Martínez-Cachá asegura que nadie le pidió una evaluación ambiental en la canalización de El Carmolí

El fiscal pide para ella hasta doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y lo mismo para el ex director general del Agua, Andrés Martínez Francés. Según el escrito de calificación, la exdirigente popular habría incurrido en este supuesto delito en el año 2016 cuando dio luz verde a la construcción de una tubería a través de zonas protegidas de El Carmolí, sin haber reclamado previamente el preceptivo informe sobre la necesidad de evaluación ambiental por el impacto de esas obras.

El caso fue denunciado en 2018 por la Fiscalía Superior y por Ecologistas en Acción, que están personados en la causa como acusación particular, y piden penas de inhabilitación de 10 años de inhabilitación para la exintegrante del Gobierno regional y para el exdirector general del Agua.

El Ministerio Público expuso que en una reunión del 4 de agosto a la que acudieron el sindicato central de regantes, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), las dos comunidades de regantes, la Dirección General del Agua y el comisario de Agua se dio como solución de emergencia desviar aguas procedentes de desalinizadoras del Campo de Cartagena, con altos índices de nitratos y salmueras, desde la desembocadura de la Rambla del Albujón hasta la desaladora Arco Sur, junto a Cabo de Palos.

Según explicó Martínez-Cachá en ese encuentro, al que ella no acudió ni tampoco la representante de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, el objetivo final era coordinar a todos los organismos implicados. «Además, me trasladaron que la CHS no puso reparos a otorgar las autorizaciones que precisara la comunidad de regantes para llevar a cabo la obra», un proyecto que se ejecutó diez días después de la reunión.

En este sentido, la exconsejera negó que, tal y como le expuso el fiscal, ella ordenase el inicio de las obras en una resolución firmada el 12 de agosto. «Los consejeros no ordenan el inicio de ninguna obra, no está en nuestras competencias», sentenció.

El fiscal preguntó a la investigada si, antes de dar luz verde a la canalización, alguien de la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental le había trasladado la necesidad de hacer una consulta al propio organismo, dado que el proyecto afectaba a un entorno protegido.

«Si usted me pregunta si en mi presencia, en alguna de esas reuniones o en privado alguien me dijo que fuera preciso la declaración de impacto ambiental, la respuesta es no», manifestó.

Las obras proyectadas estaban destinadas, como explicó el fiscal, a desviar las aguas con altos índices de nitratos provenientes de la Rambla del Albujón, en el Campo de Cartagena, para evitar vertidos al Mar Menor y que desembocaran en el Mediterráneo a través de la planta desalobradora de la Comunidad de Regantes Arco-Sur, en Cabo de Palos. No obstante, defiende en su escrito de acusación que no se cumplimentaron ni se tramitaron los preceptos legales para poner en marcha el proyecto.

La exconsejera afirmó que en el año 2016 existía una emergencia por el deterioro de la calidad del agua del Mar Menor. En ese contexto, apuntó, se pusieron en marcha, dentro de sus competencias, medidas para atajar el problema. «Hubo una veintena de proyectos, entre ello el filtro verde que se ejecutó satisfactoriamente en el mismo periodo que el de estas obras, y centenares de reuniones. A esos encuentros acudían los responsables de todas las direcciones generales implicadas, entre ellas la de la Dirección General de Calidad Ambiental, y lo que se ponía de manifiesto era disparidad de criterios en cada uno de los proyectos».

En el caso de la tubería que iba a la desalobradora del Arco Sur, Martínez-Cacha aseguró que recuerda que en ese caso hubo mucha insistencia en cuanto a las competencias. «En cuanto a quién era el órgano sustantivo, en cuanto quién era el órgano ambiental. Pero lo que emanaba de esas reuniones, en este proyecto y en los demás, era una declaración final que llegaba a mi mesa, por parte del director general del Agua, que era el que impulsaba la obra, junto con todas las disparidades de criterio».

En este punto, el fiscal preguntó si recordaba que la directora general de Calidad Ambiental había hecho hincapié en el informe de agosto de 2016, en el que insistían en que esas obras debían someterse a una evaluación de impacto ambiental antes de su aprobación, ya que afectaban a espacios protegidos de la Red Natura 2000.

La exconsejera de Medio Ambiente respondió que el informe no establecía la necesidad de una declaración de impacto ambiental, no obstante, cuando declaró las obras de emergencia, ese documento no estaba en su mesa.

La firma de la obra, relató, se produjo en el contexto de una obra de emergencia, y el director general de Agua le explicó que existía un condicionante. «Que la comunidad de regantes del Arco Sur iba a impulsar el agua desde la rambla del Albujón siempre dentro de los condicionantes de la Declaración de Impacto ambiental (DIA) existente de la desalobradora. Es decir, el director general establece cuál es el condicionante más relevante para que se ejecute la obra que es esa DIA. Ese era el marco del proyecto».

La obra no llegó a ejecutarse dado que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no autorizó a la comunidad de regantes el uso del agua que iba a circular por la tubería. Además, la Confederación sancionó con una multa de 3.000 euros porque los trabajos proyectados se encontraban en dominio público hidráulico, y tampoco tenían los perceptivos permisos.

Junto a Martínez-Cachá se sienta en el banquillo de los acusados el ex director general del Agua, Andrés Martínez Francés. A preguntas del fiscal declaró que la directora general de Calidad Ambiental requirió que se le consultara en los aspectos ambientales del proyecto. «No solo en ese proyecto, sino en todos porque entendía que era su competencia», afirmó.

Además, explicó que en la reunión del 4 de agosto se propuso como solución la canalización en El Carmolí. «Se acordó que podía ser factible en el marco de una situación de sequía y amparada en un decreto excepcional que posibilitaba que la CHS tramitara las autorizaciones de forma inmediata».