Muchas veces estamos solos

Creo que nadie puede negar el papel que la Judicatura ha desempeñado en los últimos años en poner orden en las patologías e irregularidades, cuando no abierta corrupción, en que incurrieron e incurren algunas administraciones públicas o quienes de ellas se valen. Una labor llevada a cabo tanto desde el ámbito penal como desde el ámbito contencioso-administrativo en el control ordinario de la legalidad de la actuación administrativa. Creo que hay pruebas diarias del compromiso incuestionable de la judicatura española y regional en la persecución del fenómeno delictivo de la corrupción y en el derribo de supuestos santuarios de impunidad públicos y privados. A la vista están los muchos casos de naturaleza penal ya investigados y enjuiciados o en vías de serlo. Y a la vista están también las decisiones de nuestros jueces de lo contencioso revisando la legalidad de la actuación de la Administración.

Pero el de los jueces es también, conviene no olvidarlo, un compromiso con los principios, reglas y procedimientos que nos hemos dado para garantizar un juicio justo. Principios, reglas y procedimientos que son ajenos a las urgencias propias del ámbito político o de los medios de comunicación. La lenta gestación de la verdad judicial es casi siempre incompatible con el paradigma de lo instantáneo, que tantas veces aspira, y lo consigue, a convertirse en la única verdad.

El respeto al debido proceso, sin embargo, no puede ser excusa para no reconocer la excesiva demora que estamos sufriendo en la investigación y enjuiciamiento de estos casos, que da como resultado un sistema penal de apariencia ineficaz. Retrasos que tienen diversas causas. Por un lado, la enorme complejidad de los delitos investigados, tanto por su naturaleza como por el número de personas involucradas. Por otro, la crónica insuficiencia de medios humanos y materiales que venimos denunciado desde hace años. También por la inadecuación de nuestro procedimiento penal y los efectos que produjeron algunas reformas legales como la que limitó drásticamente los plazos máximos de instrucción. Sin olvidar tampoco las frecuentes estrategias procesales meramente dilatorias que en ocasiones despliegan las partes en dichos procesos.

Todos estamos preocupados por esta situación. El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia lleva años reclamando medios y reforzando –en la escasa medida de lo posible– con jueces adicionales muchos de los juzgados de instrucción que investigan estos delitos. También hemos doblado los efectivos en las secciones penales de la Audiencia Provincial encargadas de su enjuiciamiento. Y a nadie debe caberle la menor duda del compromiso de todos y cada uno de nuestros jueces y juezas en luchar contra esa lacra. Una lucha en la que, lamentablemente, muchas veces se encuentran solos.