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La sociedad civil ha hablado. Ahora le toca a la clase política recoger el guante. Los promotores de la iniciativa legislativa popular (ILP) para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor comenzaron la semana comunicando que ya tienen las 500.000 firmas necesarias para que la propuesta se tramite en el Congreso de los Diputados, lo que al menos obligaría a los partidos políticos a retratarse.
El objetivo del medio millón de rúbricas se consigue cuatro días antes de que finalice el plazo para presentarlas, que vencía este jueves 28 de octubre. En teoría, la Mesa de la Cámara Baja acordó una prórroga de tres meses más, pero los promotores de la ILP no han tenido constancia oficial de esta ampliación y siguieron trabajando como si nada. Incluso hasta ayer se podía firmar, porque se pretendía sumar otras 50.000 firmas (un 10% más), con la finalidad de disponer de un colchón ante la previsión de que un número de firmas sean invalidadas por la Oficina del Censo y la Junta Electoral. Estos organismos tienen que certificar ahora que esas 500.000 firmas pertenecen a ciudadanos españoles mayores de edad e inscritos en el censo, tal y como exige la Ley Orgánica 3/1984, reguladora de la iniciativa legislativa popular.
Artículo 1 Se declara la personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca, que se reconoce como sujeto de derechos.
Artículo 2 Se reconoce al Mar Menor los derechos a la protección, conservación, mantenimiento y en su caso restauración a cargo de los gobiernos y los habitantes ribereños. El derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente, con todas las características naturales del agua, organismos, el suelo y los subsistemas terrestres y acuáticos.
Artículo 3. La representación y gobernanza del Mar Menor se concreta en tres figuras una tutoría y representación legal, una comisión de seguimiento y un comité científico.
Artículo 4 Toda conducta que vulnere los derechos reconocidos y garantizados por esta ley (...) generará responsabilidad penal, civil, ambiental y administrativa, y será perseguida y sancionada.
Artículo 5 Cualquier acto o actuación de cualquiera de las administraciones públicas que vulnere las disposiciones contenidas en la presente ley se considerará inválido.
Artículo 6 Cualquier persona física o jurídica está legitimada a la defensa del Mar Menor, y puede hacer valer los derechos y las prohibiciones de esta ley en los tribunales.
Entre hoy y mañana se llevará a cabo el último recuento y no se descarta que a partir de este jueves, fecha límite con la que han trabajado los promotores con independencia de la Mesa del Congreso, ese más de medio millón de firmas de ciudadanos llegue a donde tiene que llegar.
Una vez reunidas las firmas, comenzará el proceso de verificación en los organismos ya citados. Si todo está correcto, la Junta Electoral informará a la Mesa del Congreso, que debe ordenar la publicación de la proposición e incluirla en el orden del día del Pleno de la Cámara, para su toma en consideración, en el plazo máximo de seis meses, según la mencionada Ley 3/1984.
La tramitación parlamentaria se efectuará conforme a lo que disponga el reglamento del Congreso. En todo caso, la persona designada por la Comisión Promotora será llamada a comparecer en la comisión parlamentaria competente, con carácter previo al debate de toma en consideración por el Pleno, para que exponga los motivos que justifican la presentación de la iniciativa legislativa popular.
Si se admite, los grupos políticos pueden modificarla a través de enmiendas en las comisiones parlamentarias antes de su aprobación definitiva, si es que esta llega a producirse.
La proposición de ley por la que 500.000 ciudadanos han comprometido su firma consta de una exposición de motivos, seis artículos y dos disposiciones. El objetivo es «que la laguna salada pase de ser un mero objeto de protección, recuperación y desarrollo a ser un sujeto inseparablemente biológico, ambiental, cultural y espiritual». Establece que cualquier ciudadano puede exigir responsabilidades en los tribunales en nombre del Mar Menor si considera que se vulneran sus derechos. En España no hay ningún precedente de espacio natural con personalidad jurídica propia. Hay ejemplos en Colombia y Nueva Zelanda.
Esta muestra de músculo social ha sido posible gracias al esfuerzo de fedatarios y voluntarios de la plataforma, que han desplegado más de 500 puntos de recogida de firmas, 365 en la Región de Murcia y otros 200 entre comunidades y países de toda Europa como Alemania, Finlandia, Francia y la República Checa. Han firmado desde reclusos de prisiones hasta el presidente del Gobierno. «Han sido miles las personas que han dejado su huella para estar más cerca de conseguir la ILP para dotar de derechos al Mar Menor. Incluso se realizaron peticiones de firmas desde Suramérica», destacó el colectivo.
Además, el mérito es mayor si se tiene en cuenta que este proceso comenzó a finales de julio de 2020. Es decir, que se ha visto en todo momento limitado por las restricciones de movilidad impuestas por las autoridades con motivo de la crisis sanitaria. «Pero estas no han hecho mella en los ciudadanos que desean un Mar Menor vivo y sano», indican.
