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JOSÉ M. CAMARERO
MADRID.
Viernes, 30 de septiembre 2022, 02:21
El acuerdo para subir el sueldo de los funcionarios entre el Gobierno de España y los sindicatos está más cerca después de que el Ministerio de Hacienda mejorara ayer las cuantías por las que se incrementarán los salarios de este colectivo tanto para el próximo año como en 2024, aunque en ambos casos condicionado por la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) de España.
En la reunión que tuvo lugar ayer –la segunda entre ambas partes–, el Ejecutivo central ofreció una propuesta en la que los salarios de estos trabajadores se incrementarán un 9,5% entre 2022 y 2024, frente al 8% que Hacienda había propuesto 24 horas antes en el primer encuentro. Los sindicatos –al menos UGT y CC OO– salieron ayer satisfechos después de cuatro horas de conversaciones con los representantes del Ministerio, a la espera de que sus órganos de dirección estudien hoy el documento y valoren su aprobación.
Para el presente ejercicio, se mantiene la misma idea: que los funcionarios mejoren un 1,5% sus sueldos, adicional al incremento aplicado desde comienzos de año (en enero subieron un 2%, cuando la inflación aún se encontraba en el entorno del 4%). Este incremento adicional tiene carácter retroactivo precisamente desde el 1 de enero de este año.
La mejora sustancial llegará el próximo año, cuando el salario de los funcionarios subirá un 3,5%. Se trata de un punto porcentual más que en la última propuesta de Hacienda. En concreto, el Gobierno ha planteado a los sindicatos (UGT, CC OO y CSIF) un alza fija del 2,5% con dos variables: uno, de un 0,5% adicional vinculado al IPC acumulado de 2022 y 2023, siempre que la inflación termine por encima del 6% en ambos años; y otro medio punto porcentual adicional si España crece por encima del 5,9% en esos dos ejercicios.
Y de cara a 2024, la propuesta de Hacienda pasa por una subida que puede alcanzar el 2,5%. Sería un fijo del 2% y un variable de medio punto porcentual más si el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.
Con estos números sobre la mesa, los sindicatos UGT y CC OO mostraron una posición más cercana al acuerdo que a la ruptura. De hecho, en UGT, su secretario general de Servicios Públicos, Julio Lacuerda, avanzó ayer que la organización aceptaría esa última propuesta del Gobierno. En el caso de CC OO, su coordinador del área pública, Humberto Muñoz, aclaraba a la salida de la reunión que le hubieran gustado más avances, sobre todo en la parte no salarial –la relativa a la jornada laboral de 35 horas y otras cuestiones–, aunque mostró su disposición al acuerdo, que en cualquier caso tiene que ser valorado por el sindicato.
La organización más reacia a aceptarlo es CSIF, principal sindicato de la función pública. Se remiten, de nuevo, a la reunión que tendrá lugar el próximo lunes, ya que consideran insuficiente y exigirán alcanzar un alza total de, al menos, un 10% en los tres próximos años.
La subida salarial que el Gobierno central apruebe año tendrá una enorme repercusión en la Región, ya que afectará a las retribuciones de unas 103.500 personas que trabajan para el sector público, según la media de la Encuesta de Población Activa del año 2021. De ellas, 58.843 son empleados de la Comunidad.
Julián Mollejo
La reunión de la Mesa sectorial de Administración y Servicios de la Comunidad Autónoma puso de manifiesto ayer la coincidencia de todos los sindicatos de funcionarios en reclamar la semana de 35 horas.
La reunión tenía por objeto analizar cómo afecta a los empleados públicos el nuevo decreto ley de simplificación administrativa que prepara el Ejecutivo autónomo, pero en el turno de ruegos y preguntas los cuatro sindicatos con representación en la mesa, CC OO, UGT, CSIF y la federación formada por ANPE y Satse, plantearon la recuperación de la jornada de 35 horas semanales. La directora general de Función Pública, Carmen María Zamora, eludió pronunciarse al no haber aún una propuesta oficial.
La portavoz del Ejecutivo, la consejera Valle Miguélez, declaró ayer, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que están «a la espera» de conocer la propuesta formal sobre la implantación de las 35 horas y el resultado de las negociaciones del Ministerio de Hacienda con los sindicatos, pero recordó que la Región es la autonomía peor financiada.
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