Mario Urrea: «Hay que atacar el problema de las deyecciones de la ganadería»

–Acaba de decretar la situación de sequía extraordinaria. La previsión de lluvias para primavera y verano no es buena. ¿La situación tiende a empeorar?

–Lo que tenía que llover en marzo ya ha llovido. El Trasvase está teniendo una franca mejoría y va hacia arriba. Por el contrario las aportaciones y existencias propias de la cuenca no se están recuperando como debería; por lo tanto el escenario no es bueno. Ya hay un 25% de restricciones y hemos arrancado los pozos del sinclinal de Calasparra, que paliarán pero no resolverán. Vamos a ver la evolución, pero si no cayera agua el verano sería complicado.

–Sin el Trasvase, ¿la situación de la cuenca sería dramática?

–Me gustaría precisar que en primer lugar estaríamos en una situación muy grave sin las desaladoras. Y en segundo lugar, también estaríamos en una situación muy complicada si no tuviéramos el Trasvase. Ya hemos acuñado el 'mix' de aguas para poder realizar una gestión adecuada. Las aportaciones van descendiendo con la serie histórica. Los escenarios nos dicen que podemos disminuir respecto a lo que tenemos entre un 20% y un 25% más.

–La cuenca del Segura tiene un déficit casi imposible de resolver. Incluso el plan actual no resuelve ese déficit de facto.

–De facto ni administrativamente. Los desequilibrios entre las demandas consolidadas y los recursos siempre han sido así. La diferencia ahora es la posibilidad de generar recursos adicionales con la desalación. Esperemos que en este ciclo de planificación que finaliza en 2027 podamos incrementar los volúmenes de desalación. Además estamos realizando los estudios para disponer de otra desaladora, como sabe.

–El abastecimiento a la población está garantizado con la desalación. Y existe un liderazgo en depuración. La cuenca tiene los deberes hechos y se ha anticipado sobradamente. ¿Son un ejemplo para otras demarcaciones?

–Las claves pasan por la planificación y la anticipación. Usted ha dicho muy bien que aquí nos hemos anticipado, hemos sido pioneros en apostar estratégicamente por la desalación y la reutilización. Hay cuencas que llevan dos y tres años inmersas en una situación muy complicada, y sin embargo nosotros hemos tenido necesidad de activar ahora ciertos mecanismos porque tenemos unos recursos, antes llamados no convencionales, que las otras cuencas no tienen. Es un buen trabajo que se ha realizado desde la CHS.

–¿Qué opina de la propuesta de Vox para reformar la ley regional de protección del Mar Menor?

–Cuando sacamos nuestras medidas cautelares en 2020, en aquel momento había tres leyes en el ámbito autonómico sobre el Mar Menor. Luego hicieron una modificación y ahora se trae una quinta. Yo creo que lo que hay que hacer es cumplir desde el minuto cero lo que se dicta, que es lo que estamos haciendo nosotros. No hemos hecho más modificaciones y realizamos un seguimiento muy exhaustivo de la utilización del agua y de los fertilizantes en lo que es su afección al dominio público hidráulico. A mí siempre me gusta diferenciar: las competencias de protección del Mar Menor radican en la Comunidad Autónoma, y las competencias de protección del dominio público en la Administración General del Estado a través de la CHS. Todas nuestras actuaciones pretenden revertir la situación de los acuíferos y de las aguas subterráneas. Es evidente que si eso está bien, a la larga producirá una mejora en el Mar Menor. Las responsabilidades también están claras porque lo han dictaminado los tribunales. ¿Que hay una concurrencia competencial sobre el territorio? Evidente. Pero cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Nosotros solo hemos necesitado hacer una norma, ni siquiera de rango de ley, sino un acuerdo de Junta de Gobierno, para proteger nuestros acuíferos. Otros parece que necesitan realizar una cantidad ingente de normativa para proteger el Mar Menor. Eso ya es responsabilidad de cada uno.

–Sus normas, aunque dice que no tienen rango de ley, son suficientemente coercitivas. El que no cumple, ni riega.

