Díaz Manzanera: «La lucha de la Fiscalía contra la corrupción ha sido un toque de atención muy importante»

–¿Están preparados para asumir la instrucción?

–Estamos preparados. De hecho, estamos ya llevando instrucciones penales con los mismos límites que van a existir cuando tengamos la instrucción. Estamos absolutamente preparados.

–Hay quienes aprecian un riesgo de falta de imparcialidad debido a la dependencia jerárquica de la Fiscalía respecto al Gobierno.

–Creo que eso no afecta para nada por muchísimas razones, pero, si la única cuestión que se plantea es que procedemos de una carrera en la que la cúspide es elegida por el Gobierno, que se decida que lo elija el Congreso de los Diputados. Las dudas podrían ser exactamente las mismas. Además, la propia ley, en su anteproyecto, está diciendo que se va a designar en un turno, que eso lo tiene que fijar el fiscal general del Estado, el fiscal encargado de la investigación en cada asunto. No se va a poder remover ni por un jefe, ni por un fiscal superior, salvo por causas justificadas que generarán la tramitación de un expediente.

–A algunos les puede chirriar que la fiscal general del Estado provenga directamente de las filas del PSOE.

–Pues que se cambie eso. O bien está la opción de que sea la propia carrera fiscal la que elija, como sí que elige al Consejo Fiscal. ¿Se podría plantear que el Consejo Fiscal elija al fiscal general del Estado? Perfectamente. Pero no va afectar a lo que es el día a día del trabajo que la cúspide que está en Madrid, que la fiscal general del Estado, sea elegida por uno o por otro. No va a afectar para nada al desempeño diario y el que diga lo contrario, desconoce la realidad.

–¿Cómo conjuga esa nueva responsabilidad que van a asumir con el déficit tradicional de fiscales que sufre la Región? Suele repetir que harían falta 15 más para equipararnos a la media.

–No se va a poder llevar. La cuestión es que va aparejado de una reforma muy profunda a la justicia. Obviamente se tiene que ampliar el número de fiscales y eso supone una organización territorial que ya veremos cómo se hace. Va a generar un aumento de plantilla o bien la posibilidad de ofrecer a los jueces de instrucción que se pasen a fiscales, como hay carreras unificadas en otros países.

–¿Jueces reconvertidos en fiscales?

–Esa sería una posible solución porque, por otra parte, la carrera judicial tendrá que plantearse qué hacer con todos los jueces de instrucción. Tendrán que transformarse en jueces de garantías, pero van a seguir sobrando. Tendremos que acomodarlos ampliando más plazas en otros sitios. Es una reforma de enjundia que se puede hacer, pero habrá que acometerla con la antelación suficiente.

–¿Confía en que llegue a producirse? En justicia siempre se habla de reformas que finalmente no llegan a término.

–Con los pasos políticos que se han dado, creo que sí. Además, parece que políticamente apunta, con la aprobación de los presupuestos, a que este gobierno puede acabar la legislatura. Con tres años más, creo que sí se aprobará, aunque tiene razón. Ha habido muchos anteproyectos ya en los que todos planteaban la reforma, pero no han llegado nunca a buen puerto. Yo confío en que sí y, desde luego, tengo la confianza en que, en el caso de que se consiga, vamos a estar perfectamente preparados.

–Su antecesor, Manuel López Bernal, inició una batalla a ultranza contra la corrupción de la que usted tomó el testigo. ¿Cree que algo ha cambiado?

–El inicio de esta actuación, en la que fue eminentemente clave López Bernal y a la que yo me sumé, creo que ha tenido sus frutos. Hasta ese momento prácticamente la corrupción no se investigaba. Se perseguían esas actuaciones, pero no con esa intensidad y, sobre todo, con ese número. Es cierto que también comenzaron a llegar denuncias, algunas anónimas. Ahora siguen planteándose temas de corrupción, pero creo que eso fue un toque de atención muy importante en el que los medios de comunicación fueron claves.

–Vimos a algunos cargos políticos, incluso, entrar en prisión.

