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La ministra Teresa Ribera no había mostrado hasta ahora su pretensión de reunir a las comunidades autónomas cedentes y receptoras del Trasvase Tajo-Segura para ... tomar algunas decisiones trascendentes para el futuro del acueducto. Habló y negoció con las regiones ideológicamente afines de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana –léase García-Page y Ximo Puig–, pero no tuvo la misma relación con la Región de Murcia, Andalucía y Madrid, gobernadas por el PP. Ahora, de sopetón, quiere reunir a las autonomías implicadas en torno a un grupo de trabajo para hablar sobre el acueducto, y de modo específico de las reglas de explotación, que es lo que toca. «Es un ejercicio positivo» que estas comunidades se escuchen entre sí, dijo Ribera tras su reunión con Carlos Mazón.
Tanto como valorar este giro, cabe preguntarse por los motivos de fondo. Lo conocido es que el Ministerio no recurrió con anterioridad a semejantes grupos de trabajo cuando reformó las reglas del acueducto en el verano de 2021, bajando de 38 a 27 hectómetros los envíos en el nivel de normalidad hidrológica, y retocando la escala superior para imposibilitar casi el volumen máximo que permite la ley de 600 hectómetros anuales, en el caso de que las reservas lo permitieran. Con aquella reforma, en la que no consultó a todos los actores, las transferencias totales quedaron limitadas a unos 320 hectómetros al año para regadíos y abastecimientos en el mejor escenario. O sea, según la media histórica. Calcado. Y con muy pocas posibilidades de que los envíos aumenten más.
Otra decisión más relevante es el incremento progresivo de los caudales ecológicos en el Tajo y el correspondiente recorte del Trasvase. Fueron dos decisiones clave para el Trasvase sin consenso territorial y por decreto.
En la etapa de Rajoy también se cambiaron las reglas con la decidida intervención de Cospedal. Se redujeron las transferencias en el Nivel 3 y se aprobó el Memorándum que elevó a 400 hectómetros las reservas no trasvasables. En la práctica esa línea roja es muy superior.
Con el Tajo al 70% de capacidad y con las mayores reservas de la península (hay 7.750 hectómetros en la cuenca, 800 de ellos en la cabecera), el gobierno de Castilla-La Mancha dice que participará en ese grupo de trabajo, y culpa al Ministerio de que ha pasado el plazo para retocar las reglas y que aún no tiene noticias. El objetivo de Page es que se cierre el Trasvase para riego. Este interés de ahora de Ribera por hacer partícipes a unos y otros equivale a trasladar la decisión a unas autonomías enfrentadas por el agua. El Cedex presentará sus datos, y puede que no tranquilicen a una parte.
Como soñar no cuesta nada, en el supuesto, casi imposible, de que se alcanzara un acuerdo satisfactorio para todos, eso serviría de base para un pacto nacional de agua. Ojalá. Se presenta esa oportunidad.
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