Trece sentencias obligan a pagar 11,4 millones de euros a los promotores urbanísticos en Lorca

Las condenas judiciales en contra del Ayuntamiento de Lorca y a favor de los promotores de convenios urbanísticos fallidos es un no parar desde hace varios años. Las cifras suman y siguen. A los doce que ya habían reclamado las cantidades que en su día adelantaron, y que «se ingresaron en la caja del Consistorio y agotaron como gasto corriente», según el concejal de Economía y Hacienda, Juan Francisco Martínez Carrasco, se ha sumado esta semana una nueva, la número trece. El montante que habrá que devolver es de 1,1 millones de euros. En esa cantidad no solo se refleja lo que los promotores urbanísticos adelantaron al Consistorio a la firma del convenio, sino también los intereses y las costas. Pero esto no queda aquí, ya que se espera que en los próximos meses se sucedan nuevas peticiones de devolución. «No dudamos de que el resto de promotores vendrán a reclamarnos lo que entregaron», dice el edil.

La nueva sentencia condenatoria eleva el montante global a devolver hasta casi 11,4 millones de euros. De esa cantidad, el Consistorio ha satisfecho en torno a diez millones de euros. El resto ha sido aplazado hasta 2021, aunque en estos momentos se estudia ampliar los plazos para hacer frente al nuevo fallo, para el que no había prevista cantidad alguna en los Presupuestos municipales. «Tendremos que hacer un reajuste, aunque vamos a solicitar al juzgado un aplazamiento. Esto nos permitirá pagar esa cantidad en los próximos cinco años, a razón de unos 200.000 euros cada ejercicio», explicó Martínez Carrasco.

Los convenios urbanísticos se firmaron en octubre de 2005. Los promotores entregaron un primer plazo, como participación en las plusvalías, que sumaban 12,7 millones de euros. Contaban con una cláusula en la que se establecía que «será causa de resolución de pleno derecho del presente contrato, el transcurso de más de tres años desde la fecha de celebración del presente acuerdo sin que se hubiera aprobado definitivamente la modificación del Plan General Municipal de Ordenación prevista en la presente firma, previa denuncia formalizada por escrito por parte de los promotores, manifestando su intención de resolver el contrato».

Los convenios, en su conjunto, ocupaban una extensión de 4.794 hectáreas que se repartían por doce diputaciones, que tenían que ser reclasificadas para que los proyectos urbanísticos pudieran salir adelante. Esos planes, en plena burbuja inmobiliaria, iban a posibilitar la construcción de 86.302 viviendas. Entre los previstos había alguno que pretendía levantar en la pedanía de Zarcilla de Ramos 14.274 pisos. Y ello, en un momento en que en contaba con una población de 1.044 habitantes. Pero por si no fuera poco, otros dos proyectos sumaban en esa misma diputación 2.754 y 7.938 viviendas.

Ninguno de los convenios urbanísticos salió adelante. De hecho, no se ha construido ninguna de las viviendas previstas. Y para pagar la devolución de lo que aportaron los promotores, el Consistorio se ha visto obligado a pedir préstamos que inicialmente fueron denegados por la situación en que se encontraban las arcas municipales. «La tesorería municipal va tirando. Las subvenciones para acometer inversiones nos van dando cuello», concluyó el edil.