El fiscal abre diligencias por segunda vez sobre la tramitación de Camposol

La macrourbanización Camposol vuelve a estar en la diana de la Fiscalía. En febrero de 2016 ya se abrieron diligencias para aclarar si hubo un delito urbanístico y una presunta estafa por los daños que sufren las estructuras de 550 casas por haber entubado y construido sobre la rambla de Los Aznares. En aquella ocasión, el proceso se acabó archivando por la prescripción de los hechos. Dos años y tres meses después, la documentación aportada por la Comisión de Política Territorial de la Asamblea Regional ha motivado que el Ministerio Público, por segunda vez, abra diligencias de investigación en torno a este complejo de Mazarrón en el que residen 5.200 personas.

La ponencia que se constituyó en el Parlamento regional empezó a indagar en la tramitación de la urbanización en octubre de 2015 y el documento de conclusiones elaborado en marzo de 2018 por los grupos políticos ha propiciado que la Fiscalía comunique a la Asamblea la apertura de «diligencias de investigación penal» en torno «al desarrollo urbanístico» de Camposol. La alcaldesa de Mazarrón, Alicia Jiménez, aseguró ayer que «esto no nos pone nerviosos» porque en el anterior proceso «se aportó la documentación que se nos pidió».

La regidora popular confirmó que el asunto ya está en manos de los servicios jurídicos municipales porque no está de acuerdo con parte de la documentación aportada por los grupos parlamentarios. «Hay cuestiones que no están bien enfocadas ni bien redactadas por la Asamblea Regional».

Por su parte, el diputado del PP Víctor Martínez Carrasco valoró positivamente la apertura de diligencias para depurar responsabilidades y no se anduvo con paños calientes zanjando que en la tramitación de Camposol «responsables son todos, unos por generar el problema y otros por no reaccionar».

Martínez Carrasco señaló como «principal responsable de este desaguisado a la promotora» y también señaló a los distintos equipos de gobierno que han pasado por el Ayuntamiento, a anteriores ejecutivos autonómicos regentados por los populares y a la Confederación Hidrográfica del Segura. «La Confederación no hizo una labor de inspección», llegó a precisar.

En Ciudadanos, el parlamentario Luis Fernández fue un poco más allá y apuntó supuestos delitos de estafa y prevaricación en la tramitación y ejecución de la urbanización. «En la comisión de la Asamblea Regional consideramos que hay derivaciones penales y esperamos que la Fiscalía depure responsabilidades».

En la misma línea de presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documentos apuntó desde el PSRM el diputado Joaquín López. «Nosotros creemos que hay responsabilidad penal». López resumió que «lo que allí ha pasado es una barbaridad».

La diputada de Podemos María Giménez abundó en que la apertura de una investigación judicial es fruto de «una irregularidad y dejación de las administraciones». Giménez subrayó que el paso dado por la Fiscalía «es muy positivo tras el trabajo de la Asamblea por la que han comparecido técnicos, políticos... relacionados con la tramitación de Camposol».

Los únicos que no respondieron a las citaciones de los parlamentarios fueron los dueños de la promotora Justo y Manoli. Lo último que se supo es que están en concurso de acreedores.