Campillo: «Hicimos cuatro contratos y nadie se quedó con un puesto fijo»

El exalcalde Ginés Campillo y el concejal Andrés Valera, ambos dirigentes de Unión Independiente de Mazarrón (UIDM), declararon este viernes en los juzgados de Totana, en calidad de investigados -antes imputados-, por presunta prevaricación administrativa. Están acusados de tener relación con una supuesta trama en la que trece trabajadores autónomos, también investigados, habrían conseguido un puesto fijo en el Ayuntamiento de forma ilícita.

El primero en presentarse en los juzgados fue Campillo, quien aprovechó para anunciar que «estaba deseando que llegara el día de hoy». Una vez que accedió a la sala, el juez le formuló diversas preguntas sobre la manera en la que se realizaban los contratos. A su salida, el exalcalde explicó a este diario que «el procedimiento de contratación lo llevaban a cabo el técnico del Ayuntamiento, el secretario -quien también declaró ayer como investigado- y el interventor».

Sostuvo que, durante los cuatro años de legislatura en los que estuvo como alcalde y concejal, «contratamos a un total de cuatro personas. De hecho, todos ellos cumplieron los servicios por los que se les había contratado (asesoría técnica de Urbanismo, Festejos, Intérprete y los servicios de un arquitecto) ninguno se quedó trabajando de manera fija».

Campillo aseguró a 'La Verdad' que «todo este asunto viene porque yo le abrí un expediente -disciplinario- a la persona que puso la denuncia ante la Fiscalía. Como consecuencia del hecho, él nos denunció a nosotros. Y lo curioso de todo es que en sus acusaciones no nombra al exalcalde Francisco Blaya ni a la actual regidora, Alicia Jiménez, quienes se encargaron de contratar al 90% de los autónomos que ahora se investigan y que sí se quedaron con un empleo fijo». Añadió que «leí unas declaraciones en 'La Verdad' en las que Jiménez decía que ella contrató a un técnico de Turismo porque era necesario».

El juez también preguntó a Campillo y Valera si en aquella época existía limitación en las contrataciones. «Todo estaba dentro del plan de ajustes de Rajoy», puntualizó el exregidor. «La aprobación de los contratos se llevaba a cabo en Junta de Gobierno local. Yo solo me encargaba de iniciar los expedientes, pero que quede claro que nunca elegimos ni contratamos a dedo a nadie y todo se decidía en la Junta de Gobierno», aseveró el líder de UIDM.

El origen de esta causa hay que buscarlo en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía por un particular y el sindicato de empleados públicos de Mazarrón (Sime). Tal y como adelantó 'La Verdad', los hechos narrados en dicha acusación se remontan a las últimas dos legislaturas. El 'modus operandi' consistía en contratar los servicios de autónomos, quienes al parecer habrían desempeñado las labores propias de funcionarios en el Ayuntamiento.

Pasado ese tiempo, algunos de los contratados habrían denunciado su situación ante Magistratura de Trabajo, que acababa fallando a su favor y reconociendo que venían ocupando el puesto de un empleado público de forma irregular, lo que obligaba al Consistorio a hacerles un contrato indefinido. Otros, sin embargo, habrían alcanzado un compromiso para conseguir el empleo fijo a través de un acuerdo que simplemente habría sido aprobado en Junta de Gobierno local.