El Ministerio prepara nuevas limitaciones en zonas inundables tras la trágica dana de Valencia

El Ministerio para la Transición Ecológica ha movido ficha y prepara un nuevo real decreto que endurezca la normativa estatal que pone limitaciones a qué se puede hacer o construir y qué no en zonas inundables. Pretenden modificar varios reglamentos nacionales para profundizar en nuevas medidas que «minimicen el riesgo para las personas y los bienes». Lo hará fijándose en «el Levante peninsular», propenso al «fenómeno conocido popularmente como 'gota fría', que provoca precipitaciones intensas con crecidas repentinas de cauces e inundaciones».

El departamento de Sara Aagesen no concreta más detalles sobre qué aspectos se endurecerán, pero expertos consultados por este periódico apuntan a la necesidad de dibujar sobre los planos áreas inundables mayores y limitaciones más serias para la urbanización en terrenos propensos a acumular agua o donde se generan riadas. El Ministerio habla incluso de establecer un «marco común de colaboración» con comunidades y ayuntamientos para implantar medidas de protección de inundaciones y formar a ciudadanos y funcionarios para que estén más preparados ante el peligro.

Aagesen, en una entrevista reciente en LA VERDAD, explicó que su Ministerio actuará este año «para avanzar dentro del ámbito de nuestras competencias y espero que el resto de las administraciones entiendan las lecciones de la dana, que debe hacernos trabajar a todos en la misma línea y a cambiar las prioridades: primero la protección de las personas».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, declaró ayer a este periódico que «la materialización de esta normativa evidentemente contará con aportaciones de los técnicos del organismo de cuenca, en la que, como es sabido, esta problemática es objeto de numerosos informes por parte del personal de la Comisaría de Aguas». El nuevo real decreto planteará nuevas acciones tanto sobre zonas inundables como de zonas de flujo preferente (terrenos donde se registran corrientes de agua), y se realizará en paralelo a la preparación del tercer ciclo de planificación contra el riesgo de inundaciones, que abarcará el periodo 2028-2033.

Urrea añadió que, así como Transición Ecológica avanza en la normativa de aplicación para la gestión del riesgo de inundaciones, «esperamos que la Comunidad Autónoma de Murcia lo haga igualmente, de manera coordinada con el Ministerio, ya que es la única comunidad autónoma mediterránea, territorio este conocido por la frecuencia con que padecen episodios frente a inundaciones, que aún no ha desarrollado las normas adicionales a las del Estado para las limitaciones de usos en las zonas inundables de acuerdo con sus competencias». «Ya en 2016 disponían de estas normas adicionales Andalucía, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana en el ámbito mediterráneo», recordó Urrea.

El presidente del organismo de cuenca se refiere al Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación en la Región de Murcia (Potpri), cuya tramitación quedó paralizada en 2022 en la Consejería de Fomento. Tras la dana de octubre, el consejero Jorge García Montoro prometió relanzar el documento y licitarlo pronto, aunque estaría condicionado a la revisión de los mapas de zonas inundables que lleva a cabo la CHS.

Fuentes de esta Consejería subrayaron ayer a LA VERDAD que, aunque el Gobierno regional puede establecer esas medidas adicionales, estas son «complementarias a las establecidas por el Ministerio como administración competente en la gestión del Dominio Público Hidráulico». Añaden que planes como el Potpri serían «el último eslabón competencial porque el Gobierno central (a través de la CHS) es el que ostenta la competencia de las obras de contención, porque los riesgos de inundación se evitan con infraestructuras de defensa, tal y como se ha venido haciendo durante siglos».