Vecinos de Camposol «están en riesgo» a raíz del entubamiento de Los Aznares

Veinticuatro son las conclusiones a las que han llegado PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos en el seno de la Comisión de Política Territorial de la Asamblea Regional después de dos años y cinco meses investigando cómo se tramitó y se construyó la urbanización Camposol de Mazarrón. Una de ellas resulta especialmente inquietante para 5.000 residentes del complejo, ya que los parlamentarios alertan de que «el estado actual de la rambla de Los Aznares implica un riesgo cierto para los bienes y las personas».

La comisión realiza tal advertencia tras confirmar la existencia de dos informes, de mayo de 2015, que advierten del peligro que supone el encauzamiento de la citada rambla con tres tubos, a lo largo de 1.500 metros, justo debajo de 550 casas construidas en el sector D. El primero está incluido en la evaluación ambiental de la modificación puntual del Plan Parcial El Saladillo y en el mismo se afirma que «huelga decir que la persistencia de la situación actual (referida a la rambla de Los Aznares) que apenas permite la evacuación de la mitad del caudal previsible en la avenida de un periodo de cien años, implica un riesgo». Esta situación para los técnicos es «inaceptable».

El segundo informe lo emite el ingeniero de Caminos del Consistorio y afirma que el encauzamiento realizado es «insuficiente», lo que le lleva a zanjar que la situación es «peligrosa por existir un alto riesgo de inundación de una zona de la urbanización». PSOE, PP, Cs y Podemos tachan de «incomprensible» el encauzamiento de la rambla, entre los años 2000 y 2003, y que «la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no lo impidiese». La comisión ha constatado que no fue hasta marzo de 2005 cuando la CHS emitió un expediente sancionador contra la promotora Justo y Manoli por entubar Los Aznares, con una multa de solo 1.200 euros.

La comisión relata que a pesar de esta multa, la promotora siguió construyendo chalés sobre el cauce: «Decenas de viviendas sufren daños estructurales en los sectores C y D debido a la inestabilidad del terreno generada por el entubamiento».

La Comisión de Política Territorial, en su conclusión séptima, afirma que la rambla «se entubó ilegalmente entre el año 2000 y noviembre de 2003 sin la vigilancia ni la supervisión del Ayuntamiento y la CHS». Quince años después la situación no ha cambiado y proponen al Gobierno regional «instar a la CHS a la urgente ejecución por parte del Ayuntamiento de Mazarrón de la solución técnica equivalente a la reposición del terreno original de la rambla de Los Aznares, debidamente autorizada por este organismo de cuenca, en el plazo estipulado de dos meses, con la advertencia a este Ayuntamiento de que de no hacerlo en el citado plazo se procederá, a su costa, a la ejecución de dicha medida, mediante la ejecución forzosa».

A tenor de lo sucedido en Camposol, también recomiendan al organismo de cuenca ejecutar «el deslinde» de todo el dominio de la Cuenca del Segura en la urbanización y que el Congreso de los Diputados «cree una comisión de investigación sobre la ocupación ilegal del dominio público hidráulico en ramblas y cauces de la CHS, exigiendo responsabilidades al organismo de cuenta si las hubiere».

El documento de conclusiones de la comisión podría acarrear consecuencias judiciales para las administraciones regional y local porque será remitido a la Fiscalía. Los parlamentarios podrían poner en la diana del fiscal al Gobierno autonómico con afirmaciones como esta: «La Comunidad Autónoma no comprobó si en el texto refundido de la aprobación del Plan Parcial de El Saladillo se habían resuelto todas las deficiencias reflejadas en el informe de fecha 8 de julio de 1999». Tal informe fue emitido por la Dirección General de Ordenación del Territorio.

Sobre el papel del Ayuntamiento, denuncian que «el Plan de Ordenación Urbana de Mazarrón y el Plan Parcial de El Saladillo se aprobaron sin informes de la CHS». Las conclusiones también serán remitidas al Tribunal de Cuentas para que determine si existe responsabilidad patrimonial por la construcción de Camposol. «Es inadmisible que se ejecutasen realidades no planificadas sin que el Ayuntamiento, la Comunidad y la CHS hiciesen nada para impedirlo».