–Yo he tenido ocasión de pedir penas de prisión a políticos, que no es agradable, porque no se nos daba una medida intermedia cautelar. No he visto que eso esté en el anteproyecto (de la Ley de Enjuiciamiento Criminal): la prohibición de aproximarse o de ejercer la función pública mientras que se tramita el procedimiento. De esa forma, se evitaría lo desagradable que es tener que ingresar en prisión a cualquier persona, pero mucho más a un cargo público; el riesgo de reincidencia y la imagen que se da dejándolo en libertad y que acuda de nuevo a su lugar de trabajo. Volviendo al asunto, creo que se captó el mensaje con ese gran número de casos de corrupción. Entre los cargos públicos eso caló. Los nuevos que han llegado tienen muy claro lo que se debe hacer y no ejerciendo la función pública, porque saben que hay una justicia encima.

–¿Le vieron las orejas al lobo?

–Han visto que desde el año 2006 se han tramitado muchos procedimientos y que se está investigando. No todos, pero muchos dirán: 'Cuidado'. La prevaricación es la figura delictiva que más se sigue dando, aunque la inmensa mayoría de ellas se están archivando. Es el mayor número de denuncias que se plantean.

–¿Cuántas denuncias llegan más o menos ahora a la Fiscalía?

–Pues delitos de funcionarios públicos en 2016 fueron 71, en 2017 fueron 77, 54 en 2018 y en 2019 fueron 60. En lo que va de año son 43. Muchas de ellas están en trámite porque tenemos seis meses de plazo, pero estamos pidiendo prórrogas y se nos conceden.

–¿Sigue siendo partidario de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acorta los plazos de instrucción en causas penales?

–Con los medios que tenemos, sin ninguna duda. A ver, se ha mejorado algo con la reforma, se ha ampliado el plazo a un año y ayuda un poco más, pero, realmente, el problema sigue existiendo. Un año no es suficiente porque faltan medios. Por otro lado, los plazos sí son necesarios porque no se puede admitir que haya una causa paralizada. Con la idea estoy completamente de acuerdo, pero tienen que facilitar los medios adecuados para que eso se pueda llevar lo mejor posible. Hay otros aspectos a tener en cuenta. El sistema procesal que tenemos, que es muy bueno que sea garantista, pero eso supone que los abogados tienen que hacer su trabajo. Así que todo es recurrible. Estamos habituados a que lleguen, por ejemplo, de la Audiencia Provincial resueltos recursos de un año y pico o dos años. Eso no es admisible.

–¿Cómo se le queda el cuerpo cuando ve casos que llegan a juicio 6 o 7 años después?

–No es admisible. Los jueces y los fiscales se ven abocados al trabajo diario. El día a día te va comiendo. Si te entran cuatro o cinco asuntos de estas características, hunden el juzgado. El TSJ me consta que está planteando refuerzos y yo también he pedido. Se me admitió un refuerzo en su momento para el tema del Mar Menor, para que el fiscal de Medio Ambiente se dedicase específicamente a eso, y se ha avanzado bastante. Creo que no le queda mucho para finalizar. Son causas de entre 3.800 y 4.000 acontecimientos y cada uno tiene sus folios. Es inabarcable. Habría que duplicar y triplicar las plantillas y que se tarde mucho menos.

–Hace unos meses dejó clara su intención de fomentar las conformidades para tratar de agilizar la administración.

–Sí, ha sido un acierto. Desde junio para acá, en Murcia y en Molina se han firmado 148 conformidades. He visto un avance importante en ese aspecto. Creo que los resultados son bastante satisfactorios.

–En aras de una mayor agilización, ¿no se corre el riesgo de ser demasiado benévolo?

–Sí, siempre valoramos esas circunstancias. Si se puede plantear una reducción de la pena y evitas unas citaciones, una tardanza... Vamos a hacerlo. Dentro de eso, por supuesto, la rebaja debe ser en función de las circunstancias que se dan y con arreglo a la legalidad. Puede haber algún riesgo de ser benévolo, pero procuramos evitar que sea así.

–¿Considera una injerencia los planes que planteó el Gobierno para renovar el CGPJ?

–Se están planteando dudas sobre la acción de la fiscal general por el hecho de que es elegida por el Gobierno, pero ese planteamiento parece que se puede extrapolar también al ámbito de los jueces, porque el CGPJ también es elegido por los políticos. ¿Queremos que las cúpulas judiciales se hagan por la vía política? Yo creo que habría que cambiarlo por la imagen de confianza que se da a la ciudadanía. Desde luego, lo que no es admisible es que, por discrepancias en la renovación, las mismas personas estén prorrogándose en el tiempo.