

Secciones
Servicios
Destacamos
La lentitud en la ejecución del Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la minería (Prasam 2018-2020) y las dificultades surgidas a la ... hora de obligar a las empresas propietarias a asumir las obras de clausura y restauración de balsas de residuos y suelos contaminados, han llevado a la Comunidad Autónoma a plantearse un giro en su estrategia. La Consejería de Empresa, Industria y Portavocía está trabajando en un «cambio de modelo», para evitar nuevos retrasos e impulsar las actuaciones en las presas mineras abandonadas, que entrañan riesgos para el medio ambiente y para la seguridad y la salud de las personas en la Sierra de Cartagena-La Unión y en Mazarrón. Para ello y para atajar los problemas de dispersión de metales pesados por el viento y la lluvia, la Administración regional tratará de captar fondos europeos.
Este dinero complementaría las nuevas subvenciones que pudiera dar el Gobierno de España y el que abonaran compañías privadas y particulares, en procedimientos de ejecución forzosa o mediante los acuerdos de «colaboración público-privada previstos» en el Prasam.
Según los cálculos de la Dirección General de Minas (que pertenece al área de Empresa y que ha contactado con el Ministerio para la Transición Ecológica), el programa tendría un presupuesto de 150 a 200 millones de euros. Solo para las 29 balsas peligrosas de la Región, el Prasam plantea un gasto de 78 millones.
79 instalaciones abandonadas o cerradas hay en España
29 de estas balsas peligrosas están en la Región, según el IGME
19 de las 30 peores están en La Unión, Cartagena y Mazarrón
78 millones de euros prevé invertir el Prasam de 2018 a 2028
El director general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Eduardo Piné, precisó a LA VERDAD que su departamento seguirá reclamando a las empresas que causaron la contaminación, como concesionarias de las explotaciones, y en su defecto a las actuales propietarias del suelo que cumplan sus «obligaciones legales». Y destacó que Minas ha intensificado este año el envío de requerimientos y de expedientes sancionadores, que pueden acabar en la ejecución subsidiaria por parte de la Comunidad.
En todo caso, tras haber conseguido una subvención estatal de 4 millones de euros para sellar el depósito 'El Lirio' (junto al complejo cartagenero La Manga Club), la Consejería que dirige Ana Martínez Vidal quiere dar otra vuelta de tuerca. Por ello, ha planteado al Ministerio de Teresa Ribera optar, de forma conjunta, a ayudas de la Unión Europea vinculadas al plan de recuperación ante la pandemia de Covid -19.
«El Gobierno regional va a a presentar un proyecto estratégico para abordar con la mayor eficacia y agilidad posible el reto de la recuperación de las estructuras y de los espacios degradados por la antigua actividad de extracción de minerales», señaló Piné. Y apuntó que «la consejera quiere impulsar una solución integral, con tres objetivos: evitar riesgos para las personas y el medio ambiente; convertir las antiguas zonas mineras en áreas de absorción de CO2 (dióxido de carbono); y contribuir a la recuperación del patrimonio industrial-minero y a la dinamización económica, turística y social de las áreas afectadas».
De las 79 balsas incluidas en el Inventario de Instalaciones Mineras Abandonadas o Cerradas del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 29 están en la Región. Y entre las 30 de mayor riesgo, 19 son murcianas. De las 29 citadas, solo una ha sido ya clausurada, otra está en proceso y hay planes a corto plazo para dos.
La Comunidad invirtió en 2018 1,6 millones en la presa de residuos 'San Cristóbal II', en Mazarrón. Y prevé meter las máquinas pronto en 'El Lirio' y destinar 4,5 el próximo año al depósito mazarronero 'San Cristóbal I'. La empresa Portmán Golf ya ha asegurado el talud de 'Brunita', en La Unión, y plantará en enero 20.000 ejemplares de una treintena de especies vegetales.
Queda despejar la situación de 25 terreras, algunas situadas cerca de ramblas. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) destinará en los próximos años 4 millones, la mayor parte de la UE, a restaurar cauces y reforestar sus cabeceras, dentro del Plan de Vertido Cero al Mar Menor.
Piné también adelantó a este diario que la consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal, del partido Ciudadanos, propondrá al Ejecutivo regional que Minas asuma la presidencia permanente del Prasam, para «ganar en coordinación y agilidad». Ahora se turna cada seis meses con la Dirección General de Medio Ambiente, responsabilidad del consejero Antonio Luengo, del PP.
Martínez Vidal pone sobre la mesa que Medio Ambiente mantenga la presidencia de las comisiones de expertos y de participación social. Este grupo de trabajo, donde deben tener presencia colectivos vecinales, lleva dos años sin ser constituido.
El director general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Eduardo Piné, aseguró que el Gobierno tiene informes que justifican la aplicación a los propietarios de las balsas mineras del Real Decreto 975/2009 sobre residuos y espacios afectados por la minería y, en su defecto, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
En el depósito San Cristóbal II y de El Lirio, los requerimientos enviados a las empresas causantes de la contaminación y a los titulares actuales fueron ignorados por los afectados. La Comunidad, que acumula tres décadas de retraso en estos asuntos, asumió las obras y pasar la factura a los responsables, para tratar de recuperar el dinero público.
Otras compañías llevan dos años advirtiendo de que no están obligadas actuar y de que, si les plantean la fórmula de la colaboración público-privada, no les pueden exigir inversiones excesivamente costosas.
La mercantil Portmán Golf, que posee la mayoría de la Sierra de Cartagena-La Unión pues compró los bienes de Peñarroya en la década de 1980, ha presentado numerosas alegaciones y, en el caso del depósito unionense El Descargador I, un recurso contencioso-administrativo.
Fuentes de la compañía sostienen que «el responsable de las obligaciones en materia de restauración, rehabilitación y protección de la seguridad de las personas y del medio ambiente es quien haya explotado el yacimiento». Y añaden que «el propietario del terreno únicamente será responsable, si ha explotado las balsas, previa autorización de la Administración».
Por último, la compañía entiende que si la concesión ha caducado o el concesionario está desaparecido o se desconoce su identidad, debe actuar el Estado. Y ello porque es el «legítimo propietario» de la balsa y de los residuos, «bienes de dominio público».
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Las olimpiadas de la FP cántabra
El Diario Montañés
La segunda temporada de Memento Mori se estrenará este mes de abril
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.