–Son potentes, claro... La legislación le da esa potestad a los organismos de cuenca ante un hecho grave, cuando el daño al dominio público hidráulico es importante. Es evidente que ha habido un daño ambiental importante y eso es lo que nos ha dado esa potestad. Ya tenemos dos años de información de la actividad agrícola y ganadera y espero que podamos reformular las medidas cautelares a través del plan de ordenación del acuífero. Independientemente, y en paralelo, la Comunidad Autónoma tendrá que hacer el plan de actuación en zonas vulnerables. ¿Cuál sería la situación ideal para la Confederación? Pues que este plan estuviera implementado cuanto antes y que la Comunidad, en el ejercicio de su competencia, pudiera acreditar o no que se están haciendo bien las cosas.

–Si se reforma la ley del Mar Menor en la Asamblea, ¿podría ser un ejercicio inútil para determinados casos y requisitos? Porque seguirán funcionando las medidas cautelares de la CHS.

–No sé si sería inútil o no, pero lo que está claro es que las medidas cautelares están ahí. A lo mejor ellos pueden relajar las actividades en relación a la ordenación territorial, al urbanismo, a puertos, a la agricultura y a la ganadería, en tanto en cuanto no vayan en contra de la protección del dominio público hidráulico. Si lo que hacen es insuficiente para esa protección, pues entonces actuamos nosotros.

–¿Cuando se sabrá que el acuífero está a salvo? ¿Cuando los nitratos estén en niveles tolerables?

–No es tanto el nivel de nitrato como acreditar que la actividad ya no introduce nitrato en el acuífero. Eso es la sostenibilidad de la actividad. Lo que haya en el acuífero ahí está, eso no se va a poder revertir en el corto plazo. Entonces, ya no se le podrá achacar a la actividad agrícola. Perono son solo las medidas cautelares. El plan de Cuenca de Segura, igual que el resto de confederaciones, prevé limitaciones a la utilización de fertilizantesque hasta ahora nunca habían estado, basado en una normativa estatal y en la transposición de la directiva europea.

–¿Qué opina de la condena del Tribunal de Justicia de la UE por la contaminación de nitratos del Mar Menor?

–La sentencia viene a ratificar la necesidad de acometer actuaciones adicionales y reforzadas para evitar la contaminación por nitratos de las aguas superficiales y subterráneas, que es lo que la Junta de Gobierno de la CHS acometió en 2020 con las medidas cautelares en el Campo de Cartagena. Conviene resaltar que el Tribunal entiende como adecuadas las redes de control y su seguimiento, competencia directa de las confederaciones hidrográficas. Deberemos avanzar desde la CHS en el plan de ordenación del acuífero, y desde la Comunidad en el plan de actuación en zonas vulnerables, lo que no debe ir en la línea de relajar las medidas de protección de las masas de agua afectadas, sino todo lo contrario.

–Los agricultores y ganaderos del Campo de Cartagena se sienten presionados por la normativa, que consideran muy restrictiva. Muchos piensan que se quiera acabar con la agricultura de la zona o gran parte de ella.

–He de reconocer que esta situación no es fácil para el sector, pero no estamos pidiendo desde la CHS nada que no estuviera ya escrito. He repetido desde el minuto cero que las medidas cautelares han sido el resultado de un análisis técnico a través de especialistas de la UPCT. ¿Cuál era la diferencia? Que la norma autonómica era una recomendación y nosotros la hemos hecho obligación. Pero no hemos inventado nada. Me reúno periódicamente con las organizaciones agrarias y regantes afectados del Campo de Cartagena y creo que tienen claro que esto hay que hacerlo. ¿Que es otra manera de actuar, y por lo tanto introduce un ruido adicional? Cierto.

–¿Considera que en un plazo determinado habrá una compatibilidad de usos sin que se alteren demasiado las extensiones y la producción actual en la zona?

–Entiendo que sí. Las decisiones de la CHS tienen una base técnica y científica. Había un excedente de nitrógeno que la planta no estaba consumiendo, y por lo tanto quedaba en el terreno y en el agua y se infiltraba. Nuestras medidas y los modelos que hemos hecho desde la ciencia permiten incluso una reducción de ese excedente del entorno del 80 al 90%. Cada vez más este sector se tiene que tecnificar, y tendrá que contratar más técnicos. Es un coste añadido, pero entiendo que la actividad se va a poder realizar porque al final va a ser sostenible.

–Ha dicho antes que hay mucho ruido con este asunto.

