El Consistorio reclama a las monjas 88.000 euros de luz y agua

Las hermanas necesitarán algo más que 'ayuda divina' para no devolver al Ayuntamiento de Mazarrón los 88.000 euros que les ha reclamado por haberles abonado con dinero público la luz y el agua de la residencia privada que explotan en el barrio de la Ermita. La congregación de las monjas ha presentado alegaciones contra el expediente abierto por el Consistorio, a raíz de que la edil de Ciudadanos Tina Ruiz detectase, en la Cuenta General de 2016, que se estaban asumiendo indebidamente los costes de suministro de espacios que no eran municipales. En concreto, las facturas del citado geriátrico y de una urbanización de Bolnuevo.

Un informe de Intervención cifró en 100.177 euros el importe total de las luz y el agua abonados con fondos de las arcas municipales a la residencia de ancianos y la urbanización. La alcaldesa, Alicia Jiménez, confirma que ha sido «dada de baja la titularidad municipal» de los suministros del geriátrico y se le ha notificado a las monjas un expediente que le reclama los recibos de los últimos cuatro años. El interventor cifró en 80.244 euros las facturas abonadas indebidamente a las hermanas, pero se les exigen casi ocho mil euros más «por el canon de saneamiento». En total, 82.000 euros por las facturas de luz y 6.000 euros por las de agua.

No será sencillo devolver el dinero a las arcas municipales, según ha podido saber 'La Verdad', las monjas argumentan que ellas no son responsables de la gestión de las facturas del Ayuntamiento y recalcan que la congregación no pidió la gratuidad de los suministros, sino que fue la Administración local la que procedió a abonar las facturas. «En este momento se están estudiando las alegaciones», zanja la regidora.

Tampoco será fácil resolver la situación legal del Plan Parcial Elcomar. «El procedimiento de resolución no tiene nada que ver con el de las monjas». Todo ello debido, según Intervención, al «contrato privado» que el exalcalde, Ginés Campillo, de Unión Independiente de Mazarrón, suscribió con la promotora de la urbanización de Bolnuevo asumiendo el coste por suministro energético. De manera que las arcas municipales desembolsaron 19.993 euros por unas 200 farolas de la calle Felipe II.

La alcaldesa detalla que «se ha iniciado un expediente que propone dejar de pagar la luz y se ha notificado a la empresa suministradora la baja de la titularidad municipal, pero antes los servicios jurídicos están estudiando si el acto de Campillo es correcto para la Administración». De un lado hay que analizar el contrato del alcalde y de otro, el criterio del jefe de Urbanismo que, en diciembre de 2017, confirmó que «no consta acta de recepción de dicha urbanización». De momento, la promotora no ha formulado alegaciones.

Los pagos de suministros a la urbanización con fondos públicos han despertado el interés de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, la cual ha remitido una cédula de notificación al Consistorio, en la que le anuncia que practicará diligencias por «una presunta irregularidad derivada del pago por parte del Ayuntamiento de Mazarrón de la tarifa, por consumo de energía eléctrica, de una urbanización que no debería haber asumido el citado Ayuntamiento».

La cédula subraya que la Fiscalía considera que «procede» nombrar un delegado instructor para que realice las pesquisas incluidas en el artículo 41, de la ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Las diligencias tratarán de determinar los presuntos responsables de esta irregularidad contable, así como la liquidación provisional del alcance, si es necesario mediante el embargo de bienes, incluso determinarán si debe informarse a los tribunales ordinarios en caso de que «hubiese indicios de responsabilidad criminal».