jugó Visser, Juan Cuenca, mientras que de la autoría material se habrían ocupado presuntamente él mismo y Constantín Stan y Valentín Ion, de nacionalidad rumana, o estos dos últimos siguiendo las indicaciones del primero.

Los acusados, añade, habrían golpeado repetidamente con un objeto no localizado a la pareja, a la que causaron lesiones mortales de necesidad, y enterrado después los cadáveres en una finca ubicada en la pedanía murciana de Alquerías. Igualmente, considera que causaron a Visser y Lodewijk males innecesarios "para aumentar deliberadamente su dolor".

Cada uno de ellos se enfrenta a solicitudes de condena de 50 años de prisión por dos delitos de asesinato, mientras que para el cuarto imputado, Serafín de Alba, dueño del huerto donde fueron enterrados los cadáveres, se piden tres años de cárcel por un delito de encubrimiento.