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El fallo de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo denegando las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Ximo Puig, sobre unos caudales ... futuros del Tajo que aún no están vigentes, no le ha hecho, a priori, un favor a la causa del Trasvase. Es decir, no se puede suspender una medida que aún no se ha producido. Aunque el Consell alegó que quiere evitar el automatismo de las subidas de caudal programadas para dentro de tres años, cabe la posibilidad de que haya entorpecido las otras demandas pendientes de resolución. Esto es, la medidas cautelares solicitadas también por los regantes del Trasvase (Scrats), los gobiernos de Murcia y Andalucía y la Diputación de Alicante, pero que a diferencia de la Generalitat, piden al alto tribunal que frene de inmediato la primera subida de caudales, vigentes desde principios de año.
La resolución no obstante se presta a varias interpretaciones: por un lado, no beneficia que una de las partes recurrentes, como es el Consell, dé por buena la primera subida de caudales de 6 a 7 metros cúbicos por segundo, y se centre en lo que está por llegar en los años 2026 y 2027. El Supremo habrá tomado nota de la falta de unidad en los planteamientos del frente levantino. Por otro lado, el resto de peticiones van dirigidas a una medida que ya se está aplicando y que, por lo tanto, encajaría dentro de los supuestos favorables a una suspensión cautelar. Estos argumentan que ya se está produciendo un daño al tejido socioeconómico del Levante, con un impacto que durará tres años. Y sostienen que la zona del Alto Tajo no se verá perjudicada medioambientalmente si se mantiene el anterior caudal mínimo de 6m3/s hasta que se resuelva el recurso principal.
El auto del Supremo en contra de la petición del Consell hace notar que «no se recurre el primer escalón, aplicable de forma inmediata a la entrada en vigor del Real Decreto» del Consejo de Ministros del 24 de enero, lo cual hace pensar –solo es una presunción– que el tenor del fallo podría haber sido diferente. Lo sucedido podría resumirse en lo que se llama 'pisarse la manguera' para apagar el fuego entre quienes defienden el Trasvase, aunque con estrategias diferentes, al tratarse obviamente de partidos políticos de distinto signo. Para situarse, se está en los primeros minutos del partido, por así llamarlo, ya que todo está a expensas de la decisión que tome el Supremo sobre los recursos de fondo en contra del Plan del Tajo.
El presidente de los regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, considera que no favorece el hecho de que el Consell acepte la primera subida de caudales, algo que ya puso de manifiesto cuando presentaron esas cautelares. Critica que la Generalitat acepte que no se está produciendo un daño con esa primera subida de caudal. Y considera «de cajón» que el Supremo rechace aplicar una medida tan excepcional sobre algo que aún no se ha producido. «Ya advertimos de que no había motivos para aceptar el aumento de un solo litro de caudal porque era una medida política», enfatiza.
El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, recordó ayer que desde el principio no compartían los argumentos de la Generalitat. «Dijimos que era un recursito para quedar bien y para no molestar a Pedro Sánchez. Que quede claro que nosotros no aceptamos ningún tipo de recorte, ni poco, ni mucho, ni ahora, ni después». El presidente de la Diputación de Alicante y candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón, culpó a Ximo Puig del rechazo del Supremo. «Ha ocurrido lo que avisamos, nos han tumbado las primeras medidas cautelares». García-Page aplaudió la decisión del Supremo y declaró que Castilla-La Mancha ha vuelto a ganar en los tribunales.
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