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Hace poco más de un mes y medio que Miguel Padilla fue nombrado secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Durante este tiempo, la complicada coyuntura en la que se halla todo el sector agroalimentario en España le ha obligado ... a viajar por diversos puntos de la geografía española para reunirse con trabajadores y responsables políticos. No obstante, conocía perfectamente dónde se metía.
-Ha cumplido ya un mes de mandato y va camino del segundo.
-Y ha sido de una intensidad tremenda. He llegado a la responsabilidad en un contexto de los más difíciles que ha tenido la actividad agraria sin duda alguna. A principios de 2020 estábamos movilizándonos a nivel nacional con el único eslogan de 'precios justos' y tuvimos que paralizarlo por la pandemia. Ahora estamos a finales de 2021 y a este problema se le ha unido el incremento de los costos de producción. Estamos, si cabe, en una situación más complicada todavía.
-El Congreso ha dado el visto bueno a la ley de Cadena Alimentaria, ¿puede ser una solución a esta problemática que comenta?
-Resulta un paso adelante importante. En primer lugar, porque las seis enmiendas que se aprobaron recientemente fueron redactadas por las tres organizaciones agrarias que operamos a nivel nacional. El punto fundamental ya estaba aprobado en agosto de 2020 y no es otro que los precios no estén nunca por debajo de los costes de producción, pero el problema es que no se está cumpliendo. Una de las peticiones que le hice al ministro en la última reunión que mantuvimos es que pusiera en marcha la infraestructura necesaria para que esta ley se cumpliera. Desde COAG vamos a apostar por ella y donde nos enteremos que no se obedece no cabe duda de que vamos a denunciar. Entiendo que existan detractores, pero hay que recordar que somos el eslabón más débil porque nosotros no fijamos el precio de nuestros propios productos, así que debemos protegernos.
Desaladoras «En zonas con déficit hídrico no se puede rechazar un aporte, pero tampoco acatar cualquier precio»
Mar Menor «Estoy convencido de que en el Campo de Cartagena, la mayoría respeta y ha respetado la ley»
-Asistimos a una inflación que afecta a productores y consumidores, y se avecina una huelga de transportes. ¿Hay algo que temer?
-Está claro que, de seguir así la situación, el productor se va a plantear en un futuro próximo si debe continuar con su explotación. Un ejemplo de actualidad: todos los días cierran granjas de vacuno de leche porque por cada litro que extraen, pierden siete céntimos de media; es decir, cuanto más producen, más pierden. Es una circunstancia que es insostenible durante más tiempo, por lo que conviene estar pendiente acerca de qué sucede en los próximos meses, no solo con este caso concreto, sino con todo el sector. Ni mucho menos hay que temer un desabastecimiento, pero sí que se está produciendo una reconversión de muchas explotaciones, o estas se encuentran reduciendo su producción para limitar las pérdidas. Actualmente, salvo productos muy concretos, la Unión Europea es capaz de autoabastecerse con lo que genera en sus granjas y campos, pero va camino de que no sea así. Y en ese caso, ¿cuál sería el precio que tendrían que pagar los consumidores?
-Trasvase y desaladoras son dos métodos que facilitan a los agricultores el acceso a un bien cada vez más escaso en la Región como es el agua. ¿Están condenados a la disputa o al entendimiento?
-No nos oponemos a que el Tajo lleve el caudal ecológico que le corresponde, pero hay cosas que me parecen un tanto ilógicas. La depuración en la cabecera de esa cuenca es mínima y se desperdician cientos de hectómetros cúbicos. Creo que mediante la depuración se haría un aprovechamiento mucho mejor del agua y que, incluso, esta podría costearse entre las distintas partes. Así, el Trasvase no tendría que reducirse de manera tan acusada. Por su parte, el agua proveniente de se trata de un complemento , y de uno importante. No obstante, en zonas con déficit hídrico como la del sureste español, no se puede rechazar cualquier aporte, pero tampoco se puede aceptar cualquier precio. En mi opinión el precio máximo debería ser de por metro cúbico.
-La nueva Política Agraria Común incluye los llamados 'ecoesquemas' para impulsar prácticas sostenibles, ¿cómo afectará esto a la Región y, más concretamente, a la zona del Mar Menor?
-En primer lugar, criminalizar toda la agricultura existente en torno al Mar Menor me parece un disparate. Furtivos siempre hay, pero estoy convencido de que los productores del Campo de Cartagena se han ajustado a la ley. Ahora que ha cambiado la normativa, tendrán que adaptarse y lo harán. Pero no podemos pasar de lo sensato al fundamentalismo, porque hay mucha gente que ya no quiere ni regadío ni agricultura intensiva y culpa a todo el sector, cuando no es así. De hecho, en la iniciativa 'De la granja a la mesa' que también aprobó recientemente la UE, se plantea que, para 2030, el 25% de la superficia agrícola debe ser ecológica. Esto en la Región ya se cumple.
-Con tanta exigencia de la UE, ¿el producto regional compite en desigualdad con otros procedentes de países con normativas más laxas?
-Es evidente que una parte de los productos que proceden de terceros países nos hacen competencia desleal porque no cumplen las normas de la Unión Europea. Estas normas que rigen la actividad agraria son las más estrictas del mundo. Incluso en países como Estados Unidos utilizan productos en ganadería que aquí llevan años prohibidos. Por tanto, que pongan en el mismo lineal otros productos del extranjero me parece injusto. Yo estoy de acuerdo en que se exijan unos estándares de calidad altos, pero no puedo estarlo jamás en que no se apliquen por igual a todos.
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