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No se sabe exactamente qué quiere hacer el PP con la ley del Mar Menor. Esta es la cuestión de fondo. Los populares han tumbado ... de golpe la propuesta de su socio para cambiar la norma (lo cual puede acarrear consecuencias en el pacto de gobierno, aunque no parece que la sangre llegue al río), y al mismo tiempo se han mostrado dispuestos a modificarla. Es la gran novedad. Han abierto finalmente el melón para cambiar la ley, sin aclarar en qué términos. Con el argumento de que se haría para mejorarla, cabe todo. Evidentemente, no será para aumentar las restricciones, sino más bien para tratar de eliminar o pulir las aristas de las medidas que rechaza el campo. Es una patada hacia adelante con una moción para intentar revisar la ley mediante un amplio consenso político y social que puede quedar en un brindis al sol. 'A priori', no se aprecia que Vox vaya a cambiar su ley por otra promovida por el PP.
En un giro estratégico 'ad hoc', el PP ha pretendido nadar y guardar la ropa para tratar de no desairar al potente sector agropecuario del Campo de Cartagena que se manifestó a las puertas de la Asamblea, organizaciones agrarias incluidas. A pocos metros estaban ecologistas y colectivos por el Mar Menor. Hay muchos votos en juego. Un dirigente del Campo de Cartagena, contrariado por el fracaso de la iniciativa de Vox, criticó que el PP no había tenido el arrojo de votar a favor o en contra, en lugar de optar por la abstención. A su juicio, los de Abascal debían romper el pacto de Gobierno de inmediato.
El caso es que Vox tendrá que esperar otro año. Los populares no se amilanaron ante la advertencia 'in situ' que lanzó desde su escaño José Ángel Antelo, cuando, minutos antes de la votación, manifestó que la reforma de la ley del Mar Menor «es una línea roja». Es llamativo que este hablara en representación del Ejecutivo regional y en contra del parecer de sus socios. López Miras no intervino en una sesión que resultó surrealista: fue el portavoz popular quien propuso incluir en el orden del día la propuesta de Vox, lo cual hacía pensar que iba a apoyar su tramitación parlamentaria, pero el desenlace fue otro al proponer 'in voce' su propia iniciativa para cambiar la norma, que tampoco prosperó. Unido a esto, la trifulca sobre si la proposición de Vox debía discutirse al principio o al final fue para nota. Rozó el bochorno.
El resultado práctico del farragoso Pleno en la Asamblea es que todo seguirá como está en el Mar Menor. También fracasó el nuevo intento para prorrogar la moratoria urbanística hasta que se apruebe el Plan de Ordenación. Lastimoso.
Ahora, todos quieren hacer cambios en la ley del Mar Menor, excepto el PSOE, que acusa a López Miras de incumplir muchas medidas en los casi cuatro años de vigencia de la ley actual. A este paso, será «el mar muerto», dijo la oposición (la de izquierdas).
Los populares apuestan por un amplio consenso para abordar las reformas necesarias, algo que no habían dicho hasta ahora y que responde a la cada vez mayor presión del sector agro. Podemos también propone cambios con objetivos más proteccionistas, pero haciendo guiños a la parte agrícola y recogiendo algunas de sus propuestas; mientras que Vox, ya se sabe, tira por todo lo alto con una ambiciosa reforma que le da la vuelta a la ley como a un calcetín. Se le fue la mano con una gruesa andanada de ataques a lo que llamó «terrorismo climático». El 'supermiércoles', como lo definió Vox, al que le ha salido el tiro por la culata, ha retratado la situación: los partidos políticos nunca se pondrán de acuerdo. La iniciativa y la responsabilidad última, en cualquier caso, para proteger el Mar Menor corresponde a López Miras y su Gobierno (o parte de él). El futuro del pacto con los socios enfadados de Vox está encima de la mesa.
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