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La Consejería de Cultura ha dejado en suspenso la multa de 123.000 euros propuesta contra una empresa agrícola que invandió el bien de interés ( ... BIC) del Coto Fortuna, en Mazarrón, ocasionando daños en este antiguo yacimiento minero, explotado ya en época romana. El expediente se remonta a 2021, y tras una investigación los técnicos apreciaron una infracción muy grave contra el patrimonio.
Esa paralización a la hora de aplicar la sanción responde, según la Consejería, a que un juzgado abrió un procedimiento penal por esta misma causa y contra la misma compañía (Agrícola Perichán SL). «Al tener preferencia el orden jurisdiccional penal sobre la vía administrativa, es precisa la suspensión del procedimiento sancionador que estaba siguiendo la Administración», indica un portavoz a preguntas de este diario.
La decisión comunicada ahora por Cultura supone un cambio respecto a lo mantenido hace poco más de un mes. A principios de noviembre, la Consejería indicó que la sanción estaba pendiente de que se resolviera un recurso de reposición planteado por la empresa afectada y que la resolución de la Secretaría General (al frente de la que se encuentra Juan Antonio Lorca Sánchez) se conocería «pronto». La multa de 123.000 euros quedó fijada en junio de 2023, pero quince meses después todavía no se había hecho firme.
En cuanto a la causa penal, el Juzgado de Instrucción número 1 de Totana abrió el procedimiento en noviembre del año pasado a raíz de una denuncia de la Fiscalía por un posible delito contra el patrimonio histórico. Se basaba en un informe de la Guardia Civil sobre roturaciones de tierras y derribos de edificación en el sitio protegido del Coto Fortuna. Ya han prestado declaración tanto los testigos como los denunciados, si bien las indagaciones se han prorrogado.
Cultura afirma que ha tenido que suspender «la tramitación [del expediente sancionador] a la espera del pronunciamiento penal por el juzgado». «No obstante -añade- por la Comunidad se realizarán todas las actuaciones pertinentes para la reparación del año, y en esta línea se está estudiando la posibilidad de personarse en el proceso penal, que de considerarse viable, así será acordado».
La empresa denunciada siempre ha defendido que desconocía que invadía un entorno con protección cultural. Y que nada más ser advertida de esta situación, paralizó todos los trabajos dentro del sitio histórico. Lamentó, también, que la zona carecía de cualquier señalización en este sentido, y que esa catalogación no aparecía ni en el Registro de la Propiedad ni en el Catastro. «Estamos comprometidos con el patrimonio cultural –afirma– y en ningún caso hubiéramos iniciado las labores de preparación de la finca de haber sido conscientes de la situación».
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