El Ministerio impone multas por 692.000 euros por vertidos en la cuenca del Mar Menor

«Hay 119 expedientes finalizados o en trámite por actividades contaminantes prohibidas o vertidos (balsas de purines y aguas residuales urbanas)», informó el departamento que dirige Teresa Ribera. Y añadió que «se han reforzado los equipos» de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) «para obtener un diagnóstico de presiones derivadas tanto de los vertidos de aguas residuales como de las explotaciones ganaderas de todo el ámbito territorial».

«En relación al control de explotaciones ganaderas de porcino, se está efectuando la inspección de granjas mediante fotointerpretación y visitas a terreno, valorando el cumplimiento de la normativa aplicable prestando especial atención en lo referente a la impermeabilización de las balsas de purines. Hasta la fecha se llevan inspeccionadas más de 100 granjas», apuntó el Miteco. Y recordó que, «con motivo de las lluvias caídas durante mayo, junio y septiembre se ha efectuado una visita a campo a las explotaciones ganaderas ubicadas en las proximidades de ramblas, sobre todo de la rambla del Albujón, para el control e identificación de posibles desbordes de las balsas de purines y vertidos a la red de drenaje superficial o a terreno».

Se trata de una labor añadida a la que realiza la Guardia Civil, que a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del Ucoma (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) ha destapado numerosas anomalías en granjas de cerdos en la cuenca del Mar Menor. El Instituto Armado, que mantiene una continua colaboración con la CHS y con la Fiscalía, informó en mayo de que había realizado 54 inspecciones en cebaderos e instalaciones destinadas al abastecimiento de estos en Cartagena, Fuente Álamo, Torre Pacheco, Alhama de Murcia y Totana. La revisión de 255 balsas de almacenamiento de purines y 20 de acopio de estiércol sacó a la luz «un gran número de irregularidades» y motivó la formulación de 118 denuncias administrativas. Las diligencias fueron remitidas también al Ministerio Público, que estudia la posible responsabilidad penal de empresas y particulares.

«Para el cumplimiento de dicho objetivo, se dispone un presupuesto específico ya encargado de 251.637,15 euros, a ejecutar en 36 meses desde la aprobación del encargo en mayo de 2022», indicaron también desde el Ministerio. Y añadieron que «en materia de apoyo a los vertidos de aguas residuales están en marcha distintos trabajos para la mejora del conocimiento sobre la calidad de las aguas superficiales y sus posibles fuentes de contaminación puntual en una cuenca de drenaje superficial conectada a una masa de agua subterránea en riesgo». También está elaborando un inventario de puntos de vertido.

En el ámbito de la agricultura, el Gobierno central ha dado ya por interrumpido el riego en 8.988 hectáreas, cuyos titulares carecían de los correspondientes derechos de uso privativo de aguas. Se trata de la «desconexión/precintado e interrupción de suministro en origen a más del 100% del total de superficie ilegal detectada inicialmente», afirma el Ministerio. Y anota, entre las novedades, el cálculo de la superficie donde ha cortado el agua que llegaba desde la desaladora del propio Miteco en Valdelentisco y de la de la Comunidad Autónoma en Escombreras, en aplicación de la medida cautelar que exige a los regantes acreditar que disponen de las autorizaciones requeridas y que cumplen con la legislación de protección del Mar Menor y de su cuenca.

En concreto, «se ha interrumpido el suministro desde las desaladoras de Valdelentisco y Escombreras a 1.200 hectáreas. correspondientes a 24 expedientes por incumplimiento de las condiciones de la autorización provisional», detalla el Miteco en su informe.

Dentro del objetivo general de evitar vertidos de nitratos y fosfatos de origen agrícola, principal fuente de degradación ambiental del Mar Menor, el Ministerio ha continuado con su lucha contra esta el regadío ilegal. Según sus cifras, «la superficie que actualmente tiene resolución sancionadora asciende a 7.057 hectáreas, y derivan de la tramitación de 460 expedientes. De ellos, en cumplimiento de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, se han remitido a la Comunidad 394 expedientes, los firmes en vía administrativa, para la restitución a su estado original de las 6.354 hectáreas con las que se corresponden». «En el informe periódico de la Comunidad de septiembre, se indica que se han restituido un total de 1.385 hectáreas», recuerda el Ministerio. Transición Ecológica sigue sin aclarar si, como sostiene el Gobierno regional, en realidad solo le ha comunicado 4.850 hectáreas, puesto que la CHS habría remitido «expedientes sobre las mismas parcelas computando varias veces la misma superficie».

Entre tanto, el Ministerio sigue adelante y está tramitando otros 46 expedientes, que suponen 745 hectáreas. Además, ha enviado 327 apercibimientos de ejecución subsidiaria para precintado y desconexión, por un total de 5.047 hectáreas, y ha firmado 137 resoluciones de ejecución subsidiaria por 2.291 hectáreas. «Como consecuencia de esta tramitación, en 4.886 hectáreas (327 expedientes) se ha producido el cumplimiento voluntario del cese de uso privativo ordenado en la resolución sancionadora». Y «se ha comprobado el cese voluntario de la actividad sin necesidad de realizar apercibimiento en 2.579 hectáreas (154 expedientes). Esto sumaría un total de 7.465 ha de desconexiones voluntarias comprobadas por los agentes medioambientales en el terreno. Las no voluntarias, materialmente ejecutadas por esos agentes y por técnicos de la Comisaría de Aguas de la CHS, ascienden a 323 hectáreas», enumeró el Miteco.

Asimismo, informó de que «la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado continúa solicitando de manera puntual la colaboración de la unidad de Comisaría de Aguas para inspeccionar las fincas con expediente sancionador de mayor superficie denunciada». «Se han identificado las parcelas en las zonas con limitación de usos, en las que durante el año 2021 se incumplieron las medidas cautelares como consecuencia de haber realizado en ellas más de dos cosechas», expuso.

También en el ámbito agrario, el Ministerio ha instado a las comunidades de regantes y usuarios a acreditar el cumplimiento de las medidas cautelares de protección de dos acuíferos, declarado en riesgo químico en julio de 2020. Esas acciones «se refieren a limitaciones a la fertilización, implantación del cuaderno o registro de la explotación agraria, sistema de monitorización del uso y aplicación del agua de riego y de la fertilización mineral a través de ella», indicaron en el Gobierno central. Y señalaron que la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena ha presentado 2.772 expedientes con registros de regantes, para una superficie total de 37.072 hectáreas.

«La CHS se encuentra en pleno proceso de constitución de las Comunidades de Usuarios de los dos acuíferos, iniciados mediante anuncios en el BOE el pasado 29 de marzo de 2023, y de elaboración del correspondiente Programa de Actuación de estas masas subterráneas. Tras el periodo de información pública se han recibido un total de 206 alegaciones al censo de regantes, que están siendo analizadas con el objeto de actualizar dicho censo», plasma también el informe.

En cuanto a la ejecución presupuestaria del plan de recuperación del Mar Menor, el Ministerio asegura que ya ha comprometido un gasto de 110,419 millones de euros, el 22,79 % del presupuesto previsto (484,4 millones). El presupuesto ejecutado es ya de 56,88 millones, el 11,74 % del total.