«El 29 de julio de 2020, ocho personas presentamos el procedimiento de forma oficial en Madrid convencidas que había un futuro para nuestra albufera; en octubre la Junta del Censo nos autorizó a comenzar con las solicitudes de firmas ciudadanas y en noviembre ya teníamos los pliegos sellados», recordó la plataforma en un comunicado difundido este lunes por la mañana. La multitudinaria manifestación de Murcia, el 7 de octubre, dio un gran impulso a la iniciativa.
«Sin contactos ni recursos económicos, hemos conseguido poner la protección del Mar Menor en primera línea informativa, logrando hitos como la invitación de la ILP a la 26ª Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático (COP26), en la que se debatirán los derechos de la naturaleza el próximo 4 de noviembre en Glasgow y donde la doctora Teresa Vicente defenderá y dará voz al Mar Menor», subrayó la plataforma en un comunicado.
En el comunicado, también señaló que «uno de los hitos es el apoyo e implicación de 23 ayuntamientos de la Región de Murcia a la ILP, y también el apoyo en Barcelona, una muestra del cambio de sensibilidad que se ha producido en nuestra sociedad ante el desastre medioambiental del Mar Menor». «Como promotores de la ILP, queremos agradecer a toda la sociedad la sensibilidad y apoyo que nos han mostrado en las muchas actuaciones que hemos realizado durante estos meses para dar visibilidad a la recogida de firmas. Incapaces de contener nuestro entusiasmo y la avalancha de pliegos que aún nos siguen llegando, el 'hashtag' SOS MAR MENOR se queda corto para decir: ¡Gracias!», concluye la plataforma.
Una acción de protesta. Como si una manifestación de 500.000 personas se plantase mañana en el Congreso de los Diputados. Ese es el verdadero valor que expertos juristas consultados por LA VERDAD conceden a la iniciativa legislativa popular (ILP) para dar personalidad jurídica al Mar Menor, que han firmado medio millón de personas. Otra cosa son la idoneidad de la propuesta de ley y los efectos que vaya a tener para frenar la degradación de la laguna salada.
Francisco Manuel García Costa, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, apoyó a título personal la ILP y se alegra mucho de que «esta iniciativa simpática» haya logrado el objetivo de las 500.000 firmas. Está contento especialmente porque una de sus principales impulsoras, Teresa Vicente, es su compañera en la UMU. «Pero como jurista pienso que hay que verlo como lo que es, como un ejercicio de protesta. La ciudadanía se empodera y exige a los políticos que se muevan por el Mar Menor», declara García Costa, que diferencia la vertiente política de la ILP de la jurídica.
Respecto a la primera, asegura que la ILP tiene «un componente totalmente novedoso» con respecto a las anteriores impulsadas en España. Y es que la ha firmado, añadiendo incluso su DNI, el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Es llamativo, porque este puede promover la dotación de la personalidad jurídica a través de su grupo parlamentario. Deja ese papel a la sociedad civil, lo que supone un reconocimiento de que la ciudadanía no tiene más remedio que movilizarse porque los poderes públicos no ejercen sus competencias. Es como si usted va al médico de urgencias aquejado de alguna dolencia y este le invita a que vaya a la Facultad de Medicina, se saque el título y luego se cure usted mismo».
Ya en el aspecto más técnico, el profesor de Derecho Constitucional echa de menos una mayor concreción sobre cómo se articularía esa personalidad jurídica y quién tiene la legitimidad para ejercerla. «Habla de una tutoría, en la que habría representantes de la Administración y de los ciudadanos. ¿Cómo y quiénes eligen a estos últimos», se pregunta. Asimismo, señala que los ciudadanos ya están legitimados para ejercer acciones legales por daños al Mar Menor. En España existe desde hace mucho la acción popular en los tribunales.
En el mismo departamento de la Facultad de Derecho da clases Germán Teruel. Como su compañero, celebra el éxito de la movilización ciudadana, pues pone el problema del Mar Menor en la primera línea informativa y abre el debate legislativo en las Cortes.
No obstante, Teruel duda de la eficacia de esta figura de la personalidad jurídica, ya que está convencido de que «el problema del Mar Menor no es de falta de protección legal, sino de falta de políticas públicas, de falta de voluntad de los gobernantes de aplicar la legislación existente».
Asimismo, el profesor pide una mayor definición los órganos de representación del sujeto jurídico, habida cuenta de que podrá también «presentar demandas, abrir cuentas bancarias, solicitar subvenciones».
Ciudadanos y Vox se pronunciaron ayer públicamente sobre el éxito de los promotores de la ILP. La formación naranja exigió al PP que escuche estos 500.000 ciudadanos que han firmado esta iniciativa y apoye la declaración de personalidad jurídica del Mar Menor cuando llegue al Congreso, según un comunicado del partido.
Por su parte, la diputada murciana de Vox en el Congreso Lourdes Méndez calificó la ILP de «trampa o técnica de inspiración socialcomunista para implantar la hegemonía del ecologismo en la política sobre el Mar Menor».
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