Miguel Pasqual del Riquelme: «La tragedia es que no se corrige nuestro déficit histórico de órganos judiciales»

En junio denunció las «asimetrías» existentes en la justicia que se imparte en las distintas regiones y lamentó la existencia de «justiciables de segunda». ¿Debemos resignarnos a esa categoría?

El servicio público debería estar equitativamente distribuido y no lo está. Las cifras lo evidencian. Hay notables asimetrías. En la Región, 10,8 jueces por cada 100.000 habitantes frente a la media nacional de 12 y sabiendo que hay otros que están en 14 y 15. Esto es algo que habría que corregir y la tragedia de esta comunidad es que, año tras año, con ocasión de las hornadas de nuevos órganos judiciales, este año 70, pues no se corrigen esos déficits históricos. Incluso recibimos juzgados en un número menor, no solo al que nos correspondería para igualarnos, sino menor que otras regiones que sin embargo sí están por encima de la media. Ahí hay una razón difícil de discernir de por qué esto ocurre. Lo cierto es que ocurre.

¿Tiene alguna idea de por dónde puede ir esa razón?

No sabría decir. Desde que yo llegué a la presidencia, en el plan estratégico que elaboramos, una de las principales líneas de actuación que he mantenido ha sido la de ubicar en la agenda política de la Región, y si es posible nacional, el cubrir esas asimetrías, esos agravios que la Región de Murcia sufre en el ámbito judicial. Prácticamente he dedicado gran parte de mi tiempo a tratar de meter ese tema en la agenda pública. Tengo la sensación de que sí, de que forma parte del paisaje, de las conversaciones y de las reivindicaciones frecuentes, pero lo cierto es que el cambio de inercia no se produce. No sé si es un problema de peso de la Región, que también en justicia se manifiesta con un déficit de atendimiento de nuestras necesidades; no sé si son cuestiones de mayor calado político en las que haya que contentar a otras regiones y no a la nuestra... No sé si es falta de implicación con mayor intensidad de nuestros responsables.

¿Ha echado en falta un mayor apoyo de los representantes de las administraciones, tanto regional como nacional, en la lucha por estas reivindicaciones?

Por lo que se refiere a las autoridades regionales he tenido siempre comprensión, ayuda y complicidad al entender y asumir la estrategia. Sin embargo, los cambios no se han producido. Sí lo echo en falta en algunas situaciones en las no veo materializarse ese compromiso más allá de las palabras. Es el caso del Pacto regional por la justicia, en el que estuvimos trabajando en la esperanza de que aglutinara una reivindicación que me parecía ajena a cualquier color político. Sin embargo, pues no pasó con esa unanimidad y perdió la poca o mucha fuerza que un documento así podía tener. En ese momento no necesitamos enemigos porque fuimos los propios murcianos los que lo desactivamos. Además, año tras año escucho con atención los debates sobre el estado de la Región con la única esperanza de ver cuántas veces se dice la palabra justicia. Lamentablemente, nunca se escucha. Haría falta que la voz de la Región se oyese más allá de la voz del presidente del TSJ.

La ministra de Justicia ha visitado esta semana la Región. ¿Saben ya cuántos juzgados se crearán el próximo año?

Nos vuelve a ocurrir lo mismo. De las cinco peticiones que hacíamos, en el borrador bastante avanzado que maneja el Ministerio, solo dos plazas son las que está previsto crear: un juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Lorca, el número 8; y un juzgado de Primera Instancia, civil puro, en Murcia. Eso deja fuera un juzgado de Primera Instancia en Cartagena, un segundo juzgado de Primera Instancia en Murcia y el tercer juzgado de Violencia sobre la Mujer en Murcia con pretensión de comarcalizar esta materia. Esto produce frustración sobre todo si nos comparamos con qué le pasa a los otros territorios. Hay nueve comunidades autónomas que reciben más juzgados que Murcia y compartimos el puesto con Extremadura y Aragón, que también reciben dos juzgados. Existe el frustrante matiz de que Extremadura y Aragón son dos de los territorios que están más al día en tiempos de respuesta hasta al punto de poder hablar de una situación de casi perfección en la respuesta judicial, en cuanto a tiempos se refiere. Nuestra respuesta es tan buena e intensa como la de todos esos territorios, si no más, sin embargo, a la hora de crear plazas nos encontramos en esa descorazonadora situación de que vuelve a producirse la misma historia. Cuesta trabajo comprenderlo y asumirlo. También existen buenas noticias, como la elevación a magistradode las plazas del partido judicial de San Javier y la nueva demarcación de los juzgados de lo Penal de Lorca, que asumirían los asuntos de Caravaca.

