La lucha contra la corrupción, «principio básico» de la nueva ley de contratos públicos

Más transparencia, menos cargas administrativas y mejor relación calidad-precio de los contratos públicos. Estos son los tres principales objetivos que persigue la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor el próximo 9 de marzo, y cuyas novedades se desgranaron ayer en una jornada organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia. La jornada fue presentada por el decano de la institución, Manuel Jódar, e inaugurada por el consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, quien dejó claro que «asistimos a una reactivación de la contratación pública», con un incremento de la licitación en la Región hasta el pasado mes de septiembre «del 187,2% en relación con el mismo mes del pasado año».

Según Rivera, «la transparencia y la calidad en los contratos del sector público son las claves de la nueva ley, que apunta en la dirección de evitar ofertas temerarias y primar criterios en las adjudicaciones como los sociales o los medioambientales. Es una cuestión digna de mención la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, mediante la cual se impone a los órganos de contratación la obligación de tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, poniendo los medios para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación».

Así lo afirmó también el encargado de ofrecer la 'lección magistral' sobre la que giró la jornada, el doctor en Derecho por la Universidad de Murcia y actual responsable de Contratación del Servicio Murciano de Salud (SMS), José Alejandro Blázquez Román, quien aseguró que «la lucha contra el fraude y la prevención de los conflictos de intereses» se convierten en un «principio básico» de la nueva ley. De hecho, y según Blázquez, esa vigilancia no solo se ciñe ya «al órgano de contratación, sino a todos los funcionarios que intervienen en la cadena de contratación, cuya abstención del proceso ya no es suficiente. Ahora deben declarar y poner de manifiesto cualquier tipo de relación con las empresas».

En esa labor de vigilancia, además, las mesas de contratación tendrán un nuevo papel, ya que se «profesionalizan», y de ellas no podrán formar parte «cargos públicos», siendo de su competencia cierta función de control para la que, según Blázquez «no están capacitadas».

La nueva normativa nacional, que no hace otra cosa que trasponer la directiva europea de contratos públicos tras los reiterados toques de atención de la Unión Europea a España (bajo la amenaza de multas millonarias), «se enmarca en la 'Estrategia Europa 2020', en la que la contratación pública desempeña un papel clave al configurarse como uno de los instrumentos que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más racional de los fondos públicos», según el consejero. En efecto, Blázquez Román dejó claro que la Ley de Contratos del Sector Público, que se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado 19 de octubre tras la presentación de 1081 enmiendas (de las que se aprobaron 975), recoge como «carta de naturaleza criterios sociales y medioambientales», que cobran mayor protagonismo en la contratación pública en detrimento de la «oferta más ventajosa». Porque, en muchos casos, según el consejero Rivera, «lo barato puede salir caro».

Tal y como puso de relieve el responsable de Contratación del SMS, «la ley, que también se preocupa de la protección de las pequeñas y medianas empresas, se convierte en un medio, en una herramienta útil para influir en la sociedad. Ahora contratar ya no es solo adjudicar, sino asegurarse de que el contrato y la obra causan impacto social generando más bienestar, más igualdad...». Eso sí, según Blázquez, «van a pasar varios meses hasta que la ley se consolide».