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La creación de nuevos juzgados especializados en violencia de género en la Región no ha sido acogida por los magistrados con la satisfacción que ... cabría esperar. Y no por el hecho de que consideren que tal especialización no está justificada, sino por la aparente discriminación que la Administración de Justicia murciana ha vuelto a sufrir por parte del Gobierno de la Nación. El malestar de los magistrados que encabezan los seis juzgados de lo Penal de Murcia se ha traducido en el envío de un escrito al Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJRM), en el que expresan su «más enérgica protesta» ante la constatación de que no se ha creado ningún órgano nuevo en Murcia, al contrario de lo ocurrido con ciudades como Alicante, que han recibido dos juzgados pese a estar ingresando un menor número de asuntos.
Los jueces murcianos están indignados desde que, el pasado 13 de febrero, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuso especializar 33 juzgados de lo Penal de toda España en materia de violencia de género, entre ellos dos de Murcia capital.
493 asuntos ingresan cada año, de media, los juzgados de lo Penal de Murcia.
462 asuntos ingresan cada año, de media, los juzgados de lo Penal radicados en Alicante.
El objetivo declarado era contribuir de esa manera a «optimizar la respuesta de las instituciones frente a la violencia machista», pues con este plan los juzgados de lo Penal venían a sumarse a los de Instrucción que ya están especializados desde hace años en múltiples partidos judiciales de todo el país.
Hasta ahí, todo parecía correcto y asumible para los jueces murcianos, por más que el método de designación –juzgados de lo Penal 5 y 6 de Murcia– pareciera haber respondido simplemente a la circunstancia de ser los de más reciente creación, y no a ningún análisis exhaustivo.
Lo que soliviantó a estos profesionales de la Administración de Justicia regional fue constatar que, en el mismo plan, se contemplaba la nueva creación de siete juzgados de lo Penal, sin que ninguno de ellos fuera a recaer en Murcia. Así, el CGPJ estableció que era necesario habilitar dos nuevos juzgados en Almería, otros dos en Sevilla, dos más en Alicante y uno en Cádiz.
Con los datos en la mano sobre la actividad desarrollada por los órganos judiciales de esas localidades, según la propia estadística del CGPJ, la decisión adoptada no parecía tener mucho sentido. Y es que, mientras Murcia estaba en una zona muy próxima a Sevilla y Cádiz en cuando al número de asuntos ingresados cada año por cada juzgado (493, frente a 501 y 503), se encontraba sin embargo bastante por encima de los juzgados alicantinos, con 462 asuntos ingresados de media anual.
Ante esta circunstancia, los seis jueces de lo Penal de Murcia, además del juez decano, Lorenzo Hernando, se reunieron en Junta Sectorial el pasado 21 de febrero. Y tras analizar la situación redactaron un escrito, dirigido al TSJRM, en el que expresaban su «más enérgica protesta por el hecho de que «se haya preterido una vez más al partido judicial de Murcia».
Los magistrados señalaron que «hay ciudades con menos carga de trabajo en las que se han creado hasta dos nuevos juzgados» y ponían el ejemplo concreto de Alicante. «En Murcia tenemos mayor entrada de asunto, y consecuentemente más cantidad de ejecutorias, y a pesar de ello a Alicante se le premia con nuevos juzgados».
Tras dejar sentada su conclusión de que «la razón no puede ser objetiva, ya que los datos están claro», se manifestó la convicción de los asistentes de que «en Murcia debe crearse con urgencia un nuevo juzgado de lo Penal».
Y se concluye con una dura acusación, dirigida a las alturas: «La razón real se ignora, pero nos tememos que se siguen creando unidades judiciales por razones políticas y no objetivas».
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