–Sí, sí. Como ingeniero, me gusta cuantificar los problemas, y los números son los que son. La documentación oficial y las estadísticas agrarias dicen que hay un excedente de nitrógeno en la agricultura, lo que tenemos que hacer es reducirlo. La problemática es multifactorial. ¿Que hay saneamientos que mejorar? Mejorémoslos. Hay distintos sectores, y otro importante es el de la ganadería. Es decir, hay una producción de deyecciones que no sabemos dónde va. Y si se siguen produciendo, al final lo más normal es que termine extendiéndose en la cuenca vertiente con, digamos, la aceptación de los propietarios de las tierras. Con las lluvias y escorrentías eso va al final por los cauces al Mar Menor o se infiltra en el acuífero. Ahí hay un problema que hay que atacar. Nosotros hemos emprendido una labor de inspección. Nuestros medios son limitados, pero la hemos iniciado ya para revisar todas las granjas que hay en esa zona.

–¿Incluidas las de Fuente Álamo?

–Todas, todas. No podemos distinguir. ¿Qué sentido tiene excluir Fuente Álamo, que es un municipio que tiene, no sé si el 70 o el 80% de la actividad? Lo que hay que hacer es una actividad ganadera también sostenible.

–Dice que no sabe a dónde van las deyecciones del ganado.

–Yo no. Y lo pregunto a la Comunidad. Hemos pedido acceso al registro de deyecciones ganaderas, pero entiendo que no podemos suplir a la Comunidad en sus tareas. Nos tendrían que dar información de que las granjas tienen tratamiento para esas deyecciones, pero es complicado porque si uno calcula las toneladas que se producen, es que no hay superficie suficiente para absorberla en el Campo de Cartagena. Es una cuenta muy sencilla.

–La Fundación Ingenio y Vox sostienen que la eutrofización del Mar Menor se debe a los vertidos urbanos sin tratar. Y no tanto a los nitratos agrícolas. ¿Qué dice?

–La documentación oficial constata un exceso de nutriente en la actividad agraria; un excedente de nitrógeno. Si está reconocido no sé por qué se dice que no es así.

–¿La agricultura lo tiene cada vez más complicado, más difícil, en la cuenca del Segura?

–Hemos sido pioneros en reutilización y en desalación, y creo que ahora estamos siendo pioneros en exigir una agricultura sostenible. Pero esto se va a extender a todos lados a tenor de las directrices de la UE. El futuro es un regadío sostenible. O es sostenible o no lo será. Pero no solo en el Campo de Cartagena, sino en toda España. El problema que vengo detectando es que en determinadas zonas esto ya no es una agricultura del siglo XX, sino una industria agroalimentaria. El debate del fondo es qué agricultura nos podemos permitir, porque los recursos son los que son.

-Otro desafío es el cierre y optimización de los acuíferos sobreexplotados. ¿Se reducirán mucho las extracciones?

-Si no hay ninguna modificación legislativa, la intención en todas las confederaciones es que en el año 2027 se minore la extracción y se deje solo el recurso renovable. En determinadas zonas que no tengan posibilidad de un recurso alternativo, habrá un cambio de cultivos, menores dotaciones y, en algunos casos, una pérdida de superficie.

-El presidente de Castilla-La Mancha reclama el cierre del Trasvase para el regadío del Levante. ¿Como responsable de la CHS, qué le parece este planetamiento?

-Los planteamientos que yo sigo son los que me fijan en mi Ministerio, y yo al Ministerio no le he oído decir eso. Por lo tanto, entiendo que son unas declaraciones en un ámbito político y si alguien tiene que responder, será en el ámbito político. Yo me manejo con los parámetros de mi Plan de Cuenca.

-¿En qué situación está la polémica de las zonas inundables y los planeamientos urbanísticos?

-Es un tema permanentemente dinámico. Como sabe, después de las últimas actuaciones quedamos en volver a sacar a consulta pública las nuevas zonas que hemos detectado de flujo preferente. Lo haremos en un par de meses, y con la máxima seguridad jurídica. Pero vuelvo a lo mismo, hay una ley nacional que define qué se puede hacer o no en función de esa clasificación. Cierto que impacta en el territorio, pero para proteger. No queremos que nos vuelva a pasar que cuando venga una avenida importante le cueste la vida a las personas o que haya pérdidas materiales incalculables o muy elevadas. Entiendo que se ven cercenadas determinadas actuaciones que tenían unas expectativas, pero creo que prima la defensa de los que hipotéticamente iban a vivir ahí.