Un juez investiga el ruido de los pubs tras una querella de vecinos de Playa Grande

Los pocos bares de copas que quedan abiertos en Playa Grande, en Puerto de Mazarrón, están en el punto de mira del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Totana, que ha admitido a trámite la querella presentada por trece vecinos. En el escrito, los residentes de la plaza Bucaneros denuncian que dos de los bares incumplen la normativa legal y los acusan de cometer un delito de contaminación acústica. Además, el texto detalla que los vecinos han interpuesto 88 denuncias desde 2010.

Los letrados de los vecinos detallan en una querella conjunta que «los locales son Punto y Coma, Ritmo, Heladería Tony's, Rock Bar y Bora Bora, aunque las quejas y las denuncias se centran particularmente en los dos últimos». El texto expone que, en la citada plaza, «se vienen desarrollando, por distintos negocios diferentes, actividades de ocio, bien sea de restauración en terraza o bien bar de rock, pub y discoteca, que no respetan los horarios de cierre establecidos ni los niveles de emisión de ruidos, lo que genera continuas protestas y quejas de los vecinos de la zona», que han puesto «reiteradas denuncias ante la Policía Local y el Ayuntamiento por las molestias que estas actividades les producen. El descanso es imposible».

El escrito sostiene que los locales no tienen permitido el uso de música, en el caso de los bares, y «el Ayuntamiento debe impedir la instalación de equipos y altavoces en las pérgolas y en las terrazas». «Nos vemos afectados por vibraciones en las viviendas, que tienen su origen en los ruidos emitidos por los altavoces y los equipos de los distintos locales, y también por los conciertos que se programan al aire libre», dicen en el escrito. «Producen molestias y ruidos que superar los límites legales y humanamente tolerables», añaden, y acusan a los dos citados pubs de «carecer de las medidas de insonorización habituales y exigibles a los garitos de esa naturaleza».

El juez, al admitir a trámite la querella presentada por los trece vecinos, remitió un oficio al Ayuntamiento para solicitarle que el secretario le envíe «todos los expedientes completos con ocasión de las denuncias presentadas por los querellantes, con expresa inclusión de las actas levantadas por los policías locales que hubieran intervenido, así como el resultado de las mediciones realizadas».

«Estas actividades gozan de la plena autorización del Ayuntamiento, que lejos de impedir o limitar el desarrollo de las mismas, las fomenta y las ampara», aseguran los vecinos. Recuerdan, asimismo, que «el Consistorio tiene ya antecedentes de condena en vía contencioso-administrativa por hechos idénticos en la misma plaza Bucaneros, en 2005, y que tienen una estrecha relación con los mismos locales». Los residentes acusan a la alcaldesa, Alicia Jiménez, de «ser conocedora de tales hechos y antecedentes».

La querella también está interpuesta contra el técnico municipal. «Ha puesto en conocimiento de sus superiores estos hechos o ha recibido instrucciones de los mismos tendentes a recomendar o informar positivamente la concesión de autorizaciones y licencias para estas actividades contaminantes», le acusan los trece vecinos de Playa Grande.

Este diario se puso en contacto con el gerente de Rock Bar, uno de los locales que los vecinos han denunciado en repetidas ocasiones. Su gerente explicó que «solo abro el garito dos meses al año. En 2017 estuve programando conciertos, con un horario de 22 a 00.30 horas y siempre con el permiso y la licencia del Ayuntamiento. En todo momento respeté ese horario». El dueño del local asegura que «los vecinos de esta zona llamaron a la Policía Local incluso cuando no había conciertos. Se han empeñado en forzar el cierre de todos los bares».

El dueño de Rock Bar señala que «nunca se ha hecho una medición de ruido. Y, además, este verano no he programado ningún concierto para no tener problemas con esta gente. Yo solo abro de martes a domingo durante julio y agosto, pero a los vecinos les da igual que estemos en verano. Estas personas van a matarme y quieren que cada uno de nosotros cerremos nuestros negocios. Es una pena». 'La Verdad' intentó ponerse en contacto con el dueño del otro local, pero no obtuvo respuesta.