La Unidad de Control del Padrón en Lorca destapa infraviviendas en naves y almacenes

La Unidad de Control del Padrón de Lorca ha destapado infraviviendas en naves agrícolas y cebaderos semiabandonados donde vivían personas hacinadas con «graves problemas de insalubridad» y afectados en ocasiones por plagas de chinches y pulgas. También ha detectado fraudes en los contratos de alquiler, con subarriendos no declarados. Lo dijo este jueves el alcalde, Fulgencio Gil, que hizo balance de las actuaciones realizadas por este órgano, que tiene un «marcado carácter transversal», en el que están implicadas distintas áreas municipales, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, la Delegación del Gobierno y la Agencia Tributaria.

Hasta el momento se han realizado 70 inspecciones e iniciado 38 expedientes de ejecución forzosa con órdenes de ejecución o restitución, que afectan en su mayoría a infraviviendas, señaló Gil. Destacan también diez órdenes de ejecución por incumplimiento de las condiciones de habitabilidad de las residencias.

Señaló que gracias a los informes emitidos por la Unidad de Control del Padrón el servicio de Catastro está realizando actuaciones en naves y almacenes que han sido transformados por los propietarios para convertirlos en lugares de residencia. También se han detectado casos en los que las viviendas en las que se han realizado los empadronamientos tienen deudas por impago del IBI durante varios años.

El alcalde detalló que se han iniciado 362 expedientes de comprobación que han dado lugar a 125 expedientes de depuración de empadronamientos al detectarse casos en los que el domicilio que consta no coincide con el lugar de residencia real. Esto se ha traducido en 546 requerimientos a propietarios y residentes, se han iniciado 190 expedientes de baja de oficio y se han generado 180 cambios de domicilio y 55 altas.

La Policía Local ha identificado a más de 1.300 personas residentes en viviendas sometidas a información o comprobación previa y no ha podido hacerlo con más de 300 ciudadanos por no residir en los domicilios en los que figuran empadronados.

Desde que se puso en marcha esta unidad se han iniciado 56 expedientes sancionadores de los que 37 corresponden a 2024 y 19 a este año por incumplimiento de las obligaciones recogidas en la ordenanza municipal. Los infractores se enfrentan a multas que oscilan entre los 375 y los 3.000 euros.

Se han realizado cinco comunicaciones a Sanidad, 12 a Servicios Sociales, 49 a Policía Nacional y Guardia Civil y otras 14 a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

El alcalde se refirió a la necesidad de dotar de más personal a la unidad por el volumen de trabajo que soporta y el aumento de las actuaciones que lleva a cabo. También está en marcha la modificación de la ordenanza que regula la gestión del padrón, que entró en vigor en junio de 2023, para ampliar los tipos de infracción y poder seguir luchando contra el hacinamiento, la infravivienda y la explotación de personas.

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