El Mar Menor defenderá sus derechos por primera vez en un juicio a través de diez acusaciones

El Mar Menor hará valer por primera vez sus derechos en un juicio. Será el 20 de mayo de 2026 en Cartagena, en la sección quinta de la Audiencia Provincial, donde seis colectivos ciudadanos y cuatro ayuntamientos de la cuenca actuarán en su nombre y ejercerán la acusación contra dos empresas agrícolas y un particular, vinculado a ellas, acusados de contaminar la laguna mediante el vertido de 162.345 metros cúbicos de aguas de rechazo desde una desaladora ilegal. En la causa, dirigida contra las mercantiles Ecosarete y Datelio y que forma parte del 'caso Topillo 2' (dividido en 39 piezas), asociaciones ciudadanas y ecologistas y consistorios invocaron ante el Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena la ley que reconoce la personalidad jurídica de la laguna y de su cuenca, que faculta a cualquier persona o entidad a presentar un pleito, o sumarse a él, en defensa de la laguna.

La Audiencia rechazó hace un año personaciones similares, en ese mismo juzgado, contra la mercantil Expracar. El tribunal entendió que, a pesar de haber entrado en la causa por invitación del juzgado, colectivos ciudadanos y ayuntamientos actuaban como acusación popular, y no como acusación particular; y que su acción decayó, al no haber presentado la Fiscalía ninguna acusación contra la empresa, que finalmente fue exculpada.

Sin embargo, en la causa que se enjuiciará en 2026 la defensa de las firmas Ecosarete y Datelio no ha recurrido la presencia de acusaciones distintas a la Fiscalía; además, el Ministerio Público sí se dirige contra las compañías, al ver indicios de delito.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) indicaron a LA VERDAD que en las diligencias consta que, junto a la Fiscalía, hay diez acusaciones, pero no si estas actúan como particulares o populares. Se trata de Greenpeace España, Ecologistas en Acción Región de Murcia, Pacto por el Mar Menor, Comisión Promotora de la Iniciativa Legislatura Popular (ILP) para el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor y Sociedad Española de Ornitología, representados por el letrado Eduardo Salazar; Asociación Alianza Mar Menor (Amarme), a través del abogado Sergio Marco; y los ayuntamientos de Los Alcázares, San Javier, Cartagena y Murcia. Salazar aseguró que tanto él como Marcos ejercen la acusación particular y no espera ser expulsados de la causa.

Según Marco, Amarme, una de las asociaciones que impulsó la recogida de las 640.000 firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que precedió a la ley, solicitó la personación como acusación particular al conocer que el Juzgado de Instrucción 4 llevaba varias causas relacionadas con 'Topillo 2'. Destacó, además, que, según la ley de enjuiciamiento criminal, cualquier eventual acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa «deberá contar con el visto bueno de la acusación particular», o tendrá que celebrarse el juicio. Las acusaciones suelen solicitar penas de prisión y cuantías de indemnización por daños y perjuicios más altas que el Ministerio Público.

Marco citó como precedente de pacto entre la Fiscalía y la defensa el acuerdo de septiembre pasado en el Juzgado de Lo Penal 3 de Cartagena, en el primer juicio del 'caso Topillo 2': el que sentó en el banquillo al empresario Francisco Roca León, propietario de una finca de La Puebla y presidente de la Comunidad de Regantes Isidoro García Ráez, que desató las críticas de vecinos y ecologistas al Ministerio Público. Roca fue condenado por un delito contra el medio ambiente, cometido por imprudencia grave, a un año de prisión, una multa de 1.500 euros y el pago de 17.252,08 euros al Estado por el vertido de 68.061 metros cúbicos de aguas con nitratos y salmuera, desde una desaladora ilegal, entre los años 2015 y 2017. El acusado, quien también aceptó seis meses de inhabilitación para la profesión de agricultor o de administrador o gerente de empresas agrícolas, se declaró culpable y logró un rebaja de once meses en la pena que solicitaba la Fiscalía.

El letrado Marco, quien además es profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Murcia (UMU), señaló que las partes del procedimiento contra Ecosarete están a la espera de que se abra el plazo para presentar el escrito de acusación.

Estas asociaciones, Amarme y los ayuntamientos de Cartagena y de Los Alcázares vieron frustrado el año pasado su intento de representar a la laguna, en aplicación de esta novedosa ley, en el juicio contra la empresa agrícola Expracar, investigada por vertidos similares. Como la Fiscalía no veía delito, el juzgado archivó las diligencias contra la compañía, que en el momento de los hechos investigados dirigía el conocido empresario cartagenero Mariano Roca Meroño (ya fallecido) y para la que las acusaciones pedían una multa de 888.803 euros y suspender su actividad durante tres años por el vertido de 136.363 metros cúbicos entre 2014 y 2016. Así lo acreditó el Instituto de Medicina Legal de Valencia, en uno de los informes periciales del caso 'Topillo'.

Recientemente, Amarme presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en la que solicita la condena a España por la citada decisión de la Audiencia y por los posteriores rechazos a sus recursos por parte del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Asimismo, Amarme prevé solicitar su personación en otras siete diligencias de 'Topillo 2' contra distintas empresas.

Según el artículo 6 de la ley de derechos del Mar Menor, vigente desde septiembre de 2022 y cuyo reglamento aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes, «cualquier persona física o jurídica está legitimada para la defensa del ecosistema del Mar Menor, y puede hacer valer los derechos y las prohibiciones de esta ley y las disposiciones que la desarrollen a través de una acción presentada en el Tribunal correspondiente o Administración Pública». El reglamento prevé la creación de la Tutoría del Mar Menor, que también podrá presentar pleitos en defensa del ecosistema.

Respecto a la primera fase del 'caso Topillo', la Audiencia tiene pendiente señalar las fechas de juicio para dos vistas orales en Murcia. En una, se sentarán en el banquillo titulares, administradores y encargados de 37 empresas agrícolas, por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente relacionados con el vertido de aguas de rechazo de desaladoras ilegales. Otro juicio se dirigirá contra el exconsejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente Antonio Cerdá y contra el ex comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) Manuel Aldeguer, acusados de prevaricación, por haber consentido supuestamente los derrames contaminantes.

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