La decisión supone un nuevo revés para la zona de Cartagena, ya bastante indignada por el retraso del juzgado de lo Mercantil.

Supone un revés para la Región porque necesidades hay en muchos sitios. Somos conscientes de las dificultades que tenemos siempre con Cartagena de la que es exponente el caso del Mercantil. Es muy costoso instalar nuevos órganos judiciales no teniendo sede. Crear un juzgado nuevo en Cartagena no teniendo sede supone dilatarlo a tres años y la buena noticia, dentro de ese escenario, es que sí se ha dado un paso extraordinariamente importante con el avance en la identificación de la ubicación de la nueva Ciudad de la Justicia de Cartagena. Yo me quejo cuando hay motivo y agradezco cuando también lo hay. Hay un enorme motivo de satisfacción para la Región porque las inversiones, irreversibles en su mayor parte, van a cambiar el paisaje en lo que se refiere a infraestructuras. Lo bueno es que una vez que tienes los contenedores es mucho más fácil llenarlos de juzgados. Aunque no sean para mañana ni para pasado, ese paisaje de fondo al que nos iremos aproximando nos va a permitir que dentro de unos años la Región esté en una situación absolutamente distinta. Eso hay que reconocerlo.

Recientemente hemos visto a unos vecinos de la Región que echaban a unos okupas de su casa. En la calle comienza a ganar peso el discurso de que es necesario actuar personalmente ante una justicia que, en muchas ocasiones, se hace esperar demasiado. ¿Le preocupa?

Absolutamente. Es el tipo de cosas que ocurren cuando las instituciones no dan la respuesta esperada. A la sociedad le pasa como a la naturaleza, que tiene horror al vacío y cuando se abren espacios de impunidad o de inacción no quedan vacíos se llenan y se llenan de formas inadecuadas. Esta es una clarísima forma inadecuada de recurrir a medios que no son propios de una sociedad democrática. La lección a aprender por aquellos a quienes corresponde es que los juzgados deben estar dotados para que esos vacíos no se produzcan y no haya tendencia a ser llenados de forma indebida como en ese caso. No es muy distinto a lo que ocurre con la renovación del CGPJ. No es sino un vacío, un incumplimiento de la previsión normativa que produce monstruos.

Quería conocer también su opinión sobre las conformidades. Hemos visto acuerdos entre las partes que derivan en unas rebajas penales muy grandes en temas que resultan delicados.

El espacio que le corresponde a un juez cuando le presentan una conformidad es muy escaso. Se limita a chequear que efectivamente los hechos son constitutivos de delito, que la calificación jurídica es adecuada y que la pena está entre las imponibles, pero no le corresponde rechazar una determinada pena solo porque a él le parezca mucha o poca, La conformidad del juez es, cumplidos esos requisitos, un acto debido. La responsabilidad de presentar propuestas de conformidad le corresponde a las partes. A las horas de identificar en aquellas conformidades que chirríen hay que mirar al lugar donde ese decalaje entre lo esperado y lo ofrecido se produce y no a la figura del juez. Una segunda reflexión, la conformidad no es un atajo, ni es una bagatela. Es una previsión legal que existe. Los mecanismos que permiten normalmente rebajas de pena en conformidades suelen venir por dilaciones indebidas y éstas tampoco son una salida lateral. Es aplicar una previsión legal que tiene un fundamento y es que una justicia tardía es menos justicia y que los retrasos no deben ser soportados por quienes sufren unas penas de manera tan tardía. Debemos mirar nuevamente al origen. ¿Quién es el responsable de que nuestros tribunales no tengan la capacidad de resolver en tiempos razonables que eviten en su caso la aplicación de las dilaciones indebidas?

En su momento denunció que existía un abuso político de las querellas que no venía a ayudar a mejorar la situación de los juzgados. Tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. ¿Teme que vuelvan a tocar a la puerta?

Lo que espero es que no se produzcan y que quien lo haga al menos se sonroje ante la ciudadanía por consumir recursos judiciales que son tan necesarios y escasos para asuntos que realmente lo merecen.